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–Este reconocimiento al CELS otorgado por un Estado como el francés, por una acción muy precisa, viene a consagrar un larga actividad en la lucha por la defensa de los derechos humanos y las libertades

–Claro que sí, y eso es muy importante. Francia tiene una gran influencia sobre todas las tendencias política argentinas desde hace varios siglos. Ha influido a los jacobinos revolucionarios de principios del siglo XIX, ha influido a los liberales, ha influido a la derecha nacionalista y ha influido también a la izquierda trotskista. Hay entonces una relación muy estrecha de la Argentina con Francia. Francia ha jugado también un papel importante como foco de irradiación de los derechos humanos a partir de la declaración de 1789. Ese es el sentido con el cual nosotros recibimos este premio, que les da también una dimensión internacional a los trabajos que estamos haciendo desde hace muchos años.

–Precisamente, el CELS lleva mucho tiempo pugnando a favor de un saneamiento de la libertad de expresarse.

–Sí, desde luego. Este año cumplimos 30 años de existencia. Nosotros seguimos con nuestro propósito: el ejercicio pleno de los derechos humanos en democracia. Mi primera denuncia por el tema de la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos fue en el año 1991. Ya se van a cumplir 20 años. A raíz de esa denuncia se consiguió la derogación de la ley de desacato. El problema fue que, en cuando se derogó el desacato, los funcionarios, los políticos, empezaron a hacer querellas por calumnias e injurias, con lo cual el resultado era el mismo. Ahora, con el caso de Eduardo Kimel, que ha sido el único condenado a raíz de la masacre de los palotinos –1976–, conseguimos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que declaró que los artículos del Código Penal y del Código Civil sobre calumnias e injurias eran incompatibles con la convención americana y tenían que ser reformados. Hay que recordar que quienes mataron a los palotinos nunca fueron condenados, pero sí el periodista que investigó el crimen, lo que es un disparate, un absurdo que no deja de llamar la atención en todo el mundo porque muestra qué situación se vivió en la Argentina. Nosotros elaboramos el proyecto de ley, se lo elevamos a todas las fuerzas políticas del país, Gobierno y oposición, y dejamos claro que esperábamos que fuera adoptado por unanimidad. El Gobierno finalmente tomó la parte penal, no la parte civil, y envió el proyecto de ley tal como estaba. Esto quiere decir que, de ahora en adelante, no puede haber ninguna persona privada de su libertad en razón de algo que haya dicho o escrito.

–Este cambio importante no es sectorial, es decir que no beneficia sólo a los medios sino a la sociedad en su conjunto.

–Sí. Hay que aclarar que esto no es una ley de protección a la prensa o a los periodistas, sino a todos los ciudadanos. No hay un solo artículo de la ley que hable de la prensa. Hoy, ningún ciudadano puede ser perseguido penalmente por nada que haya dicho o escrito. Ahora, claro, aún está pendiente la parte civil, porque también puede haber juicios civiles que sean intimidatorios con indemnizaciones pesadas. En el caso de Kimel, a él le habían impuesto una multa que implicaba la pérdida de su casa. En Francia, por ejemplo, en el caso de los juicios civiles, cuando se impone una indemnización es simbólica, porque se condena sólo a pagar un euro. Esa es una forma muy especial de valorar el poder de la palabra. No se mide en plata. De modo que, el mes pasado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteamos el tema de la modificación del código civil. Esperamos que la Corte insista en que también tiene que ser modificado el código civil. Es una batalla que lleva 20 años y yo creo que va a llevar cuatro o cinco más, con lo cual habremos dedicado 25 años para conseguir la protección para la libertad de expresión en la Argentina.

–Mucha gente ignora la utilidad de ese tipo de reformas a la ley. Las suele ver como algo marginal o sectorial. Sin embargo, como lo prueba la legislación francesa, son primordiales para el funcionamiento de una democracia.

–Por supuesto, y hay un ejemplo. En la Argentina se desarrolla en este momento, un episodio muy conmocionante, que es la desaparición de una familia, que estuvo más de tres semanas perdida. La familia anunció que iba a visitar a unos parientes y nunca llegaron. Durante 24 días hubo una búsqueda intensa hasta que finalmente encontraron el auto volcado y las cuatro personas muertas. Durante las tres semanas previas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hizo otra cosa que hipótesis criminales, versiones canallescas sobre conflictos familiares entre el hombre y la mujer, hipótesis sobre la posibilidad de que el hombre podía haber matado a su mujer y a sus hijas, o que también podían estar escondidos por deudas. Pero al fin apareció el coche de esa manera. Yo escribí una columna analizando que el ministro y el viceministro de Seguridad harían bien en buscarse abogado por si tienen que responder por abandono de persona seguida de muerte, que es un delito no excarcelable. Eso es una calumnia. Y hoy, cualquier periodista puede escribir eso sin temor, cosa que no podía hacer hace dos meses. Ahora, en un caso conmocionante como éste, y dentro del debate cultural, social y político, hacer un razonamiento así es absolutamente legítimo. Antes no se podía hacer.

–Se ganó un espacio de libertad.

–Yo creo que pone muy incómodos a los funcionarios. Pensando en la sociedad es la mejor situación para un funcionario.

–Esta modificación de la ley sobre injurias y calumnias que se hizo en la Argentina es una base y hasta un ejemplo para otros países de América latina, donde la libertad de expresión suele estar regulada en beneficio de la protección de los funcionarios.

–Hay muchos países, México, Panamá, por ejemplo, donde las calumnias e injurias ya han sido despenalizadas. Nosotros iniciamos el proceso en la Argentina y estuvimos a punto de lograr esta despenalización hace diez años. Pero cuando ya estaba a punto de ser sancionada la ley, un periodista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, reveló la cuestión de los sobornos en el Senado del presidente De la Rúa. Ahí todo el sistema político se bloqueó y no quisieron despenalizar pensando que necesitaban un arma para defenderse de los molestos periodistas. Pero este proceso se fue extendiendo en los otros países de la región impulsado por el proyecto argentino. En México y en Colombia los problemas son otros. Ahí el problema es la violencia contra los periodistas, ahí los matan. Nosotros, por suerte, el problema que tenemos es de legislación.