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La Justicia condenó a tres años y seis meses de prisión a Carlos Bértola y a Diego Quintero, los jóvenes detenidos en abril del año pasado luego de que un artefacto explotara en el coche en el que viajaban. El Tribunal Oral Federal Nº 5 los consideró culpables de tenencia simple de explosivos, una calificación menor a la que habían recibido en primera instancia. Los jueces ordenaron también que se devuelva a los familiares de Bértola y Quintero las banderas de las Madres de Plaza Mayo, las revistas sindicales y las publicaciones de H.I.J.O.S. secuestradas en los allanamientos a sus domicilios, en señal de rechazo a que los símbolos de los organismos de derechos humanos y cualquier tipo de material político pueda ser considerado prueba de un delito.
La abogada Liliana Mazeo estimó que sus defendidos podrán salir de la cárcel en tres meses bajo un régimen de libertad condicional. “Nosotros habíamos pedido la absolución”, dijo a Página/12 Mazeo. “Es evidente que el tribunal dictó esta sentencia para justificar el año y medio que (Bértola y Quintero) llevan presos.”
El episodio por el que fueron juzgados ocurrió el 12 de abril de 2001, en el microcentro, cuando en el auto en el que viajaban estalló una bomba casera. El perito de la Federal, Horacio Lopardo, la consideró como de “mediano a bajo poder”. La policía trabajó con la hipótesis de que los jóvenes iban a colocarla en un cajero automático. Por el estallido, Quintero perdió un brazo. Fue detenido junto a Bértola cuando se habían alejado tres cuadras del lugar.
Durante la audiencia, los dos acusados hicieron uso del derecho a hablar antes de que el tribunal decida la pena. Quintero, de 23 años, dijo que si estaba en la sala de audiencias era “gracias a mi compañero Carlos, porque a él le debo la vida”. Aludió así a que tras la explosión, su amigo eligió quedarse con él pese a que la policía iba a detenerlos, acompañándolo incluso hasta el hospital. Bértola, de 28 años, es hijo de desaparecidos y fue miembro en sus inicios de la agrupación H.I.J.O.S., de la que se desvinculó seis años atrás.
La decisión del tribunal fue esperada por familiares y militantes que se movilizaron a la entrada de los tribunales federales, donde hubo incidentes y varios familiares, entre ellos la madre de Carlos Bértola, fueron golpeados por la infantería.
“Lo más importante para Diego y Carlos es haber puesto un freno a la persecución ideológica, porque al elevar la causa a juicio oral los habían acusado de tener una intencionalidad y pedido que se los condenara con penas de cinco a quince años”, dijo ayer Mónica Bértola. “Nosotros demostramos en cambio que ésta era una causa excarcelable desde el primer día, que los chicos tendrían que haber esperado el inicio del juicio en libertad.”
El viernes, al formular su acusación, el fiscal del tribunal oral Enrique Baya Simpson consideró que los cargos con que el caso había sido elevado a juicio habían sido excesivos, por lo que pidió al tribunal que sean condenados por “tenencia de explosivos simple” a tres años y seis meses de prisión.
Tras la lectura de la sentencia, Bértola y Quintero fueron trasladados a la cárcel de Ezeiza. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, calificó de “vergonzosa” la condena. “El pañuelo (blanco) es muy fuerte, se ve claramente que no se lo bancan”, consideró en la entrada de Comodoro Py.
La abogada Mazeo dijo que todavía no han decidido apelar el fallo. En cambio, es seguro que en las próximas semanas impulsen una denuncia contra el juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral “por abandono de persona, ya que a Diego Quintero, que necesitaba de atención especial por la amputación de su brazo, lo mandó al hospital del penal de Devoto, a curarse la herida con azúcar”. Los organismos de derechos humanos denunciaron durante varios meses la falta de atención médica adecuada, que agravó el estado de salud del detenido y lo sometió a dolores que los propios médicos calificaron de tortuosos.
Canicoba Corral también fue quien incorporó al expediente, como pruebas del caso, un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, afiches del Che Guevara, informes de H.I.J.O.S. y cuadernos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) secuestrados en el allanamiento a las casas de los dos detenidos. Los policías que seleccionaron ese material admitieron en el juicio oral haberlo secuestrado “por estar vinculado a la ideología” y “a los partidos de izquierda”.