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Un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal. Un cirujano y ginecólogo pampeano fue desplazado del principal hospital de Santa Rosa donde se desempeñaba, tras promover la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y apoyar la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. En Rosario, los concejales que aprobaron una declaración que pide al Congreso que debata los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) recibieron fuertes presiones y amenazas de muerte de grupos antiderechos vinculados a la Iglesia Católica. Son algunos ejemplos, recogidos por una investigación de Página/12, de los mecanismos que usan los sectores más conservadores para intentar impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y censurar la apertura de un debate amplio en torno del problema del aborto en la Argentina: presionar, hostigar, denunciar y sancionar –sin dejar por escrito la razón– a quienes respaldan el acceso al aborto, incluso cuando la IVE está dentro del marco de la ley vigente, y también apelar a fuentes poco calificadas para sostener sus posiciones son dos de las estrategias que vienen desarrollando en el país, junto con la presentación de amparos en distintos tribunales para prohibir la distribución de anticonceptivos.

“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, contó a Página/12 Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En 2004, CDD-Córdoba fue notificada de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con el objetivo de que se cancelara la personería jurídica de la que goza desde 1998. Scala lo hizo en su carácter de representante legal de Portal de Belén y Asociación Civil Mujeres por la Vida, agrupaciones autodenominadas “pro vida” que a comienzos del año 2003 hicieron suspender la vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y mantienen abiertas varias causas en la Justicia cordobesa en las que reclaman que se declare inconstitucional la entrega gratuita de anticonceptivos y se prohíba también su comercialización. Scala cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: el que se refiere al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y el que se propone “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando el debate con relación a los aspectos médicos, legales y principalmente éticos”. CDD fue obligada a defenderse. En la pulseada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Eduardo Luis Duhalde, pidió a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que no hiciera lugar al pedido. Finalmente el planteo de los grupos antiderechos fue desestimado.

Ahora la persecución la sufre una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, la médica tocoginecóloga y docente universitaria, ex directora del Hospital Rawson de la ciudad mediterránea Gladys Ponte. Fue denunciada a fin de 2008 por supuesta mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la OMS. Ponte es coordinadora del Curso de Posgrado en Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género que lleva adelante CDD en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba desde hace cuatro años. En la última clase del año pasado, una médica que no era alumna la presenció, y expresó su disidencia en cuanto a los criterios para el acceso al DIU. Ponte tuvo que presentar descargos ante el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y el Tribunal de Etica del Consejo Médico de la provincia.

Los tentáculos de quienes pretenden que el aborto siga siendo un tema tabú son largos. Y aprietan. Lo experimentó un juez de un alto tribunal que daba clases de Derecho Administrativo –ni de Bioética ni de Derecho de Familia ni de Derecho Penal– en un posgrado de la UCA y que después de avalar la realización de un aborto terapéutico en 2005 fue desplazado del cargo académico como consecuencia de su fallo, que no hizo más que respetar el cumplimiento de la ley. El aborto terapéutico lo había solicitado en un hospital una mujer con graves problemas cardíacos y le habían exigido una autorización judicial. El caso estaba claramente contemplado entre los permisos que otorga el Código Penal en su artículo 86 inciso 1º. Pero el magistrado tuvo su dura reprimenda. El episodio fue ampliamente comentado en el ámbito del Derecho Administrativo, especialidad del juez, pero nunca trascendió a la prensa hasta ahora. Meses después lo “desinvitaron” del principal congreso de la especialidad que se realizaba en Buenos Aires. La misma represalia sufrió la jueza de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, conocida por sus posiciones a favor de la despenalización del aborto. Pero por presiones de otros colegas, indignados por la decisión, ambos fueron nuevamente invitados. Kemelmajer no concurrió.

Es también conocido en los círculos médicos el caso de un profesional con larga trayectoria en un hospital privado de renombre de la ciudad de Buenos Aires a quien se le cortó la posibilidad de ascenso hasta la jefatura del servicio por plantear en los medios de comunicación su posición a favor de la despenalización. La nueva conducción que asumió al frente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), con Jorge Vinacur al frente, impulsó en 2008 la aprobación –dentro del plan estratégico de la entidad– de un compromiso de apoyar y respaldar a los miembros que fueran sancionados en algún ámbito por hablar del aborto a favor o en contra: no hubo consenso, los votos contrarios fueron mayoría en la comisión directiva. Es otro ejemplo de cómo los sectores conservadores obturan el debate. Sogiba, la principal entidad médica de su especialidad por cantidad de miembros –unos 1500, con un sistema muy restrictivo de ingreso– tiene como responsable de su revista científica y de la página web a un médico catequista, Javier Bidaurreta. Con la nueva conducción, soplan algunas brisas más “progresistas”, pero las posiciones de la institución en torno de la anticoncepción han estado históricamente más cerca del Vaticano que de la ciencia y la defensa de la salud de las mujeres. Frente al aborto –-hasta ahora–, siempre ha preferido el silencio.

Enturbiar la posibilidad de una discusión sincera ha sido una de las estrategias de los sectores conservadores, vinculados con la Iglesia Católica. En Rosario, el 21 de agosto de 2008 el Concejo Deliberante aprobó por amplísima mayoría (17 a 3) una declaración por la cual pidió que el Congreso Nacional trate los proyectos que proponen la despenalización y legalización del aborto. Los y las concejales que apoyaron la iniciativa, promovida por la socialista Marisa Pugliani, recibieron amenazas de muerte a través de sus correos electrónicos. Los concejales no pidieron otra cosa que el debate. “Votaste a favor de la muerte y de tu muerte. Así como tengo tu dirección de correo, también tengo la dirección de tu casa y también puedo encontrarte camino al consejo (sic). Es muy fácil”, decían los mensajes que les llegaron a sus casillas de e-mail, para amedrentarlos y hostigarlos tras la votación.

Las amenazas se repitieron a diputadas que apoyaban la aprobación de un proyecto presentado hacia fin de 2008 por tres kirchneristas en la Cámara de Diputados de la Nación para clarificar los alcances de los permisos previstos en el Código Penal. El tratamiento quedó finalmente congelado porque no hubo consenso en el bloque oficialista.

El tocoginecólogo y cirujano Fernando Giayetto fue desplazado a fines de julio del Hospital Molas, de la capital pampeana, y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa. No tiene dudas de que su posición ideológica fue el detonante del confinamiento: Giayetto milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoyan la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva, realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos: entre 2007 y 2009 hubo cinco casos en el Hospital Molas que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. El gobierno de Oscar Jorge finalmente lo neutralizó al designarlo en una salita. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. El veto había sido reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.