María Julia Alsogaray deberá devolver 3 millones 179 mil pesos –unos 850 mil dólares– por haberse enriquecido ilícitamente durante su gestión como funcionaria pública, entre los años 1989 y 1999. La medida ordenada por el Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4) va en camino de ser la primera restitución formal al Estado de dinero apropiado en el ejercicio de la función pública, aunque Alsogaray tiene la instancia de apelar ante la Cámara de Casación y ya ha anticipado que protestará el fallo.

Los jueces fijaron la cifra en base a una pericia contable que realizaron expertos de la Corte Suprema. El monto finalmente establecido es casi el doble de lo que pretendía pagar María Julia (sus abogados hablaban de 1,7 millón), aunque menos que lo que solicitó la fiscalía. La Justicia deberá resolver en los próximos días “si va a intimar a Alsogaray a depositar el dinero o si ordena directamente que se decomisen sus bienes”, explicó Cecilia Vázquez, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que intervino en la causa judicial en calidad de amicus curiae, una figura que permite a quienes no son parte de un expediente desarrollar argumentos sobre el caso.

La ex funcionaria fue condenada por enriquecimiento ilícito en mayo de 2004, cuando el TOF 4 le fijó una pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de seis años. En ese juicio fueron embargados tres de sus departamentos; se trata de dos inmuebles ubicados sobre la calle Junín al 1400 y otro en Basavilbaso 1936, de la ciudad de Buenos Aires. Aunque ella tiene además propiedades en Estados Unidos, como los departamentos adquiridos en el condominio Essex House de Nueva York, éstos no están en el listado de bienes para el decomiso.

La condena quedó firme a fines del año pasado por un fallo de la Corte Suprema. En aquel momento, sin embargo, la ex secretaria de Medio Ambiente hizo una presentación in forma pauperis, es decir sin asistencia letrada por ser pobre, en la que dijo que no podía cumplir con la intimación a devolver el dinero por carecer de efectivo. “Tropiezo con muchas dificultades que son ajenas a mi voluntad y carezco de liquidez para abonar la cifra dineraria”, alegó en el escrito, en el que también sostuvo la imposibilidad de vender sus bienes para pagar. “Me encuentro completamente inhibida para disponer de alguna propiedad por los expedientes judiciales que tengo”, sostuvo.

Los 3 millones 179 mil pesos fueron fijados luego de que los peritos contadores actualizaran los montos de 500.000 dólares y 622.000 pesos que, según la sentencia del año 2004, la ex funcionaria debía devolver al Estado. Los jueces María Cristina Sanmartino, Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini señalaron en su fallo que el ajuste no implica un exceso en el importe final si se tiene en cuenta que a la fecha de comisión del delito “el enriquecimiento injustificado ascendía a la suma de 1.122.000 dólares”.

“La fiscalía, en un cálculo al que nosotros adherimos, había planteado que debía devolver cuatro millones y medio de pesos –uno más que lo que ayer estableció el tribunal– al considerar que la ex funcionaria no probó haber pagado, como alegó, un millón de pesos en impuestos que le fueron reconocidos y descontados del total”, apuntó Vázquez.

Además de esta condena, Alsogaray afronta más de veinte causas penales en la Justicia federal y tiene pendientes al menos seis juicios orales y públicos que todavía no tienen fijada una fecha de inicio.