El gobierno argentino protestó anoche por la propuesta del presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, de designar para ministro de Defensa a Ahmad Vahidi, uno de los seis iraníes cuya captura pidieron el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral. En realidad, Vahidi ya era viceministro y buena parte de los reclamados por la Justicia argentina tienen puestos importantísimos en Irán. El más renombrado es el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, líder religioso y hoy en día uno de los máximos referentes de la oposición a Ahmadinejad. La Cancillería emitió un comunicado en el que manifiesta “su más enérgica condena y considera una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas la nominación de Vahidi”. También expresaron su rechazo la DAIA, la AMIA y el fiscal Nisman.

Según sostiene el fiscal, Vahidi era en 1994 uno de los jefes de los grupos Al Kuds, brigadas revolucionarias, y encargado de operaciones iraníes en el exterior. Nisman dice que a fines de 1993 hubo una reunión en la ciudad de Pashad, en Irán, entre las máximas autoridades del régimen de Teherán, entre ellas el presidente Rafsanjani, y allí se decidió el atentado contra la AMIA. La fuente de tal información fueron disidentes iraníes, que no estaban en Irán en ese momento, e informes de la CIA, el Mossad y la SIDE. Por supuesto, el régimen iraní sostiene que se trata de una versión descabellada: el encuentro de Pashad salió en los medios de Irán, no fue clandestino y los opositores –según afirmó en su momento el encargado de Negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Baharvand– “sólo necesitaron leer los diarios para inventar esa versión falsa”. Irán exhibe, además, el fallo de la Justicia británica que se expidió diciendo que las pruebas son endebles cuando fue detenido el ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour. Lo cierto es que ni el régimen iraní ni ninguno de los imputados aceptaron presentarse a la Justicia argentina ni contestaron a las acusaciones del fiscal y el juez.

Ayer, el vocero del presidente Ahmadinejad, Ali Akbar Javanfekr, rechazó la protesta argentina: “Esto no puede ser verdad. No nos consta que existan los pedidos de captura, porque en ese caso la policía iraní estaría enterada. Vahidi era hasta ahora viceministro de Defensa y ese es un puesto político muy alto. La denuncia parece ser un nuevo engaño y básicamente un complot sionista”. Este es el argumento que siempre utiliza el gobierno de Ahmadinejad, conocido por su política agresiva contra Israel y su negación del Holocausto y los campos de concentración del nazismo.

En verdad, las órdenes de captura, con alerta roja, rigen desde noviembre de 2007, cuando fueron convalidadas por el Comité Ejecutivo y la Asamblea General de Interpol, realizada en Marruecos. La organización mundial de policía no acepta o rechaza pruebas, sino que verifica si la orden de captura proviene de un juez legítimo, en este caso Canicoba Corral. Antes, esas órdenes habían sido congeladas porque provenían de Juan José Galeano, destituido por irregularidades en la investigación. Lo real es que, para Interpol, desde noviembre de 2007 Vahidi es un prófugo que debe ser capturado.

Nisman afirma que en la reunión de Pashad se decidió el atentado y que luego Vahidi fue una especie de supervisor de Imad Moughniyieh, jefe militar de Hezbolá, la organización libanesa pro iraní que, supuestamente, concretó el ataque de la calle Pasteur. Moughniyieh fue asesinado en Damasco, Siria, en febrero de 2008.

“La nominación de Vahidi para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del gobierno de nuestro país –sostiene el comunicado difundido por la Cancillería argentina–. El Gobierno exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas sean juzgadas en los tribunales competentes.”

Por su parte, el titular de la AMIA, Guillermo Borger, y el de la DAIA, Aldo Donzis expresaron su indignación en sendos comunicados. “Estamos totalmente sorprendidos e indignados por la designación de Vahidi, que es vergonzosa e insultante”, sostuvo Borger. “Expresamos nuestro más enérgico repudio y condena por la designación. Es un incalificable agravio a las víctimas, sus familiares y a la República Argentina y su sistema judicial”, coincidió Donzis.