Después de las instrucciones del Estado acerca de cómo confeccionar las boletas de luz y de gas tras la suspensión de los aumentos, las distribuidoras paralizaron la facturación. No se trata de que resistan el nuevo diseño indicado por los entes reguladores sino de la inflexibilidad de los sistemas informáticos para acatar las órdenes oficiales. Estas imponen desde puntualizar en color el importe del subsidio de cada usuario hasta detallar cuánto más valdría ese mismo consumo en otra región o país. Los móviles oficiales son nítidos: subrayar el esfuerzo fiscal y destacar que las tarifas residenciales son bajas en términos relativos.

Después de que el Gobierno dispusiera suspender los ajustes para los consumos realizados en junio y julio y restablecerlos sólo en un 30 por ciento para agosto y septiembre, las empresas recibieron la instrucción de refacturar a aquellos clientes que ya habían pagado los incrementos. Esta misión en sí misma ya entraña un nivel de dificultad técnico no superable en lo inmediato.

Los sistemas informáticos no están diseñados para anular en bloque las boletas emitidas. Para confeccionarlas, además, se tiene en cuenta la lógica de los planes en ejecución: la tirada se organiza en función de las fechas de vencimiento y no del rango de consumo. Pero la refacturación del bimestre pasado, y el añadido de algunas leyendas que imponen el Enre y el Enargas de ahora en más, involucra sólo a los usuarios de más de 1000 kilowatt hora por bimestre y de 1000 metros cúbicos promedio por mes, lo que implica adoptar otro criterio para la emisión de las boletas.

Aunque sea técnicamente factible no es operativamente viable hacer esos cambios en forma inmediata. Por esta razón, los técnicos del área en cada distribuidora están por estos días abocados a salvar los escollos técnicos que congelaron la emisión de boletas, con la implicancia correspondiente. Los usuarios ansiosos por saber cuánto le van a devolver en crédito sobre su consumo por los aumentos que ya pagaron, deben tolerar la incógnita un tiempo más.

Pero los entes reguladores impartieron también la instrucción de señalar en rojo el monto que está eximido de pagar cada usuario, en virtud de que el Estado asumió como un costo propio tanto el cargo sobre el gas como el nuevo valor tarifario para la energía eléctrica. Las boletas gasíferas tienen que imprimir en su encabezado un sello o leyenda cruzada con el concepto de que se trata de un consumo parcialmente subvencionado.

En ambos servicios, las empresas tendrán que aclarar cuánto cuesta ese mismo consumo en otros países de América latina. Chile, Brasil y Uruguay serán tomados como referencia para hacer esa comparación, curiosamente, uno de los argumentos más reiterados por las distribuidoras en estos años para reclamar al Gobierno que les autorice ajustes de tarifas. Para ese detalle concientizador, adjuntarían un pliego o folleto. En todos los casos, los valores que se cobran en el país son más bajos.

En el caso de las eléctricas, la comparación incluirá también los precios de la energía en el interior del país, donde para el segmento de usuarios residenciales cuesta bastante más de lo que cobran (sin los incrementos suspendidos) Edenor, Edesur y Edelap. En el caso de las gasíferas, la referencia no sólo será el valor del carburante en otras naciones limítrofes sino también el detalle de lo que costaría ese consumo si se tratase de garrafa. Al igual que en los casos anteriores, el gas licuado es exponencialmente más caro que el distribuido por redes.

La intención oficial expresada en esos instructivos también apunta a preparar el ánimo de los consumidores, quienes a partir del mes en curso tendrán que afrontar una parte de los aumentos que quedaron en suspenso. Aunque en agosto y septiembre el Estado se haga cargo del 70 por ciento de las discutidas subas, puede que el valor de los consumos hasta se duplique en algunos casos.