Ocho años después de que se iniciara la causa Thales, la Justicia ratificó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por la multimillonaria defraudación al Estado en la concesión del espacio radioeléctrico a esa empresa. Fueron los jueces de la Sala II de la Cámara Federal quienes confirmaron la resolución del juez federal Norberto Oyarbide, que había incluido un embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes del actual senador nacional. De este modo, el escándalo de corrupción derivado de aquella privatización del espacio radioeléctrico, cuya administración había sido siempre ejecutada por el Estado, se encamina a juicio oral.

Aquel contrato le había concedido a la empresa Thales Spectrum Argentina hasta 2012, y a cambio de 500 millones de dólares, “los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico”. Mientras la Justicia determinaba que la compañía había incumplido con sus obligaciones contractuales, en 2004 la administración de Néstor Kirchner anuló la concesión.

“Puede considerarse –dijo el tribunal– que TSA incumplió la prestación principal del contrato al no entregar el sistema informático comprometido, tanto conforme a los términos originales del acuerdo, que era de 80 días desde la entrada en vigencia, como a la posterior reprogramación de plazos” aprobada por resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante la administración menemista la CNC pasó de la Secretaría de Comunicaciones a depender directamente de Presidencia de la Nación. Al ex jefe de Estado se le atribuye responsabilidad por la firma del decreto 127/98, que convalidó “un procedimiento licitatorio sumamente irregular” y por omitir los “resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado Nacional”, dijeron los camaristas.

Al momento de defenderse, los abogados de Menem argumentaron que el ex presidente había delegado el tema en la CNC, pero la Sala II de la Cámara afirmó que los elementos de prueba reunidos en el sumario “permiten inferir el acabado conocimiento que poseía el ex presidente sobre todo lo atinente a la licitación cuestionada”. El tribunal remarcó que la delegación de funciones a órganos inferiores para que instrumentaran la licitación y ejecución del contrato de concesión no eximía a Menem, por ser titular del Poder Ejecutivo Nacional y, en ese carácter, por “la relación inmediata que mantenía” con el patrimonio del Estado. En tal sentido, los camaristas recordaron que la Secretaría de Comunicaciones “había sido trasladada al ámbito de la Presidencia de la Nación justamente al instrumentarse esta licitación”, y que “a partir de allí se hicieron las modificaciones al pliego y contrato originarios, todas favorables al concesionario” TSA.

Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah afirmaron que “Menem realizó un aporte no sólo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro (radioeléctrico) y su inacción fue perjudicial para el Estado”. Y determinaron que esa inacción privó al Estado de “un aporte de conocimientos y tecnología al que se había comprometido TSA, además del desequilibrio económico que desencadenó el incumplimiento de la concesionaria durante la ejecución del contrato”. El tribunal consideró, además, que los incumplimientos de TSA “encuentran su origen” en la elaboración de un contrato con cláusulas “flexibles” que habilitaron posteriores modificaciones, sobre la marcha de la concesión, que “se presentan dotadas de una legalidad aparente”.

En esta causa que se inició en 2001, el juez federal Sergio Torres procesó, hace algo más de un año, a una decena de ex funcionarios y ex representantes de TSA, entre ellos Kammerath. La licitación, anulada por Kirchner, había sido aprobada el 23 de diciembre de 1996; una semana después fue publicada en el Boletín Oficial y días más tarde vencía el plazo para la adquisición de los pliegos, condiciones que no afectaron a TSA, entonces con otro nombre.

El empresario Jorge Neuss era integrante del directorio de Thales en Holanda cuando Thales Argentina ganó la concesión, y también era amigo íntimo del ex presidente Carlos Menem, con quien compartía sus tardes de golf, lo que da pie a la sospecha de que habría sido el artífice del negocio y luego habría cobrado por ello.