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El fiscal de Ejecución Penal de La Plata, Marcelo Romero, reclamó a los funcionarios judiciales del país que, de registrarse eventuales saqueos, se procese a sus autores “por el delito de sedición”. “Si se produjera este tipo de actos, espero que los jueces y fiscales tengamos los testículos necesarios como para procesar a la cantidad de personas que sea necesario”, sostuvo. Sus declaraciones están en línea con lo que el gobernador Felipe Solá señaló en público y en privado durante el fin de semana, en el sentido de que los saqueos “son una cuestión penal y no social”.
Romero argumentó de la siguiente manera su razonamiento: “Si hay personas que organizan y comandan saqueos a la propiedad privada amparándose en el hambre del pueblo, cometen sedición y deben ser procesados por ese delito”, señaló en diálogo con la agencia Télam. El Código Penal aplica la figura de sedición a toda “reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste”, ante lo que establece penas de 1 a 4 años de prisión.
Solá convocó el viernes pasado a los 18 fiscales generales de la provincia y al procurador Eduardo de la Cruz a un encuentro en el edificio de la gobernación para analizar medidas frente a eventuales saqueos. Su criterio, dijeron en la Casa de Gobierno de La Plata, es que “no se puede permitir bajo ningún concepto que vuelvan a ocurrir” los saqueos de diciembre del 2001 que precedieron la caída del gobierno de la Alianza. El gobernador pidió que los fiscales estén “preparados y atentos para intervenir apenas se vean movimientos sospechosos”.
El domingo a la noche, en el programa de Mariano Grondona, Solá completó su diagnóstico desvinculando los saqueos de la situación de pobreza.
“Lo primero que propongo es que cuando hablemos de saqueos hablemos de delincuencia, crimen, y de la policía de seguridad, no palanqueemos los saqueos vinculándolos a la situación social. Porque el hambre es de antes del 19 de diciembre”, dijo. “Los saqueos son entonces una cuestión de seguridad, una cuestión penal, pero no una cuestión social.”
En los últimos días, la provincia decidió reforzar los fondos para alimentos de los intendentes, con el fin de que estén stockeados ante posibles disturbios. La intención es que antes de este fin de semana todos los municipios tengan con qué responder pedidos de comida.
Las señales de que la Justicia actuará con dureza frente a eventuales desbordes se extendieron también a las actividades de los piqueteros, a quienes se advirtió que no tienen por qué reclamar al sector privado.
Las organizaciones de desocupados no impulsan los saqueos como mecanismo de acción política. Por el contrario, en el último mes salieron a denunciar que punteros del menemismo estaban organizándolos para justificar un avance represivo.
Algunos piqueteros, como los del Polo Obrero, decidieron no realizar manifestaciones a hipermercados, pero en general la mayoría considera que movilizarse a los supermercados es una forma de reclamo válida, cuando no la única de garantizar el funcionamiento de los comedores populares.
Solá remarcó, sin embargo, que también esos pedidos podrían ser considerados delitos por los fiscales. “Si existen reclamos de comida que son absolutamente comprensibles, ese reclamo por comida debe ser atendido básicamente por el Estado, por el Estado provincial que delega en los Estados comunales, en los intendentes. Yo he multiplicado por cuatro las cifras de envío de dinero mensual que reciben los intendentes porque quiero que estén stockeados. (...) Trescientas personas en la puerta de un comercio, no importa si tienen 3 palos o 20, están haciendo un apriete. Vamos a decirlo de otra manera: es delito. Un juez diría que están apretando... No vamos a permitir que se acampe en la puerta de ningún comercio. Si se van enseguida, pueden decir: ‘Yo pedí, me dijeron que no’, pero si se quedan es apriete, es delito”, concluyó el gobernador. “Elfiscal debe interpretar inmediatamente si hay extorsión, si hay delito, o no. Nosotros hemos dado una línea a los fiscales.”
En los últimos dos años, dos referentes de los desocupados, Emilio Alí (CTA) y Raúl Castells (MIJD), fueron condenados por haber encabezado reclamos de mercadería a supermercados. En ambos casos actuaron fiscales de la provincia que lo hicieron de oficio, es decir sin mediar una denuncia de las empresas, para acusarlos de extorsión.
En la Procuración bonaerense, jefatura de los fiscales de la provincia, confirmaron que se acordó seguir “una línea” frente a eventuales saqueos y pedidos de comida. “Vamos a seguir los acontecimientos del día permanentemente y a tratar de que las protestas se hagan con la mayor paz posible, para preservar la paz social y el orden”, definieron.
Los consultados dijeron que “no es adecuado” anticipar la aplicación de ninguna figura penal, como hizo ayer el fiscal Romero al hablar de sedición, pero señalaron que la decisión es que los fiscales tengan presencia ante cualquier situación de conflicto.