El Consejo de la Magistratura comenzó ayer a tratar el caso de la jueza Rosa Parrilli, quien agredió verbalmente a dos empleadas de la playa de infractores del Obelisco. Ayer, la jueza pidió una licencia por quince días y mandó una carta al Consejo en la que se disculpa por lo acontecido. Por otra parte, el Instituto contra la Discriminación (Inadi) denunció penalmente a Parrilli en la Justicia federal. “Entendemos que este caso supera un acto de discriminación ordinaria, hubo amenazas y abuso de autoridad. No sé si estuvo bien o mal que le llevaran el auto, pero nada justifica tanta violencia”, comentó a Página/12, la titular del Inadi, María José Lubertino.

La suerte de la jueza en lo contravencional y de faltas porteña, quien maltrató y discriminó a Rocío Marlene Gómez y a María Itatí Albe, comenzó a dilucidarse en el Consejo de la Magistratura porteño, donde aclararon que el proceso durará como máximo 60 días. En ese tiempo, según comentó el presidente de ese cuerpo, Mauricio Devoto, “se analizarán todas las variantes que hay en la legislación”. “Esto puede dar lugar a desestimar la denuncia, a tomar alguna sanción si hubo una falta disciplinaria o a convocar un jurado de enjuiciamiento.” La idea, agregó Devoto, “es poder terminar esto lo antes posible”.

En el Consejo hay una Comisión de Disciplina que está encargada del caso y que ya está revisando dos denuncias, la del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y un pedido del Inadi –paralelo a la denuncia penal– para que se enjuicie a Parrilli. Según admitió a este diario el secretario letrado de Devoto, Martín Casares, “no hay otros antecedentes de similar envergadura en el Consejo”. La jueza no puede percibir una sanción o ir a juicio. En ningún caso puede ser suspendida durante el proceso, aclaró el secretario.

Las sanciones contemplan “desde un apercibimiento o un llamado de atención hasta una multa pecuniaria de, a lo sumo, el 30 por ciento de su sueldo”. Otra posibilidad es que el Consejo –integrado por tres jueces, tres abogados y tres legisladores– decida acusar a la jueza e iniciar un jury en vista a su destitución. “En ese caso, el juicio estaría a cargo del Consejo y sería presidido por un miembro del Tribunal Supremo de Justicia porteño”, informó Casares. La destitución sería casi inmediata si Parrilli es encontrada culpable del delito doloso (o intencional) en la Justicia federal, donde se tramita el pedido del Inadi.

“Nosotros denunciamos amenazas y abuso de autoridad con dos agravantes: el del artículo dos de la ley antidiscriminación y el hecho de que es una funcionaria pública. Hay que ver qué decide el Tribunal Federal 11 sobre las figuras que pueden aplicarse. La condena, a lo sumo, podría ser de hasta seis años y es excarcelable. Si la encuentran culpable de estos delitos, le quedaría una condena en suspenso o tendría que hacer una probation”, dijo ayer María José Lubertino, respecto de la denuncia penal del Inadi.

La jueza increpó a las empleadas diciendo: “Todas morochas, ni una rubia contratan”. Respecto de esa actitud discriminatoria, Lubertino comentó que “son casos muy frecuentes”. De hecho, agregó, existe un programa en el Inadi llamado “empresas por la diversidad”, en el que entrena al personal que afronta estas situaciones. “Tratamos de enseñarles cómo manejarse y a la vez aconsejamos a las empresas que abran áreas para tratar estos problemas, que roten a los empleados que atienden al público y dispongan de personal jerárquico en caso de que los clientes se excedan”, detalló. Lubertino aseguró que mucha veces la bronca de los usuarios se transmite de manera violenta y discriminatoria. Es lo que se ve en el video de seguridad difundido la semana pasada, cuando la jueza trata de “tontita” a una empleada. El maltrato, concluyó la titular del Inadi, ya es moneda corriente en los servicios telefónicos de atención al cliente: “Incluso dimos entrenamiento a los que cortan los boletos en el tren, ellos discriminan y también son discriminados. Pasa en muchos lados”. Parrilli se tomó “licencia ordinaria” desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre debido a que trabajó durante los períodos de feria judicial de 2008 y 2009. En una carta dirigida al Consejo de la Magistratura porteña, la jueza pidió disculpas a la ciudadanía y a las empleadas agredidas el 15 de septiembre pasado. El proceso en su contra continuará hoy con una nueva audiencia en la sede del Consejo, en Leandro Alem 684, donde concurrirán las dos empleadas insultadas y amenazadas y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.

Parrilli debe 29 multas. Hay otras nueve que no se le cobraron y que ya generaron una fuerte discusión –también ante cámaras– entre la controladora que se las perdonó, Mabel Angotti, y su superior Daniel Prestti.