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“La calle es un caos.” La afirmación alcanzará niveles paroxísticos a medida que se acerque el próximo paro de subterráneos, anunciado para el martes que viene por 24 horas. Repetida infinidad de veces por día, la frase dejó de ser una mera descripción de ambiente para adquirir resonancias de diagnóstico político. Dicha así, indicaría que el Gobierno perdió el control de la situación, en primer lugar del orden en las calles, y cada quien hace lo que le viene en gana sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias para los demás. Cada noche, al regresar a casa, las pantallas de mayor audiencia ratifican el pronóstico de la mañana y funcionan como anticipo de lo que sucederá al día siguiente. Devenido en lugar común, el dicho ya se usa como excusa para llegar tarde o faltar a una cita y, por supuesto, como argumento de crítica a la gestión oficial a favor de alguna tajada de la oposición o de exclusión clasista en contra de los pobres, los trabajadores y los marginales.

Las exageraciones son más creíbles cuando se originan en alguna referencia verídica y, en este caso, es cierto que hay días en que las calles son caóticas, a veces por buenos motivos y otras no tanto. Cuando interrumpen el tránsito las brigadas municipales de reparaciones puede ser una buena causa, pero más de una vez la planificación de los cortes parece obra de algún volado que viaja en helicóptero. En la otra punta de las referencias ejemplares, están esos pequeños grupos que quieren dar a conocer sus opiniones o demandas y primero llaman a la “tele” y luego bajan a la calle. Son los hijos naturales del poder mediático que han sido educados en la idea de que si la TV no exhibe, no existe, y también que sólo se ocupa de lo que tenga rasgos escandalosos. Por lo general, la carencia principal para estas minorías deriva de la ausencia de interlocutores válidos y útiles en el sistema de representación. Uno puede entrevistar a un congresista (diputado, senador) y esperar meses por algún resultado, si es que llega algún día, mientras que un par de apariciones en algún noticiero provoca alguna respuesta. Los primeros en emplear el método de difusión son los políticos que viajan en charter de canal en canal y de programa en programa, poniendo la cara y opinando sobre la agenda que preparan los productores de prensa.

Luego, está la realidad. En primer lugar, la de los pobres y postergados, que son millones aún en las estadísticas oficiales, de manera que lo que se muestra es apenas la punta del iceberg. Para tener una verdadera imagen de caos habría que imaginar el día que varios millones de postergados decidieran acampar al mismo tiempo en la Ciudad Autónoma. Su mera existencia refleja una de las mayores frustraciones después de la crisis de 2001/02. Los años de bonanza que siguieron, con tasas de crecimiento “a la China”, no alcanzaron para reparar los estragos de los períodos de auge de las políticas conservadoras en el último cuarto del siglo XX. La prometida redistribución de la renta fue insuficiente ya no para implantar la justicia social sino, al menos, para restablecer cierto grado de equidad entre los distintos grupos sociales, para achicar las distancias, en lugar de aumentarlas como sucedió, entre ricos y pobres. La muerte diaria de una docena de chicos por desnutrición y otras causas evitables es el más crudo testimonio que acusa a la codicia de algunos y la impotencia de tantos. El acusado central es la elite nacional, oficialistas y opositores, que hacen gárgaras con planes para combatir la pobreza, de los que resulta nada o muy poco.

Los movimientos sociales, en su origen también llamados movimiento nacional piquetero, pese a la diversidad y el vasto número de organizaciones, cada uno agrupado con el territorio como base de pertenencia, apenas si nuclean a minorías del océano de pobreza en todo el país. Es una lástima que salvo algunas crónicas aisladas, el sistema mediático haya ignorado el formidable esfuerzo de trabajo de algunas de estas entidades que crean cooperativas, construyen o urbanizan barriadas humildes, instalan escuelas y centros de salud, producen en talleres propios delantales, zapatillas y otros elementos de la indumentaria básica de sus miembros, cultivan huertas y realizan otras actividades productivas. En cambio, la mayor difusión y condena fue para la actividad de cortes de calles y rutas, aunque el mismo método fue consentido y hasta alabado cuando lo hicieron suyo “la Mesa de Enlace” agropecuaria y sectores de las clases medias. Hoy en día la medida de fuerza se generalizó hasta el grotesco, quitándole legitimidad a un mecanismo de protesta que tiene razones válidas en muchas de sus expresiones cotidianas. Hay que evitar, sobre todo, que el fastidio por los inconvenientes en el tránsito derive en una deliberada actitud cultural clasista que desprecia a “la negrada de mierda”. No es una mera cuestión ideológica porque los valores de la solidaridad comunitaria son indispensables para construir una sociedad integrada, que rechace la violencia y la hostilidad recíprocas. Sería un valioso aporte a la seguridad de todos.

Otra fuente de importancia de la agitación callejera en estos días tiene origen gremial. Algunas de la cabeza sindical, como la violenta manera que usa el sindicato de Hugo Moyano, aliado central del Gobierno, para adherir a transportistas de toda clase de actividades, una actitud que en su momento provocó enconados intercambios de acusaciones con el gremio mercantil y otras áreas de la cadena económica. La mayoría de los conflictos, sin embargo, provienen de una fuente irregular, desde la propia base sindical, y cuestionan los sindicatos que creó Perón a mediados del siglo pasado. Casi como un emblema, está el conflicto en los subtes, cuyo personal quiere crear un sindicato paralelo a la UTA, cuyos dirigentes secundan a Moyano, pero el Ministerio de Trabajo cajonea el expediente, igual que lo hace con la solicitud de personería de la CTA, a lo que se opone la CGT de Moyano.

Todos saben de la admiración de la presidenta Cristina por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), tanto que bregó hasta conseguir que el G-20 invitara a una delegación del organismo integrado por patrones, obreros y Estados. La OIT pregona el principio de la libertad sindical con afiliación voluntaria de los obreros del sector, pero la adhesión presidencial no llega a la puntillosidad de cumplir con todos sus mandatos. Sobre todo, porque la estrategia política del kirchnerismo tiene en el aparato sindical tradicional, encabezado por Moyano, uno de sus aliados mayores para la batalla partidaria por el control del peronismo y en la competencia política por la sucesión presidencial. Es difícil, por lo tanto, que el ministro Tomada se deje persuadir por movimientos de base, como el de subtes, aunque tampoco negará en público ya que aparecería desconociendo uno de los principios de la OIT.

Los estrategas de la Casa Rosada podrán justificar en la ética de la necesidad esta absurda negación de legítimas demandas como los de la CTA y de tantos otros movimientos sindicales de base en fábricas y territorios (lo cual abarca a los desocupados en sus lugares de residencia, ya que los sindicatos formales se desentienden del afiliado que pierde el empleo), pero los soportes de coyuntura no alcanzan para disimular que se trata de un aparato anacrónico, vertical, burocratizado, gerenciador de fondos, que pierde afiliados hasta el punto de representar hoy, en verdad, alrededor del diez por ciento de la mano de obra nacional. Oponerse a la evolución democrática de las instituciones políticas y sociales es un compromiso posible, con eventual ganancia en lo inmediato, pero es tan estéril como el intento de detener el tiempo.