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El ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y su segundo, Paulo Starc, pueden sufrir un calambre de lengua, porque llevan 48 horas hablando sin parar, acaso con la ilusión de batir el record mundial de palabras vacías.

Su intento de explicar lo inexplicable colisiona con las medidas que adoptan, en un desesperado intento de arrojar lastre, para que la crisis se cobre otras cabezas y no las propias.

Después de dos días de sentenciar que todo se hizo como corresponde, que los rastrillajes fueron intensos y que en uno de ellos fue encontrado el vehículo, pidieron la renuncia a los jerarcas policiales que tuvieron alguna relación con el caso y a los que se enteraron por la abusiva cobertura televisiva, muy bien nutrida por las versiones canallescas de origen policial y judicial que, como de costumbre cuando intervienen personajes de esa calaña, descarga cualquier culpa en las víctimas porque, por definición, es inadmisible alguna responsabilidad propia. Ellos son la autoridad y por lo tanto, infalibles.

Es decir que siguen actuando a tontas y a locas, sin la menor idea de las razones de lo sucedido. Las primeras informaciones sobre la autopsia parecerían confirmar lo peor: al menos la mujer sobrevivió al accidente y pese a sus heridas se arrastró hasta su marido. Los ex fiscales federales Stornelli y Starc harían bien en consultar con un abogado si no les podría corresponder la reclusión de cinco a quince años que conmina el artículo 106 del Código Penal para quienes hagan abandono a su suerte de una persona incapaz de valerse y a la que deban cuidar, cuando la consecuencia de esa conducta fuera la muerte, delito agravado por la pluralidad de víctimas y no excarcelable.

Tal vez podrían alegar la inimputabilidad del artículo 34 que impide castigar a quienes no podían comprender la criminalidad de sus acciones, debido a insuficiencia de sus facultades, entre otras posibles causas.

Que Stornelli y Starc no tengan ni remota idea de qué es rastrillar una zona no es grave, porque para eso están los técnicos policiales. La peor ignorancia que ostentan es la del gobierno civil de la seguridad, porque lo han delegado en la institución policial que, librada a sí misma, deja ver cuál es su calidad. Esto tiene tanto que ver con la incapacidad como con la corrupción que, desde los tiempos del inolvidable gobernador Eduardo Duhalde, constituye el modo privilegiado de relación de la principal fuerza armada del país con la clase política bonaerense, con momentos excepcionales que duran menos que la coyuntura política que los permitió.

Daniel Scioli se ha comportado con algo más de cautela, porque arrastra un lastre bastante más pesado y debe evaluar cada paso de su operativo de control de daño, no a la sociedad, que sólo concibe como audiencia de sus erupciones mediáticas que lo asimilan a otros pontificador@s de la tele, sino a su golpeada carrera política, que ya es un inquietante pasivo para el gobierno nacional.