[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Durante la última dictadura, los directivos de Ford no se conformaron con entregar a sus delegados sindicales a los militares, sino que directamente avalaron el montaje de un centro clandestino dentro de la fábrica de la localidad de General Pacheco. “Llegó el 24 de marzo y la empresa se transformó en un ‘cuartel militar’: interviene el Ejército, se hace cargo de un sector de la fábrica e instalan un cuartel en la zona del quincho y el campo de deportes y desde ese mismo día empiezan a desaparecer los trabajadores.” Así describió la situación el fiscal Félix Crous, en una denuncia que presentó el viernes ante la Justicia Federal porteña en base al testimonio que Pedro Norberto Troiani –uno de los veinticinco obreros secuestrados– brindó en el Juicio por la Verdad de La Plata. Crous imputó a los militares y policías que participaron en la represión de los trabajadores de Ford y a los directivos de la empresa.
Troiani fue citado el 4 de setiembre pasado por la Cámara Federal de La Plata para que relatara lo que supiera –como ex delegado del gremio mecánico SMATA– sobre la desaparición de los obreros de la fábrica Mercedes Benz. Ante los jueces Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin y del fiscal Crous, Troiani contó también lo que ocurrió en la planta de General Pacheco de Ford, donde él trabajaba.
Según describió Crous en su denuncia, en base al testimonio de Troiani, “el mismo día del golpe de Estado se llevaron a tres o cuatro de los delegados, que fueron ‘levantados’ de la puerta de la fábrica. La modalidad era pedir documentos a la salida, así iban siendo ubicados y detenidos y cada dos o tres días seguían desapareciendo operarios. Los militares estaban las veinticuatro horas dentro de la fábrica, lo hacían a la vista de todos y se transportaban en camionetas que les proveía la empresa, que les facilitó todo el lugar para desenvolverse”.
El 13 de abril de 1976 Troiani, pintor y chapista, fichó su tarjeta de ingreso a la cinco y media de la mañana. Cuando se instaló en su puesto de trabajo, el capataz le dijo que no se moviera de su sector porque lo estaban vigilando. Aproximadamente a la diez entraron en la fábrica en camionetas unas diez personas uniformadas y fuertemente armadas. Lo detuvieron y lo llevaron al quincho de la empresa, en el campo de deportes, donde tenían instalado el “cuartel”. En ese lugar encontró a cinco compañeros. Todos fueron esposados, atados con alambres y a la noche fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría primera de Tigre. Allí había unos veinticinco delegados y activistas de Ford, de Terrabusi y de los astilleros Astarsa, entre otras empresas de la zona. Troiani estuvo secuestrado en ese lugar cincuenta días y luego, ya “blanqueado” pasó cinco meses en la cárcel de Villa Devoto y un año en la unidad nueve de La Plata.
En la causa están imputados quienes fueron presidente y miembros del directorio de la filial argentina de la empresa Ford en el momento de los hechos; el gerente de la planta, de apellido Lequer; el jefe de producción, de apellido Medina, un capataz llamado Miguel Miglacchio y los militares o policías jefes de área, subzona y zona correspondientes a la planta y a las comisarías primera de Tigre y de Ingeniero Maschwitz. Las identidades de los acusados deberán ser corroboradas por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien quedó a cargo de la denuncia.
La existencia de un centro clandestino dentro de la fábrica Ford fue revelado en 1998 en un informe elaborado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para presentar en el juicio contra los represores argentinos en España. Hasta ahora, no existía una causa penal por este tema en Argentina.
La denuncia sobre los secuestros de los trabajadores de Ford se suma a la que la semana pasada presentó un grupo de familiares de los catorce obreros desaparecidos en la empresa Mercedes Benz. Con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans y en base a una investigación de la periodistaGabriela Weber, los familiares de las víctimas plantearon que desde 1975 en Argentina “se recurrió a la violación de derechos humanos como forma de mejorar la rentabilidad de grupos económicos”. Por esos hechos fueron imputados el canciller Carlos Ruckauf –ministro de Trabajo en 1975– y el secretario general de SMATA, José Rodríguez.
En su escrito, Crous recordó, con citas del Nunca Más, el significativo “sesgo antiobrero de la dictadura, que se apresuró, el mismo día del golpe, a detener y en numerosos casos a asesinar a los delegados de los trabajadores verdaderamente representativos de los intereses de éstos, obrando así en convergencia con los intereses económicos de las empresas en las que las víctimas cumplían su mandato”.