Con la causa elevada a juicio oral y público, cinco de los seis marinos acusados en prisión domiciliaria y el principal fusilador quién sabe dónde, se cumplen hoy 37 años de la Masacre de Trelew, el asesinato de 16 presos políticos en la base Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972. Los actos centrales, organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut, se desarrollarán en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro Cultural por la Memoria, donde los militantes se entregaron luego de fugarse del penal de Rawson y perder el avión que pudo salvarles la vida.

Todo indica que será el último aniversario sin condenas. A fines de abril, el juez federal Hugo Sastre elevó la causa con seis imputados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, y el cabo Carlos Amadeo Marandino rendirán cuentas como autores de 16 homicidios agravados por alevosía y premeditación más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto tras la fuga, y el entonces jefe de la base, capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la versión oficial del intento de fuga, capitán de navío Jorge Enrique Bautista, será juzgado por encubrimiento.

De los tiempos del tribunal pero sobre todo de la voluntad política de los Estados Unidos depende que el juicio incluya también al teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, jefe de turno la madrugada de la masacre e identificado por los tres sobrevivientes como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos y paramédicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. El marino devenido empresario jugó a las escondidas con Página/12 y también con El Nuevo Herald, que lo buscó en sus oficinas de Miami.

El proceso de detención y extradición de Bravo, que tras la masacre se refugió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, se realiza por medio de la Embajada de los Estados Unidos y lleva ya dieciocho meses. Las exigencias las fija el agregado jurídico de la embajada, quien primero pidió la traducción de todas las pruebas, tarea que demandó meses, y luego declaraciones complementarias y especificaciones que eternizaron el trámite. A principios de agosto trascendió que el pedido había llegado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, responsable de enviarlo al juez que deberá ordenar la captura del Ñato Bravo, quien ya tuvo un año y medio para esconderse.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, aunque se realizaría en Trelew o Rawson. Para que el TOF confirme el inicio de las audiencias resta que la Cámara Nacional de Casación Penal caratule los homicidios como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, tal como sostuvieron el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Los defensores de los imputados interpusieron el recurso ante Casación en mayo de 2008. Allí descansa desde entonces. De los seis imputados con procesamiento firme el único que cumple prisión efectiva, en la alcaidía policial de Trelew, es el ex cabo Marandino, el mismo que declaró que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y el único que admitió que le ordenaron mentirle al instructor Bautista para encubrir el fusilamiento.