El demorado hallazgo de la familia Pomar, veinticuatro días después de haber sufrido un accidente fatal en una ruta bonaerense, golpeó más a la policía provincial que cualquiera de los hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas. El ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desplazó de su cargo a tres jefes responsables de la investigación: los titulares de la DDI y de la Departamental de Pergamino y el jefe del Destacamento Vial de San Andrés de Giles. Pero también le pidió la renuncia a la plana mayor de la policía, incluido su jefe, para analizar caso por caso quién de ellos queda en su cargo y quién pasa a retiro. Los desplazamientos fueron pedidos por el gobernador Scioli. Fue su manera de dar a conocer su “malestar con toda la cúpula de seguridad y policial”, según dejó trascender una fuente de la gobernación. Ese malestar no se traduciría, por ahora, en la salida del ministro Stornelli pero, según el vocero, esa posibilidad no sería tan lejana.

Al relevo de los responsables directos en la investigación se le sumó la apertura de una investigación en Asuntos Internos. “Por cada día de patrullaje se hace un acta donde debería estar todo escrito y formado por el responsable”, dijo a este diario una fuente del Ministerio de Seguridad. Las medidas se completan con el pedido de renuncia al jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, y los catorce superintendentes que integran la plana mayor. Los anuncios fueron formulados ayer por el secretario de Investigaciones, Paulo Starc, en una conferencia de prensa a la que no asistió Stornelli, pero que contó con la presencia del jefe de la fuerza y del superintendente de Investigaciones, Antonio Torreira, dos de los quince jefes a los que les pidieron la renuncia.

Los relevos y la posibilidad de pasar a retiro a buena parte de la cúpula policial son la respuesta que encontró el gobierno bonaerense ante los duros cuestionamientos que recibió la fuerza de seguridad en las últimas 24 horas por la demora en encontrar a la familia, que había desaparecido el sábado 21 de noviembre, cuando viajaba desde José Mármol a Pergamino.

Desde entonces, los investigadores dejaron trascender distintas líneas de investigación que sugerían la posibilidad de que hubieran sido víctimas de un delito y abrieron las puertas para hipótesis que resultaron no tener ningún sustento. Desde la Justicia, la policía tenía una indicación clara: la fiscal de Pergamino, Karina Pollice, a cargo de la investigación, había ordenado el rastrillaje de las rutas desde los peajes donde se había registrado el paso de los Pomar, hasta Pergamino, incluidos todos los caminos alternativos.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas Candelaria y Pilar, de 6 y 3 años, fallecieron como consecuencia de un accidente de tránsito (ver nota aparte). Sus cuerpos fueron encontrados a unos 20 metros de la ruta 31, en la localidad de Gahan (poco antes de Salto), en una zona de montes y altos pastizales. Todos habían salido despedidos del auto Fiat Duna Weekend en el que viajaban y que, fuera de control, se salió de la ruta y dio varios tumbos.

Sus cuerpos no fueron hallados ni por un chacareros ni por una patrulla de baquianos, sino por un jefe policial, el comisario inspector Juan Carlos Ruiz, titular de la Distrital Salto, quien iba acompañado por el jefe de la patrulla rural, Daniel Arrobito. Los dos decidieron salir a “profundizar el rastrillaje” que ya habían hecho en un avión fumigador de un vecino. Cuando bajaron del auto para transitar por un pequeño monte, rodeado por un pastizal, descubrieron los cadáveres y el Duna Weekend dado vuelta.

Sensible a las críticas lanzadas desde los medios, Scioli le pidió a Stornelli el relevó de los responsables locales de la investigación: el jefe de la Departamental Pergamino, comisario mayor Roberto Gabín; el titular de la DDI de ese distrito, comisario inspector Julio Golpe, y el jefe del Destacamento Vial de San Andrés de Giles, comisario Carlos Marano. Scioli formuló el pedido después de reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y antes de dar a conocer, a través de sus colaboradores, su “malestar” con los responsables del área de seguridad en la provincia.

En la conferencia de prensa, Starc admitió que “en algún lado falló” la pesquisa sobre el paradero de la familia Pomar. Dijo que la zona donde se encontraron los cadáveres fue rastrillada varias veces, aunque no precisó cuántas. “Estamos evaluando para determinar quiénes son los responsables de los rastrillajes que se realizaron por esa zona”, afirmó. Además, dijo que “desde la ruta no se ve el pastizal, que es muy alto. Hay una arboleda muy alta y tupida que no permitió ver al helicóptero” que sobrevoló el lugar.

Además de Paggi, la nómina de los funcionarios a los que Stornelli les pidió la renuncia incluye a los superintendentes regionales de Zona Norte, Salvador Baratta; de Zona Sur, Roberto Castronuovo; de Zona Oeste, Mario Valente, y de Zona Interior, Celestino Barragán. Los pedidos contemplan además a los superintendentes de Coordinación Operativa, Ernesto Araguez; de Investigaciones, Antonio Torreira; de Institutos de Formación Oficial, Roberto Silva; de Seguridad Vial, Ernesto Giménez; de Drogas Ilícitas, Claudio Fernández; de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, Hugo Matzkin; de la Policía Científica, Pablo Vázquez; de Siniestral, Jorge Venturini; de Investigaciones de Delitos Complejos, Walter Carballo, y de Servicios Sociales, Héctor Martínez.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que los pedidos de renuncia están vinculados con “la reestructuración que se está haciendo en la fuerza” y con “los pases a retiro que todos los años involucra al personal con más de 30 años de antigüedad”. Pero es innegable que la crisis se desató por las críticas originadas en recientes hechos delictivos y en el tardío hallazgo de la familia Pomar. La verdad se sabrá cuando se conozca la cantidad de las renuncias aceptadas y los nombres de los renunciantes, entre hoy y mañana.