La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó por unanimidad la opinión consultiva formulada por el Estado argentino, a iniciativa del canciller Jorge Taiana, relacionada con la interpretación del artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el análisis, se consideró la posibilidad de los Estados de designar un juez ad-hoc en el marco de una demanda originada en una petición individual, porque se vulneraba el principio de igualdad en perjuicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La solicitud también sostuvo la necesidad de que los magistrados que ostentaran la nacionalidad del Estado demandado se abstuvieran de participar en el caso, en aras de preservar el derecho a un juez independiente e imparcial.