En su primera reunión de acuerdo tras la polémica con el Gobierno, los ministros de la Corte Suprema respaldaron a su colega Carmen Argibay, que había confrontado con Cristina Kirchner por las demoras en los juicios a los represores y decidieron una serie de medidas para dar respuesta a los reclamos de los organismos de derechos humanos. Aunque no hubo más entredichos con la Casa Rosada, el malestar por las críticas de la Presidenta se hizo evidente en un gesto de los integrantes del máximo tribunal, quienes apenas terminada su deliberación llamaron al jefe de Gabinete, Sergio Massa, para invitarlo a un encuentro donde “resolver cuestiones presupuestarias”. También anticiparon que les pedirán a los jueces un cronograma sobre cuándo realizarán los procesos orales.

Massa confirmó que concurrirá a la Corte esta tarde –inicialmente iba a hacerlo ayer mismo, pero luego pasó la cita a hoy–; el funcionario definió la visita como “una de las reuniones habituales que mantengo para hablar sobre temas administrativos y por cuestiones de presupuesto” con el Poder Judicial. Escuchará allí un reclamo de que autorice el uso de las partidas destinadas a designar más personal en los juzgados. En la Corte se quejan de haber quedado en una trampa burocrática con el uso de los fondos: “Tenemos presupuesto, pero para ser utilizado se necesita de la autorización del jefe de Gabinete”, señalan. E ilustran que una de las consecuencias es que, aunque elevaron al Ejecutivo un listado de 900 contratos requeridos por los juzgados para acelerar las causas, los nombramientos están congelados porque la jefatura de Gabinete no autorizó aún el uso de las partidas.

Los ministros dedicaron prácticamente toda su reunión de ayer a discutir la situación creada por la lentitud en los procesos. Preocupados por el tono que tomó la controversia pública con el Gobierno, coincidieron en que no debían alimentar más la discusión a través de declaraciones individuales. “La Corte respalda lo que ha dicho Argibay desde la primera a la última palabra, lo que ella dijo es lo que habíamos hablado todos en el acuerdo anterior”, avalaron a su par. Elena Highton de Nolasco fue la única en decir unas palabras sobre el tema cuando los periodistas la abordaron en un acto por el Día de la Mujer en la residencia del embajador norteamericano. Dijo que había “unanimidad de criterio” y desmintió cualquier desacuerdo con Argibay. “No quiero agregar nada más a esta polémica que para mí está terminada”, subrayó la jueza.

Las habituales fuentes de la Corte definieron “la posición” del tribunal con una última réplica: “Con estos casos se debe hacer una política de Estado y no discutir como si fuera un problema electoral, echándole la culpa a uno u a otro”.

La idea que prevalece en la Corte es que para sacar adelante los juicios empantanados hay que “solucionar problemas prácticos”, problemas que varían según cada caso y que van de la falta de un juez a la de salas de audiencia adecuadas. Tomando una propuesta de los organismos, la semana pasada convocaron a la creación de una comisión que reunirá a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes tendrán como función remover esos obstáculos. La creación de esta mesa de trabajo debería concretarse en pocos días, una vez que el Ministerio de Justicia, el Congreso y el Consejo de la Magistratura nombren a sus delegados.

Con este fin, el máximo tribunal envió notas al ministro de Justicia, Aníbal Fernández; al presidente del Senado, Julio Cobos; al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; al procurador general, Esteban Righi, y al titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, para que designen al representante que integrará la Comisión interpoderes.

Los ministros decidieron, por otra parte, tomar medidas con los jueces que tienen expedientes de derechos humanos, a quienes les pedirán que presenten un informe “de los problemas concretos que tienen por los cuales están demoradas las causas”. Los tribunales orales deberán hacer un cronograma en que se comprometen a realizar las audiencias públicas y los jueces de instrucción que tengan causas sin procesados deberán informar de las medidas que van a tomar para que las investigaciones avancen. La Corte impulsará, a su vez, que la Cámara de Casación traslade a otros juzgados los juicios que están en espera por la saturación de ciertos tribunales, como sucede con el TOC 5 de la Capital Federal y en Rosario.

Los integrantes del máximo tribunal ven en cambio más difícil la posibilidad de unificar juicios. Según aclaró la fuente, para la unificación de causas debería intervenir el Poder Legislativo con una reforma, lo que llevaría de por sí su tiempo. Los ministros evalúan además que habilitaría a los defensores de los acusados a interponer recursos de inconstitucionalidad y esto podría demorar aún más los procesos.

La polémica entre la Corte y el Gobierno se desató a partir del reclamo de Cristina Kirchner de que se agilicen los juicios por delitos de lesa humanidad, ante lo cual los jueces argumentaron que la demora se produce por la falta de presupuesto, de infraestructura, de personal y de jueces. La Presidenta afirmó al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso que los legisladores ya habían sancionado leyes para facilitar los juicios y el Gobierno asignado recursos, por lo que consideró que es el turno “de que la Justicia de respuestas”. Argibay replicó sus dichos: “El Legislativo y Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos”.

Según los registros de los organismos de derechos humanos, los tribunales tienen en trámite más de 500 causas, con unos mil represores imputados. Hasta ahora sólo 40 procesados fueron llevados a juicio oral y 38 condenados. La mayoría de los represores tienen una edad avanzada, por lo que si no se toman medidas para agilizar los juicios muchas casos quedaran impunes. De hecho, 193 acusados ya murieron sin haber sido llevados a juicio.