Daniel Pastor renunció a su cargo como rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, aunque nunca llegó a asumirlo formalmente. Como reveló Página/12, Pastor defiende la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y es un asiduo crítico de los organismos de derechos humanos. En mayo, fue designado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, como director de la academia donde se forman los futuros agentes de la Policía Metropolitana, pero –según se conoció ayer en la resolución en la que se aceptó su renuncia– el abogado postergó su asunción varias veces hasta que finalmente renunció. De todas formas, en el Ministerio de Justicia señalaron que sí participó en la confección de los manuales y de los planes de estudios de los cadetes porteños.

Pastor fue elegido en mayo por Macri para encabezar la academia policial. Este diario informó que el abogado planteaba en un artículo que los crímenes de la dictadura deberían haber prescripto (y, en consecuencia, los represores no deberían estar siendo juzgados). “La imprescriptibilidad, que contradice todo humanismo, es la contraparadoja del Estado constitucional de derecho. Es el caso en el cual este artificio vuelve a ser omnipotente y levanta una de las barreras que él mismo había creado como límite infranqueable para sus poderes”, escribió Pastor en su artículo “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”. Allí acusó a los organismos de derechos humanos de “pregonar y practicar inexorablemente la violación de los derechos fundamentales” de quienes “cometieron las graves violaciones a los derechos humanos (y de las no tan graves)”.

El abogado también cuestionó en otros artículos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de Barrios Altos en Perú, que sirvió como fundamento para la anulación de las leyes de impunidad, y que a los ojos de Pastor “equivale a refundar un derecho penal medieval y contrailustrado, ya superado por la humanidad hace mucho tiempo. La jurisprudencia de la CIDH atrasa 200 años”.

Además, criticó otro fallo de la CIDH sobre el asesinato de Walter Bulacio, al que consideró un “infortunio”, dado que se trataba de “una persona que intentaba disfrutar, aparentemente sin pagar, de un concierto, que parece haber recibido malos tratos de parte de la policía y falleció no por ellos sino por otra circunstancia”. Pastor destacó sobre la golpiza que recibió Bulacio que “no puede hablarse de tortura, a lo sumo de malos tratos. Esto no puede ser nunca una grave violación a los derechos humanos”.

El ministro Guillermo Montenegro le aceptó la renuncia el 4 de septiembre con la resolución 894, que ayer se publicó en el Boletín Oficial (aunque en la página del Gobierno de la Ciudad no figuraba). En esa resolución queda claro que Pastor nunca asumió formalmente el cargo que ejerció: el abogado fue designado en mayo, pero presentó una carta el 12 de junio en la que manifestó que “no podría asumir el cargo para el que fue nombrado hasta el 3 de agosto, en razón de compromisos profesionales asumidos con anterioridad a su designación”. Se trataría de un cargo en un organismo internacional, que le planteaba una incompatibilidad. El 3 de agosto Pastor volvió a pedir una prórroga hasta septiembre, cuando finalmente presentó su renuncia “por motivos personales”.

“Cuando fue la supuesta designación, pensábamos que no reunía las condiciones necesarias. Lo que nos sorprende es que, además de haberlo designado, nunca asumió el cargo y perdimos más de seis meses en donde nos dijeron que iban a capacitar a una policía y no estaba ni en funciones el rector”, advirtió el legislador de Espacio Plural Gonzalo Ruanova. “Nos gustaría que el ministro nos explicara quién estuvo a cargo del Instituto desde mayo y que nos comunicaran cuáles son los compromisos profesionales que le impedían asumir y si no los conocían cuando lo designaron”, indicó el legislador. En el Ministerio de Justicia aseguraron que Pastor dejó su experiencia en cada manual y cada plan de estudios.