Los jueces de Misiones imputados y citados a indagatoria en la investigación sobre las pinchaduras telefónicas iniciaron una batalla para sacar de la causa al juez federal Norberto Oyarbide y llevarla a los tribunales de esa provincia. Lo hicieron a través de una secretaria, también citada como sospechosa, quien pidió que el magistrado porteño se inhiba en el caso y se abstenga de seguir impulsando medidas para esclarecer las operaciones de espionaje por las que ya fue procesado el policía Ciro James –un personaje muy cercano al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios– y que podrían llevarlos a ellos a correr la misma suerte. Oyarbide confirmó, tal como anticipó Página/12, que entre las víctimas de las escuchas figuran dos gerentes de Coto y el abogado Francisco Castex, quien pertenece a un importante estudio jurídico. Y, con aires de misterio, dijo que la lista continuará.

Los jueces misioneros Horacio Gallardo y José Luis Rey –a quienes se vincula con el ex gobernador Ramón Puerta– están citados a indagatoria para el martes. Van a tener que explicar por qué ordenaron, en dos causas por asesinato, las intervenciones telefónicas a siete personas que no tenían nada que ver. Hasta ahora el juzgado corroboró que fueron espiados Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA; el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno que es gerente en TyC Sports, el abogado Castex –del estudio de Alfredo Iribarren–, dos gerentes de Coto y el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, quien acusó abiertamente en su declaración testimonial a su suegro Franco Macri y a su cuñado Mauricio. “Está enfermo de bronca”, describió Oyarbide a Leonardo.

En lo que compete a los jueces, el caso de Avila es quizás el más grotesco, ya que fueron interceptadas sus comunicaciones en varias oportunidades desde 2007 hasta este año y, para eso, la orden de escucha fue cambiando de causa y hasta de juzgado. Para ello los magistrados abrían legajos separados de la causa principal, de manera que pasaran desapercibidos. La secretaria del juzgado de Gallardo, Mónica González, también citada a indagatoria, fue quien le planteó ayer a Oyarbide que debería inhibirse de seguir investigando, ya que, argumentó, el caso es de competencia misionera. Allí apenas estalló el escándalo se abrió una causa en el juzgado de Fernando Verón para investigar a los policías de Misiones ligados al espionaje. Sin embargo, tres de ellos ya fueron procesados por Oyarbide por haber involucrado falsamente a las víctimas del espionaje con un asesinato para justificar las pinchaduras.

Oyarbide resolvería el planteo más adelante. No tiene dudas de que la investigación debe realizarse en Buenos Aires porque las escuchas eran producidas aquí, en la SIDE, y retiradas siempre por James. Si los jueces no van a la indagatoria, Oyarbide evalúa pedir su desafuero. Ayer se quejó de la “renuencia sorprendente” que vienen manteniendo a remitirle fotocopias de las investigaciones donde se produjeron las escuchas.

Oyarbide explicó que “hay que bucear profundamente para saber de dónde provenían y dar con las personas que tenían interés en escuchar esas conversaciones”. Y, en alusión a lo que constituiría un negocio de servicios de espionaje, dijo que no hay que descartar que “esas escuchas hayan sido vendidas”.

Hay dos casos que han resultado los más reveladores sobre la posible trama. Uno es el de Burstein, un férreo opositor a la designación de Palacios al frente de la Metropolitana. Su escucha se produjo entre agosto y septiembre cuando al comisario retirado estaban por procesarlo por encubrimiento del atentado a la AMIA. Palacios tiene dos empresas de seguridad y en ese mismo período habló 150 veces por teléfono con James, a quien –además– estaba ayudando a ingresar a la Metropolitana. La historia de Leonardo, casado con Sandra Macri, potencia la acusación directa contra su suegro y su cuñado Mauricio: su teléfono fue pinchado el 23 de mayo de 2008 y siete días después James firmaba un contrato con el Ministerio de Educación porteño como supuesto asesor legal –sin dejar la Federal– aunque ningún funcionario sabe o quiere decir qué hacía allí, donde perduró hasta que hace un mes fue detenido.