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Cada una de las pruebas de esta historia son de acceso público: todos los documentos están publicados en los sitios de las dos tabacaleras que crearon The Latin Project, un programa secreto impulsado en el ‘91 para enfrentar en Latinoamérica leyes, reglamentaciones, publicidades y una corriente de opinión que denunciaba los efectos nocivos del tabaco sobre los fumadores pasivos. Philips Morris y la British American Tobacco diseñaron un plan puntilloso para revertir el consenso en contra del cigarrillo en la región. Contrataron a académicos, líderes de opinión y científicos prestigiosos, entre ellos a Carlos Benjamín Alvarez, el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, dueño de la Clínica Sacre Coeur, cardiólogo de Eduardo Menem y Diego Maradona y amigo personal del ex presidente. Su gestión a favor de las tabacaleras norteamericanas fue esencial. Para la industria, Alvarez fue “el caso más notable del lobby ejercido por los consultores de la industria sobre los gobiernos locales”. Entre otros favores, el cardiólogo había conseguido de Carlos Menem el veto para la ley Neri que prohibía, entre otros aspectos, la publicidad del tabaco. Esta información acaba de ser presentada en Estados Unidos por Joaquín Barnoya y Stanton Glantz, dos reconocidos científicos de la Universidad de California.
Stanton Glantz es uno de los gurúes antitabaco norteamericanos. Encabeza en San Francisco, California, el Centro para el Control y Educación del Tabaco del que forma parte Joaquín Barnoya, coautor de la investigación. El referente en Argentina de este grupo es el clínico Raúl Mejía, que aunque no participó de este proyecto, está desarrollando una investigación sobre tabaquismo en la Puna vinculado a esa Universidad. “No sólo la industria del tabaco actúa así, lo mismo hace la farmacéutica”, sostiene.
El artículo publicado esta semana en Tobacco Control, una revista especializada, documenta la campaña desarrollada por las tabacaleras para impedir que en Latinoamérica se multipliquen el tipo de prohibiciones que padecían en Estados Unidos. Esa campaña se llamó The Latin Project y estuvo en vigencia desde 1991 hasta, por lo menos –dicen los autores– 1998. El programa fue financiado en un 40 por ciento por Philips Morris Internacional y en un 60 por la British Tobacco. A la cabeza del proyecto quedó John Rupp, el abogado de Covington & Burling que, con el tiempo, sería el personaje intermediario entre el doctor Alvarez y las tabacaleras.
La estrategia se planeó con absoluta impunidad: en Internet pueden verse cartas supuestamente confidenciales, las dudas de Rupp, las preguntas de Alvarez para conseguir dinero, facturaciones, presupuestos, honorarios o recomendaciones sobre el perfil de los lobbistas preferidos de la industria: “Los candidatos –dice uno de los apartados– deberían ser preferentemente ex ministros, decanos de facultades de medicina o miembros de las academias nacionales de Medicina”.
Las tabacaleras suponían que la propagación en Latinoamérica de la tendencia prohibicionista sería inminente y los efectos profundamente riesgosos para su rentabilidad. Rupp debería reclutar a una serie de científicos para impedirlo y contaba inicialmente con un presupuesto de 680.000 dólares, además de 105.000 para sus honorarios. Su trabajo se concentraba básicamente sobre los países latinoamericanos donde los efectos nocivos del humo en los fumadores pasivos habían sido más difundidos por los medios. Los blancos elegidos fueron Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Argentina.
Los científicos contratados como lobbistas tenían cuatro tareas básicas:
1. Publicar estudios sobre la calidad del aire en los espacios cerrados.
2. Publicar evidencias que demuestren que el fumar en forma pasiva no es riesgoso para la salud.
3. Organizar simposios y congresos regionales, científicos y con los medios de difusión para desestimar los efectos nocivos para los fumadores pasivos.
4. Hacer lobby con políticos regionales para evitar la promulgación de leyes que limiten fumar en espacios públicos.
Cuando el proyecto empezó, el Congreso argentino estaba por aprobar la ley presentada por el entonces diputado Aldo Neri. Aunque incluía ciertas restricciones al consumo del tabaco en espacios públicos, el punto más fuerte de la ley –que irritaba a las tabacaleras– era la eliminación de todo tipo de campaña publicitaria (ver aparte). En ese contexto, parecía vital contar con un interlocutor cercano al poder político y lo suficientemente reconocido en el campo científico. En 1991 en las notas de un memorándum interno de C&B se precisa que Alvarez fue elegido como consultor entre otras razones porque “era un técnico y científico asesor de Carlos Menem, el presidente de Argentina”. Su intervención incluía la organización de cenas con funcionarios, miembros importantes de la prensa y encuentros con integrantes del Congreso de Estados Unidos y consultores científicos para presentar un informe sobre “lo inapropiado del esfuerzo de las restricciones al tabaco frente a otros problemas y desafíos de la Argentina”. En una oportunidad, facturó 20 mil dólares por un “trabajo que establece los argumentos científicos en la relación entre el humo y las enfermedades entregado en mano del Ejecutivo del gobierno argentino”.
Poco después de aquel informe, Alvarez se convertía en el lobbista estrella de las tabacaleras. El 30 de septiembre del ‘92 el Senado argentino había aprobado la ley Neri. El 13 de octubre, las “conexiones personales de Alvarez con el Presidente –dice el informe– lo habían convencido para vetar la ley”. De acuerdo al responsable de C&B, la gestión había sido un éxito:
–“Nuestros informes indican que el Dr. Carlos Alvarez jugó un rol muy importante en los largos esfuerzos que lleva adelante la industria, y convenció al Presidente Menem de vetar la legislación antitabaco aprobada por el Parlamento Argentino...”.
Los largos esfuerzos de Alvarez incluyeron: “Distintas actividades, incluidas conversaciones con senadores del oficialismo y de la oposición y una serie de conversaciones con el presidente Menem como así también con su hermano, que es el presidente del Senado Argentino”. Alvarez “les había entregado un documento donde informaba que las restricciones para los fumadores carecían de bases científicas”. La relevancia de esta intervención fue reconocida por César Rodríguez, gerente general de asuntos corporativos de Philips Morris para Latinoamérica. Su aporte se trasformó en “lecciones” que debían aprender el resto de los consultores. Entre ellos, destacaron “el efecto dominó que podía generar el veto presidencial” en el resto de Latinoamérica.
El Latin Project tuvo dos momentos claves con la organización de dos simposios uno en Ecuador y otro en Buenos Aires. Aunque lo consideraban un “moderado”, la industria intentaba convocar al difunto Osvaldo Fustinioni, presidente de la Academia Nacional de Medicina. “Con dedicación –insisten ahora los memorandos–, Alvarez había conseguido el esponsoreo para el simposio de la Academia científica de Buenos Aires y la promesa del gobierno para la apertura oficial de la conferencia”. Además habría reconocidos científicos Europa y Asia. El presupuesto era de 150.000 dólares. El Segundo Simposio Internacional sobre los Avances en el Medio Ambiente y las enfermedades cardiorrespiratorias se hizo en el ‘95 y contó con Fustinioni como presidente honorario y Alvarez como presidente del Comité Científico.
La industria cuidaba todos los detalles, incluso la imagen pública de sus consultores, incluso de Alvarez. Cada consultor tenía que escribir una cantidad de artículos y cuando lo considerasen “usar los resultados de la industria para establecer la relación entre las enfermedades y el uso del tabaco”. A Alvarez, por ejemplo, le sugirieron “responder rápidamente alos artículos de los medios” más críticos. Y para que nada se notara demasiado, “desde la industria se invitaría a los periodistas a contactarlo”. Si el contacto no funcionaba “se esperaba que él escribiera una carta a los productores de los medios” con un máximo de “cuatro cartas al año”.
Por sus gestiones Alvarez cobró interesantes compensaciones. Sólo en 1994, asegura el informe, ganó 50.000 dólares en concepto de honorarios.