La AMIA y la DAIA le pidieron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que avance sobre Carlos Telleldín, el hombre que entregó la camioneta bomba que voló la mutual judía y que, pese a haber quedado absuelto en un debate oral, deberá ser juzgado nuevamente por orden de la Corte Suprema. Sin embargo, aún no está claro si Canicoba Corral se hará cargo de analizar esta etapa de la investigación en la que se pretende reorientar los primeros 14 meses de investigación apenas ocurrido el atentado.

El miércoles, la Corte decidió volver sobre los pasos del primer detenido (Telleldín), al hacer lugar a una apelación de las querellas sobre el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 3 que había absuelto al ex reducidor de autos y hoy abogado, y también a un grupo de policías bonaerenses acusados de delitos graves no vinculados directamente con la masacre.

Ayer, los querellantes de la AMIA y la DAIA presentaron en los tribunales federales un escrito en donde no sólo se reclama profundizar la investigación contra Telleldín, sino que insiste en responsabilizarlo de las “mentiras” que rodearon a la camioneta a lo largo de los casi 15 años de investigación. También se quejaron de que, hasta ahora, la fiscalía sólo haya avanzado hacia la conexión internacional, pero no haya podido esclarecer en qué chasis se colocó la bomba.

Por lo pronto, fuentes judiciales indicaron que el expediente volverá a la Cámara de Casación Penal, que resolverá qué juez se hará cargo de reinvestigar la masacre y seguir las pistas sobre la camioneta de Telleldín. De hecho, Canicoba Corral explicó ayer que el futuro de la investigación está en manos de los jueces de ese tribunal.

Sin embargo, la Corte Suprema dispuso la formación de una secretaría judicial especial “para reforzar la investigación del atentado” a la AMIA que, según el Centro de Información Judicial, funcionará en el juzgado de Canicoba Corral. Este magistrado ya tenía afectado personal y funcionarios judiciales en un sector de la planta baja de Comodoro Py 2002, cuyos secretarios intervinieron en las últimas órdenes de captura libradas a pedido del fiscal Alberto Nisman.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, afirmó que el fallo busca que “la impunidad no quede como respuesta del Poder Judicial”, mientras su colega Carlos Fayt indicó que al destituido juez Juan José Galeano “la causa lo excedía y no supo sacársela de encima”.

Según dijo la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, sin el fallo de la Corte “era casi imposible continuar, porque nos habían vedado la posibilidad de comenzar, desde el arma homicida, para encontrar a los responsables” del atentado.

El ex presidente de la DAIA y abogado de esa institución Jorge Kirszenbaum afirmó que con el fallo de la Corte “todos los imputados pueden ser nuevamente investigados en caso de que se produzcan pruebas que no hubieran sido merituadas hasta ahora”. Asimismo, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, también ponderó la resolución de la Corte. “La reapertura de la investigación tiene una importancia superlativa, porque estaría diciendo la Corte que todo lo producido hasta el momento tiene valor y, si tiene valor, hay elementos para seguir trabajando sobre la conexión local o sobre temas específicos que se habrían perdido de la otra forma; eso no es poco”, dijo el funcionario.