Convencida de que la espían, la jueza federal María Servini de Cubría había pedido que la Policía Federal haga un “barrido técnico” de su despacho periódicamente. Una inspección realizada anteayer le dio la razón: los expertos en comunicaciones encontraron un micrófono oculto conectado a la caja telefónica de su juzgado electoral, en la plata baja del Palacio de Tribunales. También detectaron que había sido forzado el cajón de su escritorio personal, que apareció con la llave rota. “Lo tomo como una intimidación”, dijo Servini, quien vinculó el episodio con sus investigaciones sobre los gastos de campaña.

“Me llamaba la atención que había cosas que se publicaban sobre conversaciones que habíamos tenido en mi despacho con mi secretaria, solo entre ella y yo, y que al día siguiente habían trascendido en los medios”, explicó públicamente la jueza. “Los temas que hablamos –precisó– eran sobre los gastos de la campaña electoral.” El juzgado de Servini tramita una causa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, que guarda cierto parentesco con la de los medicamentos truchos. El micrófono, hallado por un subcomisario y un principal de la Policía Federal, se activaba cada vez que alguien levantaba el tubo del teléfono, según relataron allegados al caso. Como técnica para interceptar llamadas resulta bastante precaria. Alguien con habilidad interviene los teléfonos a la distancia, desde una central. En el cajón del escritorio que fue violentado, Servini no guarda papeles importantes ni cosas de valor. Como recordaba haberlo abierto normalmente el viernes último, supuso que alguien habría entrado al despacho durante el fin de semana. La llave rota, que fue dejada dentro del propio cajón, parece más bien un mensaje amenazante.

En el momento del hallazgo, la jueza hizo labrar un acta y la entregó a su colega Julián Ercolini como ampliación de una denuncia que había presentado en mayo último. Por entonces aseguró que le habían robado de su oficina documentación con la que estaba preparando su descargo para defenderse ante el Consejo de la Magistratura de un pedido de juicio político por presunto forum shopping (la acumulación de expedientes sin pasar por mesa de entradas) en causas donde están implicados empresarios de juegos de azar cercanos al Gobierno.

Además de dilucidar el origen del robo, ahora Ercolini deberá desentrañar de dónde salió el dispositivo colocado en el teléfono. La magistrada trazó una relación entre ambos hechos. “Esto (por el micrófono) se junta con otras denuncias intimidatorias que se han hecho en el Consejo de la Magistratura”, señaló.

“La aparición del micrófono se suma al robo ya denunciado. Ambos episodios sucedieron a versiones periodísticas de que el Gobierno quiere echar a Servini”, advirtió el ex camarista federal Gabriel Cavallo, quien representa a la jueza junto con el abogado Pablo Jacoby. “Casualmente –ironizó– ella investiga los gastos de campaña y ahora también tiene a cargo la causa por posible fraude en el concurso del Consejo de la Magistratura para las vacantes de cuatro juzgados federales.”

La denuncia por forum shopping contra Servini la había hecho el abogado Ricardo Monner Sans. La Cámara Federal le pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara una investigación. El Consejo rechazó abrir la pesquisa con el argumento, introducido por los consejeros Santiago Montaña (abogado) y Oscar Aguad (diputado radical) de que es “la jueza que está revisando el proceso electoral”, en alusión a las elecciones de junio. Cavallo señaló que el Consejo de la Magistratura aún tiene otro pedido de remoción en trámite contra la jueza. Es una denuncia que llegó al organismo desde la Procuración General de la Nación, donde se había presentado Mario Portillo, un ex funcionario de la DGI a quien Servini absolvió en 1994 en una causa por calumnias e injurias que le habían iniciado directivos del ente recaudador y donde sus defensores fueron la diputada-consejera Diana Conti y el actual juez supremo Raúl Zaffaroni. Portillo sostiene ahora que Servini trató de inhabilitarlo como testigo en grandes causas de corrupción como IBM-DGI y la de la Mafia del Oro. En su descargo ante el Consejo la jueza le apuntó a Conti, para quien pidió juicio político. Conti explicó que en este expediente está excusada y que lo instruye el consejero-senador kirchnerista Nicolás Fernández.

Servini tiene dos despachos. Su juzgado penal, en los tribunales de Retiro, y el juzgado electoral, donde apareció el micrófono, en el Palacio de Justicia. Actualmente tramita una causa vinculada con la de la mafia de los medicamentos, que se originó por una denuncia de Monner Sans. El abogado señaló una posible triangulación de fondos del Ministerio de Salud a través de droguerías. Servini le tomó declaración al dueño de Global Farmacy, Gabriel Brito, quien dice que aunque figura como aportante el dinero lo puso Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, clave en la investigación que involucra a la Asociación Bancaria y otros sindicatos.