La Justicia analiza la documentación secuestrada en las cuatro cooperativas del microcentro –una de ellas del sospechado Néstor Lorenzo– en las que se cambiaban cheques relacionados con la provisión de medicamentos inexistentes, falsos o robados. Desde el juzgado federal de Norberto Oyarbide aseguran que, al menos por ahora, sólo La Bancaria aparece involucrada en la maniobra, pero la idea es que un análisis del movimiento de fondos debería determinar quién se quedaba con el grueso del rédito.

La trama central tiene que ver con la distribución de medicamentos por parte de las obras sociales, en especial los productos más caros, que tienen que ver con cáncer, VIH y otras enfermedades graves y crónicas. En ese marco, las maniobras eran de diverso calibre:

- El centro del expediente, por el momento, está en que la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, se habría dedicado en realidad a fabricar troqueles, es decir cajas de medicamentos, cuyo contenido no existía. El fraude consistiría entonces en que se le facturaba a una obra social un producto inexistente que supuestamente se le entregaba a un paciente, también inexistente. La base de la facturación era el troquel, el pedacito de la caja que se queda la obra social.

- Los controles se esquivaban a través de un fideicomiso armado por la obra social, es decir un fondo que no es propio de la obra social, sino que funciona en forma paralela, con el argumento de que es la mejor vía para evitar embargos y darles agilidad a los pagos.

- Al menos por ahora, no aparecieron compras del Estado. Claudio Zin, ministro de Salud bonaerense, asegura que prohibió explícitamente la compra de medicamentos a San Javier y, según se sabe, la metodología empleada –por lo general– no habría podido pasar los controles habituales del Estado. El campo propicio fueron las obras sociales, en especial algunas, debido a la complicidad de algunos de sus funcionarios o directivos.

- La hipótesis es que la droguería ingresaba un dinero de la obra social que no tenía contraprestación, porque las medicinas no se compraban. De manera que la droguería debía simular un gasto, pagado con un cheque, con el que supuestamente compraba los medicamentos falsificados. Los cheques emitidos para esa maniobra se habrían cambiado en financieras, en especial cooperativas, que no pagan el impuesto al cheque.

- La maniobra –según afirma el juez Oyarbide– no consistía sólo en poner en circulación los troqueles y cobrar por medicamentos inexistentes, sino que las cajas fabricadas en forma fraudulenta se usaban también para poner en circulación medicamentos vencidos o productos que provenían del robo de camiones de medicamentos, o sea de piratas del asfalto. Esto último todavía debe ser probado por el juez.

- Para realizar toda esta operación, entre los años 2003 y 2006 se crearon numerosas droguerías y justamente lo que se investiga son los manejos de esas empresas, buena parte de ellas a nombres de individuos ligados a obras sociales.

- La mira está puesta ahora en los titulares de las droguerías, pero también en los hombres de las obras sociales con las que, supuestamente, se realizaba esa maniobra. Oyarbide insiste en que se investiga a La Bancaria, capitaneada por Juan José Zanola, pero igualmente se habla mucho de Néstor Vázquez, un hombre al que se vincula con José Luis Lingeri, el dirigente gremial de AySA. En su momento, con Carlos Menem, Lingeri capitaneó el sistema de obras sociales y hoy es el hombre fuerte de AySA. En el juzgado de Oyarbide aseguran que, al menos por ahora, la única obra social que se investiga es La Bancaria.

- Lo que indicaría la lógica del negocio fraudulento es que la parte del león, el control de la maniobra, lo tendría la estructura gremial, porque es la que aporta casi todo: los fondos, el vínculo con la Administración de Programas Especial (APE), que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) del Ministerio de Salud; los afiliados, la supuesta demanda de medicamentos. La impresión es que los que figuran como dueños de las droguerías son individuos que no tienen gran poder económico –Lorenzo vive, por ejemplo, en un departamento más bien modesto–, sino que están al servicio de quien maneja los fondos.

Aunque en el caso del triple crimen de General Rodríguez se puede decir que Sebastián Forza provenía del mundo de las maniobras con medicamentos, en 2008 el centro de la escena ya no lo ocupaba ese negocio fraudulento sino el de la efedrina. El fiscal Juan Manuel Bidone, que investiga el triple crimen, sostiene que el disparador de los homicidios fue la efedrina y, casi seguro, la provisión de ese precursor de drogas sintéticas a narcos mexicanos. Sin embargo, para importar la efedrina desde la India y China se utilizaron droguerías que habían sido armadas para comercializar medicamentos falsos, inexistentes o robados. En los primeros días posteriores al triple crimen, tanto en la Justicia como en el Ejecutivo se pensaba que los homicidios tenían que ver con la llamada mafia de los medicamentos. Recién después, cuando se profundizó la pesquisa respecto de la efedrina, apareció el narcotráfico como posible factor del móvil de los asesinatos. “Una cosa era maniobrar con cuestiones relacionadas con obras sociales y otra es mezclarse con narcos”, le dijo ayer a Página/12 una fuente muy cercana a la fiscalía de Mercedes que instruye el crimen de Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

En forma paralela aparece la cuestión de los aportes a las campañas electorales. La salud siempre estuvo en el centro de las miradas. En su momento, cuando se atribuía a Luis Barrionuevo y a Enrique “Coti” Nosiglia el manejo del PAMI, también se hablaba de la financiación de la política desde el negocio de la salud. La lucha contra ese eje de poder constituyó el punto central de la administración de Graciela Ocaña en la obra social de jubilados y pensionados. Ahora, los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo analizan los aportes hechos por dueños de droguerías –entre ellos Sebastián Forza y Néstor Lorenzo– a la campaña electoral del Frente para la Victoria. El principal responsable de la recaudación era, en ese momento, el titular de la SSS, Héctor Capaccioli que, al igual que Ocaña, provenía de la corriente del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Servini de Cubría investiga si hubo delito del FpV al recibir los cheques de los dueños de droguerías y Lijo recibió una denuncia de la Coalición Cívica, por lo que analiza si los dueños de esas droguerías y el resto de los aportantes a la campaña electoral recibieron alguna dádiva del Ejecutivo después de la campaña. Ambos expedientes se están instruyendo.

Por ahora, la sospecha principal es que ni Forza ni Lorenzo tenían el dinero suficiente para hacer los aportes que hicieron a la campaña del FpV. La lógica indica que ambos sólo pusieron su nombre y sus cheques, pero no el dinero. La suposición es que los fondos provenían de la estructura gremial, que de esa manera –a través de empresarios de cartón y protagonistas de un negocio sórdido– realizaron los aportes. Pero todo eso todavía está por verse.