El Gobierno convocó para hoy a la tarde a la Mesa de Enlace, pero no será para volver a negociar, sino para que presencien un anuncio destinado el sector que realizará Cristina Fernández de Kirchner. La intención oficial es comunicar la apertura de los registros de exportación de trigo y maíz. La medida ya se había prometido a fines de julio, pero su concreción se demoró porque faltaba el compromiso empresario de garantizar el abastecimiento interno. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya logró el apoyo de los principales exportadores, pero los ruralistas aseguraron anoche que no fueron consultados y que faltarán a la cita si antes no les acercan una copia del borrador del convenio para que puedan analizarla. “Debe ser un error burocrático, ya que se mandó la invitación antes que los términos de los anuncios”, afirmó Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales. Además de la firma del convenio para abrir las exportaciones, se especulaba ayer con que se podría llegar a anunciar una baja de retenciones a esos cultivos.

El borrador sobre el que se estaba trabajando establece la apertura permanente de los registros de exportación, pero aclara que se deberán destinar 6,5 millones de toneladas de trigo y 8 millones de toneladas de maíz al mercado interno. El remanente sólo podría ser aprovechado por quienes firmen el convenio y además se prevé crear un consejo de seguimiento para analizar la evolución de los saldos exportables, el cual estaría integrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Oficina de Control Comercial Agropecuario y los firmantes.

Fuentes de las entidades aseguraron anoche a Página/12 que si ese termina siendo el texto no firmarán, porque de allí no se desprende que puedan obtener un mejor precio para sus productos. Una de las críticas que formulan es que para abastecer el mercado interno de pan y sus derivados no hacen falta 6,5 millones de toneladas de trigo sino a lo sumo 5,5 millones. Por lo tanto, el resto sería destinado por los molinos a la exportación. Al tener asegurado cerca de un millón de toneladas para exportar, estas empresas no competirían por el saldo superior a los 6,5 millones y las cerealeras podrían pisarles el precio a los productores.

Además señalan que no alcanza con abrir el registro de exportación si no se fijan reglas claras para saber cómo se repartirá el saldo exportable, pues la incertidumbre será aprovechada por las cerealeras para seguir imponiéndoles a los productores condiciones desventajosas. Por ejemplo, el registro de exportaciones de trigo estuvo abierto todo el año pasado, pero las cerealeras pagaban una cifra muy por debajo del precio pleno, argumentando que no sabían si iban a poder acceder a ese saldo pues no se le había asignado una cuota a cada una.

También cuestionan que a los molinos no se les exija, al momento de pagar la compensación, la factura donde se acredite que le pagaron el precio pleno al productor, pues en muchos casos pagan menos de lo que corresponde e igual reciben compensación como si cumplieran. Luego, por si eso no bastara, les venden a las panaderías a un precio mayor al que deberían, redondeando un negocio fenomenal que perjudica al productor y al consumidor.

En el caso del maíz, los productores reconocen que destinar 8 millones al mercado interno es correcto e incluso afirman que en ese caso no hay tantos problemas con el precio que reciben, porque las cerealeras compiten con los feedloteros, las firmas avícolas, los productores de cerdos y los fabricantes de alimentos balanceados. Sin embargo, cuestionan que en el borrador sólo figure 1,5 millón de toneladas como saldo exportable de la campaña 2009/2010, porque eso da a entender que la producción sería de 9,5 millones y las proyecciones que ellos manejan indican que en realidad llegaría a 13,5 millones.

También desconfían del órgano de seguimiento que se conformaría para analizar la evolución de los saldos exportables, porque afirman que la decisión oficial de dejar de difundir algunas cifras claves del sector, como la cantidad de mercadería comprada por los exportadores y el número de barcos arribados a los puertos, vuelve imposible contrastar los datos que eventualmente pudieran llegar a presentarles la AFIP y la Oncca en ese consejo de seguimiento.

Todos estos cuestionamientos permiten prever que las entidades rurales no avalarán con su firma el convenio a no ser que se introduzcan cambios sustantivos en las horas previas al anuncio. Del lado oficial, tampoco parecen demasiado interesados en contar con el aval de la Mesa de Enlace, pues de lo contrario les hubieran hecho llegar una copia del texto para negociar y hasta ayer a la noche lo único que les habían enviado eran las invitaciones para el acto.

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