Luis D’Elía fue citado a indagatoria por la toma de la comisaría de La Boca, ocurrida hace cinco años, en la que reclamaba junto con militantes sociales y vecinos la detención del sospechoso del asesinato de Martín “Oso” Cisneros, del comedor Los Pibes. El dirigente social tendrá que presentarse el 7 de septiembre ante el juez federal Sergio Torres, que también llamó a declarar a los fiscales José María Campagnoli y Norberto Quantín, por entonces funcionarios del Ministerio de Justicia, cuestionados por forzar el desplazamiento a la jueza que intervenía en el caso y evitar el desalojo por la fuerza de la seccional.

D’Elía está acusado de coacción agravada, daños y lesiones junto con Angel Borello, del comedor Los Pibes, y Luis Bordón, padre del joven asesinado Sebastián Bordón, que también serán indagados. Según la citación de Torres, “habrían comandado a un grupo de personas pertenecientes a movimientos sociales hacia el local de la comisaría 24ª, desalojaron violentamente a los efectivos policiales, realizaron actos violentos y daños en el interior, impidieron el egreso de civiles, exigieron a las autoridades la detención de una persona sospechada de homicidio y permanecieron hasta las 8.20 horas luego de haber tomado conocimiento de que un juez había ordenado la detención del presunto autor”.

La ocupación de la comisaría transcurrió en la noche del 25 de junio de 2004. Los manifestantes, gente del barrio y militantes de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), pedían la detención de Juan Carlos Duarte, que a la larga terminó condenado a 14 años de prisión por el crimen. En aquella época, el fiscal Quantín (que se jubiló) era secretario de Seguridad y Campagnoli, subsecretario. Serán indagados el 8 y el 9 de septiembre. Se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público por violación a las normas que fijan las competencias de jueces: según la investigación, habrían forzado la intervención del juez Norberto Oyarbide sin decirle que ya estaba actuando la jueza de instrucción María Angélica Crotto, que había dispuesto el desalojo de la seccional.

El único que fue indagado en la causa hasta ahora fue el ex titular de la comisaría 24ª, el comisario Cayetano Greco, que recibió falta de mérito. El policía era señalado por los vecinos como presunto encubridor del crimen de Cisneros. Al dar su versión, Greco dijo que cuando estaba a punto de iniciar el operativo para desalojar la seccional, Campagnoli y Quantín dijeron que había que negociar con los manifestantes. Sostuvo que Campagnoli estaba al tanto de la orden de la jueza Crotto. Los ex funcionarios alegaron que, gracias a la negociación, el episodio terminó sin muertos ni heridos.

Antes de llegar al juez Torres en julio de 2006, este expediente pasó por otros siete magistrados. Uno de ellos, el ex juez Jorge Urso, llegó a pedir la detención de D’Elía y, para eso, su desafuero, ya que tenía inmunidad de arresto como legislador provincial. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó darle la eximición de prisión. Ahora, según fuentes judiciales, es improbable que el piquetero vaya preso. Su indagatoria había sido pedida por el fiscal Luis Comparatore en noviembre de 2006, cuando D’Elía fue desplazado del Gobierno, de su cargo de subsecretario de Hábitat Social, tras aparecer dando apoyo a la Embajada de Irán frente al pedido de captura contra funcionarios de ese país por el ataque a la AMIA. El fiscal volvió a la carga este año y requirió un listado de bienes de D’Elía con miras a un posible embargo.

“Es una clara señal política de algunos factores de poder”, le dijo D’Elía a Página/12 sobre su citación judicial. Y quiso que completara la idea su abogado, Adrián Albor: “La orden de indagatoria es prematura, ya que quedaron sin producir muchas pruebas que pedimos. Entendemos que hay cuestiones políticas. Parece que, como decían los medios, después de la derrota electoral del kirchnerismo se reactivan las causas”, sostuvo el abogado. “La gente del comedor Los Pibes –añadió– hacía una labor muy importante que tocaba intereses de policías corruptos y sabían lo que iba a pasar. Por eso habían pedido protección al ex ministro (de Justicia Gustavo) Beliz antes del asesinato y hay un expediente abierto en Asuntos Internos de la policía”. En el juzgado sostienen que “toda la prueba pertinente ya está recolectada”.