Con más mesura de la que suele atribuírsele, el Ejecutivo blandió en la última semana un instrumento que tiene en carpeta, como la participación oficial en el comercio de granos, luego dejó avanzar la reacción que provocó y, finalmente, reservó la medida para mejor oportunidad aunque sin archivarla del todo. El proyecto de creación del ente o agencia reguladora del mercado granario, según refirió la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ante las entidades agropecuarias, es un tema en estudio que podría ser oportunamente elevado al Congreso como una medida excepcional frente a la crisis. Dentro de las filas del Gobierno se considera que el instrumento todavía merece ser pulido y requerirá algunas “vueltas de tuerca” adicionales antes de ver la luz. Los proyectos originales de los diputados Alberto Cantero (FpV) y Eduardo Macaluse (ex ARI disidente, hoy Solidaridad e Igualdad), del año 2007, se piensa, ya podrían resultar “insuficientes” frente a la profundidad de la crisis y los nuevos conflictos en el comercio exterior que aquélla plantea.

En los despachos oficiales no se habla de la “estatización total” del comercio exterior de granos, fantasma que agitaron varias organizaciones beneficiadas con la desregulación del sector a partir de la dictadura de Videla-Martínez de Hoz, luego completada por el menemismo hasta con la privatización de los puertos cerealeros. Pero sí se cuestiona que, instrumentos tales como la legislación de defensa del consumidor, lo atinente a la lealtad comercial o las reglas de defensa de la competencia, prácticamente resultan inefectivas por la desarticulación existente para su aplicación.

En este sentido, el conflicto con la cúpula terrateniente prendió varias señales de alarma a la vez. Si se llegó adonde se llegó por una puja de ingresos en una etapa de abundancia (ciclo 2007/2008), cabría tomar recaudo sobre qué sucedería en una etapa de carencias en la que los grandes productores, ligados al lobby exportador, disputen con el mercado interno el destino de productos que pueden resultar insuficientes para atender ambos frentes, el doméstico y el externo. La hipótesis se planteó en reuniones oficiales y no como una posibilidad extrema, sino como alternativa no descartable después de las experiencias recientes.

Por otra parte, el contexto internacional no ayuda a suponer escenarios racionales. Y un agregado que un especialista sopló al oído de funcionarios de primer nivel en los últimos días: con tanta liquidez en la plaza financiera por los megapaquetes lanzados desde las potencias mundiales, y precios de bienes reales de liquidación por caída del valor de la producción, ¿nadie está temiendo una avalancha de compras especulativas desde el exterior, de campos o lo que se les ofrezca en el camino? Si la actual composición de la cúpula terrateniente es poco amiga del diálogo democrático y la contemplación del interés social, asusta imaginarla además infiltrada por capitales extranjeros especulativos.

Bajo este hipotético escenario, en medio del ida y vuelta abierto en estos días en torno al proyecto, parte de los funcionarios técnicos se sentaron a pensar en un replanteo del proyecto para imprimirle mayor efectividad a la regulación que debería ejercer el gobierno en la cadena alimentaria. Hoy no sobran instrumentos, aunque haya leyes que lo contemplen. No será fácil resolver cuestiones tan de fondo en medio de los actuales tironeos coyunturales, pero la crisis apura.