Once organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de periodistas y de editores de medios, manifestaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia su preocupación por las restricciones al trabajo de la prensa en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las entidades alertaron sobre normas de ingreso a las salas que “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”, destacaron como “ejemplo más resonante” al Tribunal Oral Federal 5 porteño que hoy dictará sentencia a ex jerarcas militares de la ciudad de Buenos Aires y luego juzgará a represores de la ESMA y reclamaron al alto tribunal una aclaratoria sobre su acordada 29, de octubre pasado, para “garantizar de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional”.

Los obstáculos del Poder Judicial al trabajo de la prensa no son nuevos. Querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país han reclamado mayor publicidad a medida que sus causas llegaron a juicio. La particularidad del nuevo pedido a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, radica en la diversidad de las entidades, que no son parte en juicios a represores: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que reúne a los dueños de los diarios, incluidos los críticos a la reapertura de los juicios.

La nota a la Corte analiza la situación en distintas jurisdicciones: desde “buenos ejemplos de relación entre prensa y Justicia” como en La Plata y Córdoba, pasando por “el caso intermedio” de Tucumán, donde detectaron “limitaciones en el ingreso” de los reporteros, de Neuquén y Rosario, donde existen “reales limitaciones materiales para el trabajo de prensa”, hasta el caso extremo del TOF-5 porteño, que dictó seis sentencias sin reporteros en la sala y donde comenzará el mes próximo “un juicio de inconmensurable valor simbólico: la llamada causa ESMA”.

Las organizaciones recordaron que, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte Suprema”, el tribunal que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado prohíbe el ingreso de cámaras de televisión a la sala y sólo permite a los canales tomar imágenes a través de un circuito cerrado operado por la Policía Federal. La prohibición a los fotógrafos fue absoluta hasta el escándalo en el inicio del juicio al general Olivera Róvere, cuando un secretario del TOF y otro de la Corte cubrieron con sus manos la cámara de un reportero de Télam. Desde entonces sólo autorizan el ingreso de la agencia oficial, aunque con la prohibición de tomar primeros planos de los imputados y fotos del tribunal.

Las organizaciones proponen como criterio general “permitir la toma directa de imágenes y audio”, con “pautas diferenciadas” según las etapas del proceso. Sostienen que “no debería limitarse el ingreso de reporteros gráficos”, estiman “no razonable” prohibir primeros planos de imputados o imágenes de Sus Señorías, sugieren permitir el ingreso de periodistas radiales con grabadores y, frente a las excusas fundadas en “razones de espacio”, proponen buscar alternativas “para una mejor cobertura de estos acontecimientos”.