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El gobierno argentino solicitó al Senado que acuerde nombrar –como fiscal federal de la provincia de Santiago del Estero– no a la jurista Indiana Garzón, que ganó sobradamente la oposición, sino a un hombre que fuera simultáneamente diputado y representante legal de empresas que desalojaban a los campesinos de sus tierras.

De este modo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comete un error político y una triple injusticia: al beneficiar a quien no se lo merece, al discriminar a quien mostró ser más idónea para el cargo y al perjudicar al pueblo de Santiago del Estero. Este hace décadas que sufre irregularidades políticas y jurídicas que hicieron necesarias dos intervenciones federales de esta provincia en 1994, tras el alzamiento popular del 16-20 de diciembre 1993, y en 2004, tras la presunta defraudación de la entonces gobernadora Nina Juárez. Nos proponemos argumentar sobre estos puntos.

a) El error político del Poder Ejecutivo argentino resulta evidente. El principal acierto de la anterior administración fue la promoción de la nulidad de las leyes de impunidad. Sin embargo, con la solicitud de acuerdo (expte. 72/09) para designar a Pedro Eugenio Simón como fiscal en el Juzgado Federal de la provincia de Santiago del Estero, el actual gobierno parece regresar al punto de partida.

Este segundo candidato de la terna que propone el jurado del concurso de oposición no garantiza un juicio riguroso e imparcial a los responsables de la pasada dictadura. En breve deberá sustanciarse en la provincia un juicio oral y público contra Videla, Menéndez, Bussi y Musa Azar, quienes en nombre de la doctrina de la seguridad nacional asolaron también las provincias del Noroeste argentino y en particular Santiago del Estero.

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), a través de una nota, en septiembre de 2007, ya le solicitaba al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo nacional que “preste especial atención” al resultado de este concurso. Y ello por la “gran relevancia institucional” de las causas pendientes: el juicio a los represores, junto a la investigación de funcionarios provinciales que habrían defraudado a la Anses, causas contra las empresas de Néstor Ick –el holding económico más poderoso de la provincia–, en causas por espionaje interno que había realizado la entonces Secretaría de Informaciones, entre otras.

El Gobierno tiene oportunidad de demostrar si continúa siendo prioritaria la defensa y promoción de los derechos humanos o si éstos han sido desplazados por intereses económicos espurios.

b) Pedro Eugenio Simón, antes de la segunda intervención de la provincia, en 2004, representó como abogado a importantes empresas promotoras de la expansión de la frontera agrícola a costa de desalojos forzosos de los campesinos. Entre sus clientes se destacan algunos empresarios y políticos del menemismo, quienes le abrieron el camino a la política. Sintomáticamente, después de la intervención, Simón llegó a actuar como vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial. Como tal, logró restaurar el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal de la provincia –parcialmente derogado por la intervención–, para que a instancias de las empresas agrícolas los jueces pudieran desalojar inaudita parte a los campesinos que desde hace décadas viven en una tierra que cultivan de un modo sostenible.

El principal argumento de Simón en su defensa de la presunta titularidad de los empresarios es que “el derecho a la propiedad posee raigambre constitucional”. Desde luego no hizo referencia alguna a los derechos de los campesinos, que son los auténticos propietarios –animus domini– pese a que, por falta de información o de recursos, no dispongan de los títulos que los acrediten como tales.

Es tan débil la teoría aducida por Simón, que debe apelar a la fuerza –incluso de cuerpos de seguridad de elite– para realizar prácticas que lo descalifican moralmente. Así, en dudosa compatibilidad de funciones, durante su mandato como parlamentario intimidó a los campesinos presentándose a la vez como representante de empresas agrícolas, tal como se documenta en el video transmitido el 29 de agosto de 2006 por Canal 9 en el programa conducido por el periodista Daniel Tognetti y que puede consultarse actualmente en http://www.adinsantia go.com.ar/0230509B.htm.

c) Indiana Cecilia Garzón es quien ganó la oposición, obteniendo tanto en la parte teórica como en la práctica una puntuación que supera a la de sus dos oponentes juntos: Simón y Piedad Senés, casi duplicando la puntuación del primero y casi triplicando la de la última. A su más que demostrada capacidad intelectual cabe sumarle una impecable trayectoria profesional, por la que fue convocada por el interventor Pablo Lanusse para integrar el Superior Tribunal de Justicia, lo que conforme al decreto 34/04 sólo puede proponerse a ciudadanos/as con “incuestionables calidades éticas”.

Garzón llegó a actuar como fiscal federal subrogante ante el mismo juzgado federal (el mismo cargo para el que concursó) y como tal hizo avanzar las causas sobre desapariciones forzadas, y no dudó en solicitar la detención de Musa Azar y del matrimonio Juárez.

A estas alturas, cabe preguntar: ¿qué teme el gobierno argentino de alguien tan idóneo intelectual y moralmente? Dicho de otro modo, ¿qué pretende ocultar? ¿Qué acuerdos no centrados en los derechos humanos le llevan a discriminar a Indiana Garzón? ¿Considera el Gobierno que de este modo puede prosperar el país, postergando a una brillante jurista progresista para promover a un político mediocre y continuista?

Así lo han señalado en septiembre de 2007, y lo reiteran ahora ante el Senado, el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), Incupo (Instituto de Cultura Popular), BePe (Bienaventurados los Pobres), Asociación Civil El Ceibal y otras organizaciones nucleadas en torno de la Mesa de la Tierra, a través de su documento de Política Agraria que hicieron público tras la Marcha Campesina de septiembre de 2004. La propuesta de Simón supone “la destrucción de ranchos, cercos, represas, horcones, pozos, corrales y aguadas” para que “inmensas superficies se reinserten al proceso productivo”. Con ello hace evidente su opción por los latifundios, aunque oculta que desde hace décadas los campesinos trabajan sus parcelas de un modo respetuoso con el ecosistema, décadas después de que empresas multinacionales hubieran desertizado lo que era un monte de quebracho.

Si tales son las advertencias del pueblo y el campesinado santiagueño, oigamos lo que dice el CELS cuando, respecto de este concurso para fiscal federal, le dice al Gobierno: “Para apartarse de estos resultados (en los que Indiana Garzón obtiene 92/100, Pedro Simón 50/100 y Piedad Senés 35/100) debería haber razones muy fuertes que deberían hacerse públicas, sobre todo luego de que el jurado justificó de modo sobrado los fundamentos de las calificaciones”.

* Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, España.