A una semana del escrache al titular de la UCR, Gerardo Morales, que desató reclamos de la oposición por un supuesto “clima de violencia” propiciado por el gobierno nacional, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, insistió con que “las agresiones son repudiadas, vengan de donde vengan” pero, advirtió, “hay un componente de sobreactuación de algunos dirigentes que quieren sacar con esto algún rédito político”. Las declaraciones del funcionario provocaron una respuesta del diputado radical Miguel Angel Giubergia, jujeño al igual que Morales, quien señaló que “pasaron ocho días y el ministro se despierta recién ahora. Hubiera sido mejor que siguiera escondido”, completó.

“No cabe en la cabeza de ninguno de los que fuimos agredidos sacar rédito político de esta grave situación”, desmintió Giubergia, que estuvo presente en el acto en el que el presidente radical fue agredido por militantes sociales. “Le aviso a Randazzo, por si no leyó los diarios, que ya hicimos la denuncia pertinente en la Justicia Federal”, insistió el diputado. Además, sostuvo que “la que mantiene de rehenes a los pobres en Jujuy es la organización Túpac Amaru, de Milagro Sala, adicta al kirchnerismo, del que Randazzo forma parte. Utiliza la plata de todos los argentinos para agredir, intimidar a los que piensan distinto”.

Las palabras del jujeño tuvieron eco en varios sectores del kirchnerismo y distintos referentes oficialistas salieron a contestarle. “Morales nos acusa de tener grupos armados en los movimientos sociales y de manejar la droga –contraatacó el diputado Edgardo Depetris–. Sin embargo, es su partido el que gobierna desde hace quince años en Corrientes, donde sucedieron los asesinatos y las denuncias cruzadas y las sospechas de fraude entre las dos expresiones del radicalismo.” Según el legislador bonaerense, esta “campaña” de la oposición se enmarca en “el clima destituyente que empezó con el lockout patronal agrario y continúa con una campaña multimediática que tiene su máxima expresión en (Elisa) Carrió y Morales”, quienes, sostuvo, “trabajan para deslegitimar a los movimientos sociales, descalificando y provocando acciones de supuesto caos y violencia política porque se están preparando para reeditar un nuevo 19 y 20 de diciembre de 2001”.

Otro que salió con los tapones de punta a contestar las acusaciones opositoras fue el titular de la Central de Movimientos Populares, Luis D’Elía. “La única violencia que conocemos es la que ejercen los de arriba, en contra de los más débiles de abajo”, aseguró. El dirigente de base apuntó que “en esta sociedad vale más un huevazo contra un blanco que la vida de un indio”, durante un acto en la Plaza del Congreso. Allí se realizó una protesta por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, ocurrido en Tucumán a principios de mes.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, recordó que gracias a la existencia de la Túpac Amaru en Jujuy “perdieron espacio la lacra del clientelismo político, el narcotráfico y los grupos mafiosos” y que esa organización logró “construir 3800 viviendas, escuelas y un centro de salud con tecnología de primera, con un tomógrafo que está gratuitamente a disposición de todos los jujeños”. En tanto, el legislador porteño Juan Cabandié adhirió a la hipótesis de que el país se encuentra en “el preámbulo de un golpe de Estado”. “Hoy no tienen capacidad militar de realizar ese golpe de Estado, de golpear los portones de los regimientos –sostuvo–. Lo que hacen es ir esmerilando, utilizando los medios de comunicación. Carrió hace una semana estaba desaparecida de la escena y hoy ocupa los primeros lugares del Grupo Clarín.”