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El poderoso cuñado del colombiano ajusticiado en San Fernando hace una semana, Jorge Iván González Ramírez, dijo ayer ante el fiscal Luis Angelini que no es narco y que la pistola que se encontró en su yate se la olvidó un empresario argentino que se cruzó a la embarcación para comer un asado. La versión fue confirmada por el mencionado empresario a cuyo nombre está la Glock calibre .40, pese a lo cual todas las explicaciones parecen poco creíbles. Como ya anticipó Página/12 el miércoles pasado, González Ramírez, con el alias de Jota, fue sobreseído en una causa sobre lavado de 1029 millones de pesos colombianos, aunque la fuerza aérea del país cafetero afirma que hubo maniobras extrañas que lo favorecieron en aquel expediente. De todas maneras, en la fiscalía de San Fernando, la sospecha sobre las actividades ilícitas de González Ramírez son firmes. En primer lugar, por las mismas características del homicidio: diez balazos disparados desde al lado, incluyendo varios de remate.

La víctima de la ejecución de San Fernando fue Juan Sebastián Galvis Ramírez, con cuya hermana mantiene relación el indagado de ayer. El fiscal Angelini ordenó el traslado de González Ramírez desde el piso 37 del edificio de Puerto Madero hasta la fiscalía para interrogarlo sobre la Glock calibre 40. Angelini tendrá que decidir en los próximos días si lo procesa o no por tenencia de arma de guerra. Al fiscal no le cierra la idea de que un empresario náutico se cruza a un yate para comer un asado, se lleva una pistola de gran calibre y se la deja olvidada. Si se tiene en cuenta que la camioneta del colombiano estaba a nombre de un testaferro, el yate quedaría a nombre de un empresario argentino y el piso 37 es propiedad de una sociedad anónima, no resulta descabellado pensar que la Glock era efectivamente de González Ramírez, más allá de lo que se oficializó en el Renar.

Aunque el fiscal le dijo que la citación era por la Glock, González Ramírez, asistido por un defensor del estudio Cúneo Libarona, sostuvo que quería responder a lo publicado, en primer lugar, por este diario. El colombiano dijo que no es Jota, aunque reconoció que fue investigado por ser Jota. Que no es lavador de dinero de los paramilitares colombianos que hicieron –supuestamente– algún acuerdo con las FARC en materia de drogas. Sí admitió que fue investigado por ello, resultando sobreseído. Su dinero, afirmó, proviene de actividades empresariales, esencialmente de la construcción. El gobierno de Colombia sólo informó que no tiene antecedentes por ese sobreseimiento.

Más allá de lo dicho ante la Justicia, la versión de González Ramírez parece poco creíble. La ejecución de San Fernando no parece propia de una familia de hombres de negocios. Parece indudable que actuaron sicarios y lo hicieron de manera similar al doble asesinato de Unicenter. El hecho de que uno de los integrantes del grupo, Jesús Cubillos Burbano, registre una detención de tres años por narcotráfico, agrega otro condimento. Y, obviamente, se suma la clara intencionalidad de ocultar bienes: el auto, el yate, el departamento. Ayer también declaró ante el fiscal el ex presidente de San Lorenzo, Fernando Miele. Dijo que sólo mantuvo contacto con los colombianos para venderles el yate y que éstos le dijeron que era para un empresario turístico argentino. Otra explicación que no parece creíble.