Ni los gritos de gol que llegaron al salón de audiencias lograron modificar los rostros adustos de funcionarios, directivos de Kraft Foods y delegados por la durísima negociación que protagonizaron en la quinta reunión de partes. Aunque la intención del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, era poner el broche final, los delegados se negaron a firmar el acta que concluía diciendo que “se ha encaminado el presente conflicto” hasta no haber consultado con la asamblea de trabajadores en actividad y despedidos. Con frustración, los funcionarios enumeraban el logro de haber conseguido veinte reincorporaciones más, el reconocimiento del status de delegados de los miembros de la comisión interna y la realización de elecciones porque sus mandatos están vencidos. Los trabajadores, en cambio, vieron el vaso medio vacío. “El acta implicaba una cláusula de paz social de 60 días, sin paros ni cortes, y seguían quedando afuera compañeros, era imposible aceptar eso sin consultar a los propios despedidos y atándonos a no hacer medidas por ellos”, dijo a Página/12 el delegado Javier Hermosilla, de la comisión interna.

En medio de la reunión, Tomada salió un momento para ver la repetición del gol de Mario Bolatti, pero sus colaboradores aclararon que “acá no hubo ninguna fiesta”. Según explicaron, a las 21 todo se trabó porque los delegados se negaron a firmar el acta “que redactaron ellos casi en un ciento por ciento, cuando habíamos pasado horas para lograr que la empresa y el sindicato accedieran a firmarla”. En el punto 4, los ministerios nacional y provincial exhortaban “a la empresa a respetar las condiciones y el status” de los miembros de la comisión interna, que tienen sus mandatos vencidos, “sin que se interrumpa el proceso productivo y hasta tanto se cumpla la normalización de la comisión interna a través del acto electoral respectivo”. Para los funcionarios esto respetaba la condición de delegados de los integrantes de la interna que volvieron a la fábrica. Podrían hacer una asamblea pero no tomar medidas de fuerza, tales como un paro, porque interrumpirían el “proceso productivo”.

Tomada anunció que la de ayer fue la última reunión de este tipo porque a partir de ahora, “los casos pendientes serán analizados uno por uno en el Ministerio de Trabajo provincial”. Sin embargo, en su entorno aclararon: “Este mecanismo funcionó hasta acá, se logró que ingresen 70 trabajadores y los delegados, se reconoce a los delegados adentro de la empresa con su status, se propició que llamen a elecciones y que les paguen los salarios, y hoy la empresa accedió a analizar en el Ministerio de Trabajo provincial cada uno de los casos que quedan”. Así abrieron una nueva etapa de dos meses en la cual la empresa debería abstenerse de “todo tipo de medidas que puedan afectar la relación con los trabajadores”, y el sindicato y la comisión interna debían abstenerse de “toda medida que pueda afectar el normal funcionamiento de la producción y evitarán todo tipo de actos que puedan afectar la normal circulación de personas y vehículos”. Los representantes de los trabajadores se negaron a rubricar el documento por el cual durante dos meses no hubieran podido hacer cortes ni medidas de fuerza. “Es lo menos que les pedimos después de todo lo que se consiguió”, comentaban en el equipo de Tomada, entre enojados y sorprendidos. Alguien adjudicó la negativa de firmar a un afán de protagonismo del delegado Javier Hermosilla, cuya posición fue más dura que la del histórico referente de la fábrica Ramón Bogado.

“Son intrigas del sindicato, acá estamos todos unidos, más vale que te tiran propuestas y podemos verlas de diferente modo, pero a Bogado no lo aprieta nadie, es nuestro coordinador y lo respetamos”, replicó el delegado César García. “Vamos a decidir con la gente de adentro, los que están trabajando, y los de afuera, los despedidos, dos meses sin movilizaciones y con 27 o 28 compañeros afuera, que la empresa no aclara si en estos días vuelven algunos suspendidos, es una decisión demasiado delicada que tenemos que debatir fríamente entre todos”, agregó.

A última hora el ministerio dio a conocer una versión diferente del acta en la que había desaparecido el plazo de 60 días sin acciones gremiales. “Esto se va a terminar el día que se quiebre la voluntad y esa está intacta”, dijo Hermosilla, que ya volvió a su puesto en el horno que produce galletitas, aunque tuvo que pedir ropa prestada porque encontró su cofre soldado y con un cartel que rezaba “Sujeto a investigación judicial”.