El conflicto por despidos en Kraft Foods todavía no termina, pero para Ramón Bogado empieza otro proceso judicial por corte de calles. El 5 de noviembre tiene que prestar declaración indagatoria ante la Justicia contravencional porteña por “el corte de una vía de circulación sin autorización”, ocurrido el 24 de agosto en Callao y Mitre, frente a una dependencia de la cartera laboral. La paradoja es que, por estas horas, el coordinador de la comisión interna de la fábrica de galletitas y golosinas se pronunció en contra de volver a interrumpir el tránsito como protesta por los 52 trabajadores que quedan despedidos, para cumplir con la “paz social” de dos meses establecida en el acta firmada el viernes pasado en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, un grupo de los despedidos decidió acampar frente al portón de la planta de Pacheco y otro hará un nuevo escrache a la Unión Industrial con organizaciones estudiantiles.

“Nos hacen perder el tiempo por una contravención, todavía seguimos con el conflicto y tenemos que dar explicaciones de que cortamos para reclamar por los 160 despidos que iniciaron todo esto”, dijo Bogado a Página/12. La citación fue dictada por el fiscal de la ciudad Luis Arbizu, que le imputó a Bogado haber violado el Código Contravencional en la protesta que acompañó la audiencia entre los directivos de Kraft y la comisión interna, luego de que la empresa despidiera a ese grupo de operarios por haber hecho un “paro ilegal” en demanda de medidas por la gripe A. No es la primera vez que a este dirigente sindical lo criminalizan por protestar. En julio fue absuelto en una causa penal que la había iniciado Autopistas del Sol por el corte de la Panamericana, en mayo de 2007, en medio de una protesta por estabilidad laboral y aumento salarial en Kraft.

Bogado dijo que “ahora algunos compañeros quieren movilizarse y otros están acampando, pero en asamblea se decidió esperar por el compromiso del Ministerio de Trabajo de encauzar la situación, y luego reiniciar el plan de lucha”. Sin embargo, de esos 52 trabajadores algunos ya “se bajaron” de la lucha porque necesitan buscar trabajo. El fondo de huelga que están juntando sus compañeros ayuda pero no alcanza. Y entre los que decidieron “seguir la pelea” hay dos posiciones: el acampe o el corte de ruta, la aceptación o el rechazo del acta firmada con la empresa en el Ministerio de Trabajo. “Le decimos a la empresa que vamos a continuar por la reincorporación de todos, contamos con el apoyo absoluto de los compañeros de adentro que están juntando plata para bancarnos”, dijo a Página/12 César García, delegado despedido del sector chocolate. Este trabajador afirmó que en dos asambleas de 700 y 800 personas se votó aceptar el acta porque son “un paso adelante las 70 reincorporaciones, devolver la comisión interna a la fábrica, y que la empresa firme que no puede echar ni poner turnos de 12 horas. Al mismo tiempo se empieza a hablar de quite de colaboración (negarse a hacer horas extra) en caso de que la empresa no cumpla”. Para diferenciarse, García agregó: “Todo o nada era la derrota”.

Por su parte, Javier “Poke” Hermosilla, delegado de la interna que fue reincorporado por decisión judicial, dijo que “las asambleas fueron minoritarias, abuchearon a los compañeros por haber firmado el acta, pero la terminaron aceptando porque les decían que se perdían los 70 puestos logrados”. Y reiteró que “el acta ya había sido rechazada por despedidos y suspendidos, pero ellos desconocieron ese mandato. Los interesados en imponerla son la empresa y el ministerio, no los trabajadores”.

El lunes el Ministerio de Trabajo provincial comenzaría a convocar a cada uno de los despedidos. “De medidas concretas ni hablan, depositan confianza en una negociación caso por caso cuando es la peor situación, porque esto fue un conflicto colectivo desde el principio”, completó Hermosilla.