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La fuerte repercusión social de los recientes secuestros extorsivos aceleró la presentación en el Congreso de cuatro proyectos del Poder Ejecutivo que “apuntan a impedir que esta ola delictiva que se ha puesto de moda se convierta en una pandemia”, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, quien pidió a los legisladores la pronta sanción de las iniciativas. Las medidas agravan las penas cuando las víctimas fueran mujeres embarazadas, menores de 18 años o personas mayores de 70. El mayor castigo comprenderá también a las privaciones ilegales de la libertad, lo que podría dar lugar a su aplicación en casos de robos “express” o toma de rehenes. Las medidas, diseñadas por la comisión asesora que encabeza el jurista León Arslanian, incluyen la creación de un programa nacional de protección de testigos o de “arrepentidos” que con su testimonio permitan liberar a las víctimas; la formación de un fondo permanente de recompensas para los que aporten datos válidos y el fortalecimiento del radio de intervención del juez y del fiscal en las causas (ver detalle aparte).
El ministro Alvarez se reunió ayer con los titulares de las Cámaras de Diputados, Eduardo Camaño, y de Senadores, Juan Carlos Maqueda, y también con legisladores del justicialismo y del radicalismo. Fuentes oficiales dijeron a Página/12 que “existe consenso entre las bancadas mayoritarias para la aprobación de los cuatro proyectos”, aunque es improbable que los mismos puedan ser tratados en el actual período de sesiones ordinarias, que finaliza a fin de mes. La opción es incluirlos en las sesiones extraordinarias, que comenzarán en diciembre y que se extenderían durante los primeros meses de 2003, según estimaron las fuentes.
Alvarez consideró que se trata de un “paquete de normas contundente” para tratar de frenar los secuestros extorsivos. Fuentes del Gobierno confirmaron que obtuvieron “una respuesta positiva” de los legisladores. Alvarez aseguró que es necesario contar con herramientas legales adecuadas a una realidad que indica que las bandas “cuentan con recursos y medios sofisticados, motivo por el cual hay que ser contundentes y duros para que éstos delitos no se conviertan en algo común, como ocurre en otros países”. El ministro habló en el Congreso, secundado por Camaño y Maqueda. Para ilustrar sobre la gravedad que alcanzan los secuestros extorsivos, Alvarez recordó que “el año pasado, en los principales países del mundo se han pagado cerca de 500 millones de dólares de rescate”. Por ese motivo es necesario “abortar rápidamente un delito que de lo contrario se puede convertir en una pandemia”. Alvarez comentó que existe en el Congreso “un compromiso de avanzar rápidamente en un problema que tiene honda repercusión pública”. Opinó que “con esta legislación y un mayor accionar por parte de las distintas policías, vamos a poder frenar y hacer decrecer un delito que nos tiene muy preocupados”.
Los cuatro proyectos fueron elaborados por la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas que preside León Arslanian. Tres de ellos introducen modificaciones al Código Penal y el cuarto al Código de Procedimientos. Uno de los puntos establece que juez y fiscal de la causa podrán actuar “en jurisdicción ajena” cuando estuviera “en peligro la vida de la víctima o la demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente la investigación”.