Desde París

Nunca nada ha tenido un nombre tan predestinado: la explosión social. Una vez que la tendencia de secuestrar a los dirigentes de empresas para que paguen indemnizaciones dignas pasó, una nueva tendencia de protesta social reemplazó a la anterior: la amenaza de explosiones, no ya “sociales”, sino bien reales: amenazar con hacer explotar la fábrica, la oficina o una dependencia de la empresa que aplica sin miramientos un mal llamado plan social si ésta no paga las recompensas salariales correspondientes.

El juego de la bombona de gas sobre el techo de una empresa en plena limpieza de personal empezó a principios de la semana en la planta del fabricante de elementos para autos New Fabris. Al día siguiente, los empleados de Nortel France adoptaron el mismo principio y, el miércoles, los empleados de la empresa JLG siguieron los pasos: si las 53 personas que van a ser despedidas dentro de un plan social presentado en abril pasado no reciben 30 mil euros de indemnización, la fábrica volará por los aires. Hasta ahora, la amenaza nunca fue llevada hasta sus últimas consecuencias. De hecho, el método tiene todos los ingredientes de una pensada estrategia para hacer presión sobre el patronato, a través de acciones espectaculares que atraen a los medios de comunicación. Ello no quita una realidad: sea a través de secuestros de dirigentes o de amenazas de explosión, la lucha social pasa por la puesta en escena de la desesperanza, por la amplificación exponencial del drama. Los actos desesperados responden a una injusticia inicial que desemboca en la desesperanza. Francia empezó el verano bajo el sol destructor del desempleo. Según las cifras publicadas hace una semana por el servicio de estadísticas del Ministerio del Trabajo, en el primer trimestre el desempleo incorporó a 250 mil personas más y el ministerio habla sin rodeos de “destrucción masiva de puestos de trabajo”. En Francia metropolitana, 2,5 millones de personas están sin trabajo, lo que equivale al 8,7% de la población activa contra 7,6% en el curso del cuatro trimestre de 2008.

Las víctimas de los numerosos planes sociales que acarreó la crisis financiera mundial han encontrado en esos métodos y en los medios un aliado que sirve de corrector de injusticias a menudo impensable en países tan regulados y pactados como Francia. El plan social new age consiste en pagar copiosas indemnizaciones a los ejecutivos y dirigentes y dejar al personal de base en la calle y con dos centavos en el bolsillo. Entre febrero y mayo de este año las víctimas de esa discriminación optaron por secuestrar a los dirigentes de las empresas concernidas y negociar así una retribución más justa. Las de ahora dieron un paso más y, a modo de bandera e instrumento de negociación, instalan garrafas de gas y elementos inflamables en los locales de las empresas. Antoine Blanchet, un ejecutivo que trabaja desde hace nueve años en New Fabris, contó al diario Libération que nunca se tuvo la intención de volar la planta: “No se trató nunca de hacerlas explotar (las garrafas de gas). Sólo se quería darle a la prensa una razón para que venga. Estamos en huelga desde el pasado 6 de julio y, hasta el momento, nadie habló de nosotros”. El ardid consiguió su propósito. Los empleados obtuvieron una cita con los administradores, una entrevista con la ministra de la investigación y, encima, hasta consiguieron que el ministro de Industria se desplazara hasta el lugar.

El mismo diario Libération cuenta una anécdota interna que ilustra la manera en que empleados y sindicatos integran a los medios en sus luchas sociales. El rotativo francés recibió un correo electrónico de un empleado de Nortel, otra de las empresas con garrafas de gas, en el que éste le decía lo siguiente: “Necesitamos a los medios para regular nuestra situación ante un público amplio. Me gustaría mucho que nos encontráramos para que los ponga en contacto con nuestro grupo de trabajo sobre medios”. “Grupo de trabajo”, “regulación”, “grupo de trabajo sobre medios” son términos que poco corresponden a la acción sindical o social. La explosión es entonces un eslabón más de esa estrategia de comunicación de un conflicto. Su aplicación, desde luego, no le resta ninguna legitimidad a lo que está en juego, a los reclamos de los empleados atrapados en la tormenta de los despidos y la humillación de indemnizaciones sin relación alguna con los derechos adquiridos.

Ayer, el secretario de Estado para el Empleo, Laurent Wauquiez, dijo en la televisión que “un chantaje con garrafas de gas no es lo que permite cobrar una prima” y que esas amenazas no eran un “elemento de un diálogo social aceptable”. Respuesta sin concesiones de parte de los sindicatos de la planta de New Fabris: si no se pagan los 30 mil euros correspondientes a la indemnización de los 366 empleados despedidos la acción, “irá hasta el final”. El personal de Nortel France decidió, en cambio, retirar las garrafas de gas del techo de la planta luego de que el ministro de Industria, Christian Estrosi, aceptara recibir a representantes del personal. En una entrevista acordada al diario Le Monde, Christian Berenbach, representante del sindicato CFTC, explicó que la amenaza de hacer volar la planta era “un verdadero símbolo de desamparo”. La radicalización de la protesta no sólo se focaliza en la geometría privilegiada con que se establecen las indemnizaciones, sino también en la razón misma del plan de despidos. Las empresas cierran no por falta de beneficios, sino porque éstos no son suficientes. Los empleados ponen en tela de juicio ese principio y demuestran que la actividad de la empresa, en términos razonables, es fructífera. Pero la sed del capital desconoce los márgenes modestos y empuja a las víctimas de esos planes sociales a los márgenes de un combate cada vez más violento, cada vez más desequilibrado, cada vez más cerca del abismo. Un empleado en huelga de la empresa New Fabris (366 despidos) decía ayer: “No queremos morir en silencio”.