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El senador Eduardo Duhalde reunió a dos de cada tres delegados de su partido en un Congreso que enmendó todas las decisiones adoptadas por Carlos Menem como presidente del PJ. El mismo día y sin que tuviera la menor trascendencia pública la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia puso en manos del menemismo a través de uno de sus principales testaferros, una suma nominal de 30 millones de dólares, a la cual habrá que sumar años de intereses acumulados. El ex socio de Menem en el estudio familiar, Julio Nazareno; su amigo personal, Adolfo Vázquez; el cuñado de su ex jefe del servicio de espionaje, Eduardo Moliné; el protegido de su ex ministro Carlos Corach, Guillermo López; y el internacionalista del Opus Dei, Antonio Boggiano, ordenaron que el Estado Nacional pagara la suma que el Grupo Meller le reclamaba por la publicidad en las guías telefónicas de dos años previos a la privatización, a los que había renunciado en forma explícita. La liquidadora de ENTel, María Julia Alsogaray había accedido a la pretensión de los Meller, pero la Sindicatura General y la Procuración del Tesoro de la Nación habían afirmado que no correspondía. Esos fondos frescos para la campaña fueron provistos por los amigos de la Corte en el momento más oportuno. En cuanto a recursos, Menem es así un precandidato insuperable y sólo tiene que preocuparse por el 70 por ciento de los consultados que en cualquier encuesta dicen que nunca lo votarían.

La alfombra mágica

Fundado en 1923 por Moises Meller, el Grupo fue continuado por sus dos hijos, Jaime y Máximo, y sus nueve nietos. Su primera actividad fue el comercio de estopa, pero luego se expandió hacia la producción textil de fieltros y mantas en su planta de Valentín Alsina. Los negocios también incluyeron otros rubros, a medida que los contactos políticos lo hacían posible. El Grupo creció durante los años de la dictadura, con negocios de ferrocarriles, impedimenta militar y chatarra. Una de sus empresas, Tapizmel, alfombró sin cargo miles de metros cuadrados de pisos de amantes de generales, como gentileza que luego sería retribuida mediante contrataciones con el Estado. Los negocios se cerraban en la confitería The Horse, cerca del Campo de Polo y la Escuela de Inteligencia del Ejército. Luego de un parcial eclipse durante el gobierno radical, los Meller reaparecieron triunfales con el menemismo, donde sus introductores y asociados fueron Eduardo Bauzá, Humberto Toledo y José Luis Manzano. Las agendas personales de Manzano durante su paso por el ministerio del Interior, que un ex secretario entregó a una comisión investigadora del Congreso y cuyo material está siendo objeto de minucioso estudio, muestra a Sergio Meller como uno de los contactos más asiduos del ambicioso ex jetón de Guardia de Hierro. Su tránsito a hombre de paja de fortunas malhabidas y gestor político en las sombras sigue provocando asombro. Manzano es, entre otras cosas, el promotor de la flamante candidatura presidencial del oscuro senador Ramón Puerta, un poderoso empresario yerbatero. Su ilusión es conseguir el apoyo del Senador Duhalde, quien hasta ahora no ha encontrado un candidato con el cual enfrentar a Menem y que todavía no se decide a borrar con el codo sus promesas de que con la presidencia interina que desempeña terminará su carrera en cargos electivos. Un íntimo de Manzano, Juan Carlos Mazzón piensa las jugadas políticas que el secretario general de la presidencia, José Pampuro, le ofrece a Duhalde.

Modales

Hijo de Jaime Meller, Sergio llegaría a convertirse en el profesor de modales de Manzano. Los viejos oligarcas colombianos vendían a los narcos en ascenso sus suntuosas residencias con todo lo que tuvieran adentro en el momento de la operación, ropa y vajilla incluidos, y luego los asesoraban acerca del comportamiento social adecuado. Del mismo modo, Sergio Meller guió el tránsito del modesto médico de provincia, conocido por el apodo familiar de Cototo, hacia el barniz de sofisticación prêt-à-porter de las fortunas instantáneas, que no pueden equivocarse al elegir la ropa de esquiar. Sergio era el modelo de play boy que Manzano quería copiar. Cuando las ramas familiares se separaron, el 20 de diciembre de 1989, Máximo Meller y sus hijos Eduardo y Marcelo, se quedaron con La Emilia San Luis y Sergio Meller se puso al frente del resto. La familia atribuye la separación a que eran demasiados socios en una sola empresa. Lo cierto es que el divorcio ocurrió justo cuando comenzaba el desguace del Estado y las dos ramas disentían respecto de las oportunidades que se les abrían. “Nosotros sólo nos dedicamos al negocio textil. No tenemos nada que ver ni con las privatizaciones, ni con Manzano. Es más, yo nunca en mi vida lo vi a Manzano y tampoco a Santiago Soldati. Nosotros no hacemos lobby”, dijeron Eduardo y Marcelo Meller en una entrevista con este diario. Ellos no, pero Sergio sí, en favor de sus primos.

Un amigo

Con tales recursos, La Emilia ganó la licitación para proveer decenas de miles de camisas a la Policía Federal. El precio por cada camisa que se comprometieron a pagar los azules era más alto que si las hubiera comprado cada agente al por menor en Giesso o James Smart. La escandalosa contratación fue denunciada por este diario a fines de 1992. Cuando Gustavo Beliz, sucedió a Manzano en el ministerio del Interior, la Policía la anuló y convocó a una nueva licitación. El entonces director de finanzas de la Federal recuerda que otra vez La Emilia había ganado una licitación para proveer uniformes y el primo Sergio solicitó el pago por adelantado, invocando una promesa de Manzano. En medio de la conversación sonó el celular de Meller, quien atendió y le pasó el pesado aparato a su interlocutor.
–Trátelo como un amigo a Sergio, comisario –dijo Aldo Montesano Rebón, un colaborador de Manzano en Interior que ya había ascendido a Procurador General de la Nación.
El comisario mayor Pablo Baltasar García no cedió a la presión:
–Ganaste la licitación, cumplila –le dijo. García manejaba un auto de diez años de antigüedad y vivía en un departamento de tres ambientes. Meller no tenía cómo seducirlo.
–Es mejor que no te muestres tanto en la revista Gente porque es una invitación a un nuevo secuestro –le dijo. El jefe y subjefe de entonces, Jorge Luis Pássero y Juan Beltrán Varela recibieron los llamados de Manzano y Montesano Rebón. Según Meller, García lo había amenazado con secuestrarlo. El sumario abierto por la Policía terminó con la licitación anulada. En otra, siempre recomendado por Manzano, Meller ofreció chalecos antibala, que no constituyen una especialidad textil. Manzano salió del gobierno y García fue designado jefe de policía.

Agua que has de beber

Cuando Eduardo y Marcelo Meller nombran a Santiago Soldati no es por casualidad. Una de las mayores sorpresas de todo el proceso de privatizaciones del menemismo fue la asociación del Grupo Meller con la Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, y con capitales franceses en las licitaciones de los servicios de gas y agua, con una parte sustancial del paquete accionario. Esa era la parte del menemismo, negociada con los Soldati por Eduardo Bauzá. En sus comunicaciones oficiales el Grupo describe así su estrategia: “Participar en aquellos negocios con mercado cautivo”. Siempre con Soldati, formó parte de AguasArgentinas, Transcogas Inversora, Discogas Inversora, Aguas del Illimani de Bolivia, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas. Su presencia en los consorcios era la garantía para los socios mayoritarios, de que el gobierno ablandaría todas las regulaciones necesarias para hacer el negocio más atractivo que en los pliegos licitatorios. Una vez obtenidos los cambios, comprarían la parte del socio oculto, que recibiría lo suyo.
En 1993, la licitación de Obras Sanitarias estableció que quien cotizara la menor tarifa para los usuarios recibiría gratis todos los bienes de la empresa del Estado y su enorme mercado cautivo. Las tarifas ofrecidas en la licitación no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción, durante las revisiones quinquenales ordinarias, de modo que las ganancias del adjudicatario debían provenir de un incremento en la eficiencia que redujera sus costos. Desde el Poder Ejecutivo la supervisión de esa concesión estaba a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, donde Menem designó a una de sus primeras espadas, la ingeniera María Alsogaray de Erize. Consecuencia: las obras principales que justificaron la concesión no se realizaron, los servicios no se extendieron a la población prevista, las tarifas que debían permanecer inalteradas por una década aumentaron un 50 por ciento. En 1997, Alsogaray removió los últimos obstáculos para nuevos aumentos de tarifas que, además, fueron dolarizadas. Era la condición de los verdaderos dueños. En 1998, el Grupo Meller vendió su parte. Menem y los suyos habían cumplido el compromiso de destrozar el contrato inicial de Aguas Argentinas, los franceses y Soldati les permitieron volver líquidas sus tenencias accionarias.

Las guías

Antes del agua, la ingeniera Alsogaray se había encargado de la liquidación de ENTel. En ese proceso contrató con otra empresa del Grupo Meller, Páginas Doradas, la edición de las guías telefónicas. La antigua Sindicatura General de Empresas Públicas observó el contrato, pero luego revisó su dictamen y favoreció la impresión de las guías por Páginas Doradas. Gustavo Meller, hermano de Sergio, visitó al síndico de entonces, Mario Truffat.
–¿Cuánto te debo? –le preguntó.
–Nada, lo hice para que la gente no se quede sin guías –respondió Truffat.
–No te puedo creer. El Gordo me sacó 250.000 dólares –le dijo Meller.
El ministro de Obras Públicas Roberto Dromi sólo había rubricado el dictamen de Truffat, a quien Sergio Meller le alfombró el departamento.

Todo un estilo

Ese contrato es el origen del juicio que la Corte Suprema falló hace doce días. El brevísimo fallo del cardumen menemista se limita a rechazar el recurso de queja presentado por la ENTel residual contra la decisión del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que ya había ordenado el pago. El voto común de Nazareno, Vázquez, López, Moliné y Boggiano no permite sospechar de qué se trata ni cuál es la magnitud económica en juego. En un voto propio, Nazareno y Boggiano dan los primeros indicios. En noviembre de 1996, Meller había reclamado el pago de 28,9 millones de pesos, que Alsogaray consintió sin discutir, como es usual entre esa clase de compañeros. Pero en febrero de 1998, la Procuración del Tesoro opinó que se trataba de un acto irregular que debía ser revocado, ya que Meller sólo podía aspirar al pago de la publicidad en la guía de 1990. En forma expresa había renunciado a cualquier reclamo por los años 1988 y 1989. Para destrabar el pago, Alsogaray dispuso solicitar un dictamen a otro destacado miembro de la hermandad, el ex ministro del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema, Rodolfo Barra. Por supuesto, Barra se pronunció en favor de Meller que, a su vez, recurrió al Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Meller acompañó un dictamen de otro prohombre del menemismo y no por casualidad su socio como presidente de Aguas Argentinas, Juan Carlos Cassagne. Junto con Barra y Dromi Cassagne había elaborado el marco jurídico de las privatizaciones. Tres meses antes de las elecciones de 1999, el Tribunal Arbitral, integrado por dos representantes del Estado y uno de las empresas constructoras, laudó en favor de Meller.

Azar e inseguridad

Para la Corte, el Tribunal Arbitral es un régimen optativo y la elección del procedimiento administrativo importa la renuncia del recurso a la justicia. Las partes pueden renunciar a un derecho y nada impide incluso que lo sometan al azar, “que puede ser de un juego, apuesta o un echar suertes”. Como si ellos nada tuvieran que ver con lo que enuncian, Nazareno y Boggiano agregan en un párrafo notable que “no es dable afirmar con arrogancia que un proceso judicial pueda hacer más equidad que aquellos métodos, pues la crisis actual de la seguridad jurídica conduce a las partes a elegir alternativas de solución de controversias prescindentes de la jurisdicción estatal”. Es decir, condenan al Estado a aceptar un fallo arbitrario del Tribunal Arbitral en vista de la inseguridad jurídica que ellos mismos han instaurado. La disidencia de Carlos Fayt y Enrique Petracchi refuta esta pretensión asombrosa y describe con mayor claridad lo sucedido. ENTel había concedido a Meller la exclusividad de publicación de las guías telefónicas de Buenos Aires y alrededores, por un precio fijo más un porcentaje de la publicidad que se vendiera. En 1994, Meller presentó una liquidación por 43,6 millones, que la Entel residual redujo a 29 millones y ordenó pagarlos en Bonos de Consolidación de deudas. Pero la SIGEN cuestionó el mecanismo de ajuste aplicado y remitió el expediente al Ministerio de Economía, donde la dirección de asuntos jurídicos descubrió que no quedaba nada por pagar. En 1995, Entel había pagado 2,9 millones por la publicidad de 1990 pero en el mismo acto administrativo Meller había renunciado a cualquier reclamo por las guías de los dos años previos. Meller no estuvo de acuerdo y el expediente fue a la Procuración del Tesoro, que consideró “nula de nulidad absoluta” la resolución de Alsogaray que había admitido el reclamo de los compañeros Meller.

Dura de matar

La ingeniera no se rindió. En vez de revocar su decisión impugnada, como correspondía, sólo suspendió sus efectos y la sometió a la consideración de “reconocidos juristas”, como si su interés fuera pagar lo que le reclamaban y no defender el patrimonio público. Con el dictamen de Barra en su favor, Meller recurrió al Tribunal Arbitral de Obras Públicas que sin analizar el fondo de la cuestión opinó que una vez pronunciado Barra, la resolución de Alsogaray recobraba “fuerza ejecutoria”, pese a la opinión en contrario de Economía y de la Procuración del Tesoro. Entel en liquidación recurrió entonces a la Corte Suprema, cuya mayoría rechazó su pretensión con el argumento ya visto de que una vez elegido el arbitraje no es posible recurrir a la justicia. En cambio, Fayt y Petracchi señalaron que si “la opción por la jurisdicción arbitral sólo puede ser ejercida por la contratista”, sólo para ella debería valer la “consiguiente renuncia a interponer recursos judiciales”. El régimen establecido “es voluntario para el contratista” pero “no lo es para el Estado Nacional, quien se ve compelido al arbitraje por su contraparte. En tales condiciones se trataría de un verdadero arbitraje obligatorio o forzoso, toda vez que una de las partes no puede eludirlo”. Según la doctrina nacional e internacional un arbitraje forzoso es “unajurisdicción de excepción”, cuyas decisiones “no pueden ser inmunes a la revisión judicial”. Por el contrario, tales fallos gozan de la autoridad de cosa juzgada “sólo hasta cierto punto y dentro de ciertos límites”, si los procedimientos se cumplen en forma regular y los jueces respetan los principios del debido proceso. El derecho a la revisión judicial “constituye un imperativo del orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia misma del estado de derecho”. Fayt y Petracchi respaldan su opinión en numerosos fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y concluyen que el recurso extraordinario es admisible ya que la decisión del Tribunal Arbitral es una sentencia definitiva. Al entrar al fondo de la cuestión señalaron que los árbitros faltaron a su deber como jueces de la controversia porque omitieron pronunciarse sobre el punto central sometido a su jurisdicción, que era determinar si la decisión de pago de la ingeniera Alsogaray “constituía un acto regular y legítimo”, único caso en el que debía ser cumplida. “De lo contrario debía ser declarada lesiva del interés público y dejada sin efecto”. En consecuencia votaron por devolver las actuaciones al Tribunal Arbitral para que dicte un nuevo fallo, con algunas recomendaciones muy precisas, como calcular los pagos parciales que ya había recibido Meller y explicar cómo un saldo de 1,6 millón a valores de 1989 y 1990 pudo transformarse en 57 millones de 1996, según informó un perito contable. A una conclusión similar pero con sus propios concisos fundamentos llegó Augusto Belluscio. La Corte tiene competencia cada vez que se configure “una lesión constitucional fundada”. Esto es lo que ocurrió cuando el Tribunal Arbitral omitió pronunciarse sobre “la procedencia sustancial del reclamo de Meller” y la regularidad o no de la resolución de Alsogaray, que ordenó cumplir “sobre la base de afirmaciones dogmáticas y formales”. En tales condiciones, la decisión de los árbitros “no constituye una derivación razonada del derecho vigente”. Fortalecidos por el frustrante desenlace del juicio político que los confirmó en sus cargos y despreocupados por las promesas de reforma constitucional para volver sobre ellos, como se ve los miembros de la mesnada menemista han vuelto a las andadas, en forma clamorosa.