La necesidad de diálogo, los consensos y los acuerdos en función de políticas públicas son los temas dominantes de la declaración emitida ayer por los obispos católicos al término de la asamblea que, bajo la presidencia del cardenal Jorge Bergoglio, realizaron esta semana en la localidad bonaerense de Pilar. Afirman los obispos que “la democracia no se fortalece en la conflictividad de las calles y rutas, sino en la vigencia de las instituciones republicanas”. El texto, de dos carillas de extensión, lleva por título “Somos hermanos, queremos ser Nación” y reitera muchos de los conceptos que se les han venido escuchando a los jerarcas de la Iglesia Católica en los últimos tiempos y está también en sintonía con varios temas que se agitaron en el mundo político y de los medios de comunicación en los últimos días.

Dicen los obispos que “perciben” un clima social de conflictividad y violencia que se refleja, por un lado, en “la violencia verbal y física en el trato político y entre los diversos actores sociales, la falta de respeto a las personas e instituciones, el crecimiento de la conflictividad social, la descalificación de quienes piensan distinto, limitando así la libertad de expresión” siendo todas estas “actitudes que debilitan fuertemente la paz y el tejido social”. Por otro lado, esa misma conflictividad, dicen, se manifiesta en “la crueldad y el desprecio por la vida en la violencia delictiva, frecuentemente vinculada con el consumo de drogas, que no sólo causan dolor y muerte en muchas familias sino también pone a los jóvenes en el riesgo de perder el sentido de la existencia”.

Sostiene la jerarquía católica que este “clima social” está alejado de las “sanas aspiraciones de nuestro pueblo” y argumenta que las afirmaciones que realiza son “fruto de nuestra experiencia pastoral, que nos muestra que en el pueblo existen hondos deseos de vivir en paz y en una convivencia basada en el entendimiento, la justicia y la reconciliación”.

La referencia a la pobreza no quedó tampoco al margen de la declaración episcopal en esta oportunidad. Entienden los obispos que la situación es “dramática” para “muchos hermanos nuestros”, si bien reconocen que “ya se han definido algunos caminos de ayuda y asistencia para las necesidades más urgentes”, pese a lo cual “se hace necesario alcanzar estructuras más justas que consoliden un orden social, político y económico, con equidad e inclusión”.

En otro de los párrafos y en directa alusión a los debates políticos y sociales de los últimos tiempos, la jerarquía católica admite que “muchas veces no se encuentran fácilmente los medios para atender y canalizar las necesidades legítimas de los distintos sectores” pero subraya que el método debe ser “la vigencia de la instituciones republicanas y no la conflictividad de las calles y rutas”.

Reiterando un argumento siempre presente en los documentos episcopales católicos de los últimos tiempos, la conducción eclesiástica sostiene que la raíz de todos los problemas radica en “la crisis cultural, moral y religiosa en que estamos inmersos”. Agregan en esta misma línea los obispos que “la cultura relativista imperante (...) corroe el sentido de la verdad (y) acentúa también el individualismo que lleva al encierro y la indolencia frente al sufrimiento humano y a un progresivo acostumbramiento y resignación ante la pobreza y exclusión de muchos”. Por otra parte, sostienen, “el consumismo exacerbado de unos pocos expresa la prevalencia de actitudes narcisistas y egoístas en la sociedad”.

A modo de propuesta, los obispos sostienen que la vida en democracia tiene que apoyarse en valores permanentes y que debe sostenerse en “el respeto a la Constitución nacional y las leyes en la autonomía de los poderes del Estado como principio fundamental” y “en la vigencia de las instituciones”. A lo anterior se agrega que “el bien personal y sectorial deben armonizarse con la búsqueda del bien común, y siempre teniendo particularmente en cuenta a los más pobres”.

La declaración termina reiterando un llamado al compromiso de un “bicentenario en justicia y solidaridad que tiene que concretarse sin pobreza ni exclusión, sin enemistades ni violencias”, subrayando que “todos somos corresponsables de la construcción del bien común”. La Iglesia Católica convocó también a una jornada de oración para rogar por la labor de quienes, a partir del 10 de diciembre próximo, asuman nuevas funciones legislativas.

Se supo también que una delegación eclesiástica, que incluirá algunos obispos, acompañará a la presidenta Cristina Fernández cuando viaje al Vaticano el 29 de noviembre para, junto con su par chilena Michelle Bachelet, celebrar con el papa Benedicto XVI el 25º aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre los dos países, que dio por terminado el conflicto del Beagle. Ese acuerdo se logró gracias a la mediación del cardenal Antonio Samoré, el enviado de Juan Pablo II.