Hace dos años, el Ministerio de Defensa junto con la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos realizó un minucioso trabajo para que el arzobispado castrense retire a los curas que habían actuado durante la última dictadura. A pesar de la orden de la ministra Nilda Garré, Página/12 pudo saber que el presbítero Alberto Angel Zanchetta, uno de los confesores de los marinos que participaban en los vuelos de la muerte, sigue en situación de “disponibilidad”, es decir sin destino preciso pero cobrando unos cinco mil pesos como capitán de fragata en actividad de la Armada. Eso sí, en octubre del año pasado se lo vio muy activo: ofició, entre otros, junto al cardenal Jorge Bergoglio la ceremonia de ordenación como obispo de Enrique Eguía Seguí. Zanchetta es uno de los cinco curas con grado militar que subsisten en la Marina, el resto de los sacerdotes ya no son integrados al escalafón militar y pueden ser trasladados a diócesis civiles.

La Marina sacó a Zanchetta de sus actividades habituales como sacerdote de la fuerza pero no lo pasó a retiro. Algunos dicen que la decisión obedece a la necesidad de evitar que se sienta “abandonado” teniendo en cuenta sus servicios a las almas castrenses; otros, en cambio, encuentran motivos más terrenales: mantenerlo en estado activo para que pueda retirarse a la edad correspondiente y recibir la totalidad de sus haberes. En 2001, Zanchetta le inició juicio al Estado por la vigencia de suplementos salariales no remunerativos ni bonificables en su haber como oficial militar. Al margen de sus reclamos monetarios, el arzobispado de Buenos Aires al mando de Bergoglio lo acogió en la diócesis.

En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner desconoció a Antonio Baseotto como arzobispo castrense y le suprimió la asignación mensual de cinco mil pesos. El conflicto estalló cuando el obispo sugirió tirar al mar al entonces ministro de Salud Ginés González García por haberse pronunciado a favor de la despenalización del aborto. El Vaticano resistió el desplazamiento de Baseotto y lo mantuvo hasta su jubilación, a pesar de que el Gobierno dejó de reconocerlo como máxima autoridad espiritual de las Fuerzas Armadas. Las relaciones se encaminaron pero esa diócesis, la única con sedes en todo el territorio nacional, sigue acéfala aunque el presbítero Pedro Candia esté de hecho a cargo. Fue justamente Candia, un ex oficial del Ejército que pidió el retiro tras el levantamiento carapintada y se consagró al sacerdocio, quien se avino a los deseos del Ejecutivo para pasar a retiro a los capellanes más comprometidos con la defensa del terrorismo de Estado. Eso sí, con discreción para no alterar a los pastores. Los protectores terrenales de Zanchetta, uno de los curas que confortaban a los marinos torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), le garantizaron hasta ahora mantenerse oculto para seguir en operaciones.

Zancadillas

Zanchetta figura en las planillas de Personal de la Armada como capitán de fragata –el máximo grado al que puede acceder como cura– y con destino en la Dirección General de Personal Naval. Página/12 accedió al “Listado de Precedencia” de mayo de 2009 donde aparece Zanchetta con la sigla “7K1”, que significa en disponibilidad. Ese estado de revista lo comparte sólo con otro alto oficial, el contraalmirante Luis De Vincenti, procesado en la causa por espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew, Chubut. Hasta hace pocos meses el capitán Sergio Vargas, separado de su puesto luego de que este diario difundiera su trabajo, a principios del año pasado, como abogado en el denominado Grupo de Contención de la Marina formado para asesorar a sus camaradas investigados por delitos de lesa humanidad, recuperó la condición de “activo” y lo reubicaron en la Dirección de Personal Naval, aunque sin función específica.

Zanchetta, que oficiaría de confesor de uno de los altos mandos de la Armada que comanda el almirante Jorge Godoy, es quizás el personaje más paradigmático de ese sólido vínculo entre religión y milicia que signó gran parte de la historia argentina. Él mismo admitió haber cumplido funciones en la ESMA entre 1975 y 1977. Incluso, fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en el ‘77 se encargaban de asistir espiritualmente a los oficiales integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de la ESMA. La eficiencia en esa labor lo tuvo siempre en el corazón del arma que comandaba con mano de hierro Eduardo Emilio Massera. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.

El papel del capellán formó parte de la queja de un grupo de querellantes de la causa ESMA, encabezados por el abogado Rodolfo Yanzón, que pidieron la recusación de varios miembros de la Cámara de Casación, presidida en ese momento por Alfredo Bisordi, por la dilación en la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos. En la presentación, se recordó que Casación tenía un convenio con la Armada para que los empleados del fuero federal pudieran utilizar los servicios del comedor y gimnasio del edificio Libertad. El fiscal Carlos Rívolo usufructuaba esas instalaciones hasta que en noviembre de 2002 no lo dejaron entrar al lugar. Le dijeron que había un problema con su tarjeta magnética, pero a nadie le pasó inadvertido que pocos días antes había impulsado la acción penal por delitos cometidos dentro de la ESMA y había solicitado la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida. La misma Cámara, presidida por Bisordi, había organizado una misa en la catedral Stella Maris para escuchar las homilías de Baseotto y Zanchetta. Bisordi renunció el año pasado jaqueado por un juicio político y se dejó llevar por su verdadera vocación: se transformó en defensor de represores. Conocedora de los subterfugios para evitar exposiciones públicas que hicieran insostenible la continuidad de sus pastores, la Iglesia decidió sacar a Zanchetta de la estructura jerárquica del obispado castrense. En diciembre del 2004, Baseotto lo envió a asistir espiritualmente a las fuerzas especiales de paz que mandó la Argentina a Haití. Después de tan loables servicios en el 2007 pareció haberle llegado el turno de pasar a retiro. Sin embargo el cura sigue gozando del limbo de la disponibilidad, frecuenta a sus fieles en la base de Puerto Belgrano y confiesa a almirantes.

Los otros cuatro curas con grado militar en la Marina son los capitanes de fragata Eduardo Máximo Fischer y Alberto Carlos Pita y los tenientes de navío Ricardo Jorge Rotela y Gastón Luis Martini. Otra de las consecuencias del “caso Baseotto” fue la decisión de Defensa de cerrar en la convocatoria anual del escalafón profesional de las Fuerzas Armadas el llamado de sacerdotes. Desde hace un par de años los curas que asisten a los militares ya no son asimilados a la graduación militar, reportan a sus diócesis y pueden ser trasladados, por lo tanto, a parroquias civiles. Sin embargo, la institución del arzobispado castrense, un anacronismo al que se aferra el Vaticano, sigue en pie.