Desde Madrid

“Van a por él” tituló el 1º de marzo de 2009 un premonitorio reportaje del diario El País sobre el juez Baltasar Garzón. Y fueron nomás. Ayer el más conocido de los jueces españoles en el exterior declaró durante cuatro horas ante el Tribunal Supremo, acusado de prevaricato en la causa abierta por el magistrado contra la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas se manifestaron en su apoyo frente la sede del máximo tribunal del país, al tiempo que criticaban lo que consideran “una medida de presión absolutamente rechazable que tiene naturaleza política vinculada a los sectores ultras”, en alusión a las dos asociaciones de ultraderecha que se personaron como acusación particular en la causa. “Franquismo: 1 - Justicia: 0” rezaban las pancartas de los manifestantes.

Baltasar Garzón ingresó ayer en la sede del Supremo por la puerta por la que entra el público, luego de rechazar la oferta de los jueces para que utilizara la entrada reservada a los magistrados, afrontando de ese modo la gran cantidad de cámaras y reporteros que lo estaban esperando. La declaración del juez fue seguida con gran expectativa luego de la polvareda levantada días atrás por la Comisión Internacional de Juristas, que denunció la maniobra como una interferencia injustificada de los jueces en el ejercicio de sus funciones. La polémica ya habitual en torno de su figura se ha acrecentado en los últimos tiempos, ya que fue también el magistrado que llevó la primera parte de la investigación del llamado “Caso Gurtel”, una de las más oscuras tramas de corrupción que haya tenido que afrontar el Partido Popular en la oposición en los últimos años.

Como bien señalaba en marzo el profético artículo de El País, “En cuanto toca asuntos de corrupción, la parte afectada de la política se remueve para apartarle del caso; ayer, desde las filas del PSOE (NDLR: Garzón fue el magistrado que investigó el caso Gal durante el gobierno de Felipe González, en el que el Estado fue señalado culpable de organizar un grupo parapolicial para asesinar a dirigentes de ETA); hoy, desde el PP”.

Sólo que esta vez las maniobras políticas para perjudicarlo fueron demasiado lejos. Es poco habitual que el Tribunal Supremo haga lugar a la imputación de un juez y menos aún cuando las pruebas en su contra son tan poco nítidas, como es el caso de las que ha presentado ahora el pseudosindicato Manos Limpias, dirigido por el franquista Miguel Bernard Remón, un viejo conocido de la ultraderecha madrileña que proviene del riñón del franquismo póstumo y que tiene en la mira a Garzón desde 1997.

Ayer Garzón defendió su actuación en la causa en la que se lo acusa de prevaricato, señalando que actuó buscando “la protección de las víctimas”, que más de treinta años después siguen pidiendo justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el general Francisco Franco luego de que terminara la Guerra Civil en 1939 durante los casi cuarenta años que duró su dictadura. De hecho, Garzón se negó a responder a las casi 150 preguntas que le dirigió la acusación particular y se limitó a dar respuestas al juez instructor, al fiscal y a su propio abogado. Después de declarar por algo más de tres horas, el juez se entretuvo una hora más en la sede del Tribunal para corregir su declaración, ya que en el Supremo aún se registran a mano los testimonios, sin recurrir a medios electrónicos.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, le hizo un flaco favor a los enemigos políticos de Baltasar Garzón al permitir que esta vez Manos Limpias se saliera con la suya, un favor que va más allá de los recientes resentimientos que el Partido Popular ha acumulado contra el magistrado encargado de investigar sus últimas corruptelas. El simple hecho de que se lo llame a declarar como imputado en esta causa pone de manifiesto la deuda que aún tiene pendiente la democracia española por no haber afrontado el juicio al régimen franquista y a los ejecutores de las políticas represivas de la dictadura.

La mentada Transición, que fue vista durante mucho tiempo como paradigma de una salida sin traumas de una dictadura, se revela cada vez más como un pacto de impunidad que permitió al franquismo no pagar por sus crímenes, tal como deja al descubierto el periodista Alfredo Grimaldos en su libro La sombra de Franco en la transición, y acomodar a sus principales figuras en lugares clave de poder, de manera tal que treinta años después aún es muy caro el precio que debe pagar el primer juez que se anima a llevar a la dictadura ante el banquillo de los acusados.

Después de la declaración de ayer no cabe esperar ninguna medida extrema con respecto al destino del juez Garzón. En principio, aunque la parte querellante pidió que deje de ejercer su funciones temporalmente, ésa es una decisión que compete al Consejo del Poder Judicial, y es una medida que el organismo sólo toma si lo solicita el fiscal o si la causa avanza hasta llegar al procesamiento. Nadie sabe hasta dónde está dispuesta a llegar la larga mano del franquismo para castigar a Garzón, aunque a la luz de cómo se presenta el caso y de la trascendencia que tiene la figura del magistrado en el exterior, es difícil que el Tribunal Supremo asuma el costo de llevar las cosas hasta tal extremo. La advertencia, sin embargo, ha sido dejada en claro: el franquismo todavía no se puede enjuiciar sin provocar grandes terremotos.