El Gobierno podría disponer esta semana de los 6569 millones de dólares del Fondo del Bicentenario (Fobi). La decisión está en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que a partir de mañana está en condiciones de resolver si acepta el recurso extraordinario presentado por el procurador del Tesoro, donde solicitó que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y revoque el fallo que dejó congeladas las reservas. Si la Cámara otorga el recurso, lo puede hacer con carácter devolutivo o suspensivo. En el primer caso, el fallo sigue vigente hasta que el máximo tribunal decida. Sin embargo, si lo hace de forma suspensiva, las reservas quedarían liberadas hasta que la Corte resuelva.

La historia se remonta al viernes 8 de enero cuando la jueza María José Sarmiento frenó la implementación del Fobi haciendo lugar al pedido de los legisladores Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica). El Gobierno apeló el fallo y el caso cayó en manos de las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera, a quienes les había tocado estar de turno en la Cámara del fuero Contencioso hasta el final de la feria. Las magistradas se expidieron el 23 de enero respaldando a Sarmiento y mantuvieron bloqueado el uso de las reservas. El principal argumento de las juezas fue que no estaban dadas las condiciones de “excepcionalidad” ni de apremio que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo dicte un decreto de necesidad y urgencia, arrogándose facultades legislativas.

El 5 de febrero, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, solicitó la intervención de la Corte y el lunes 8 los camaristas notificaron a las partes sobre el comienzo del plazo para que presenten sus argumentos a favor y en contra de la pertinencia del amparo. Teniendo en cuenta que a partir de esa notificación hay diez días hábiles para que las partes intervengan, el calendario marca que la Cámara podrá tomar la decisión final a partir de mañana.

Para estirar los plazos y acercar la definición judicial al trámite legislativo –que empezará el 2 de marzo–, Pinedo presentó un pedido para que los diez días hábiles corrieran desde el jueves 11. El abogado que lo representa, Esteban Eseverri, argumentó que fue recién ese día cuando tomó vista del expediente, más allá de haber sido notificado el lunes 8. Tomando la fecha que pedía Pinedo, la decisión de la Cámara recién se hubiera habilitado el viernes 26, dejando sólo un día hábil antes de que el Congreso reabra sus puertas el lunes 1º de marzo, pero la Cámara rechazó el argumento y dejó en claro que resolverá a partir de mañana. Los encargados de tomar la decisión son los jueces Sergio Fernández, Jorge Morán y Luis Márquez.

Da Rocha sostuvo en su presentación que los legisladores que iniciaron las causas y lograron paralizar el Fondo del Bicentenario “carecen de interés especial” para demandar y “podían y debían ejercer sus competencias en el Congreso”. Ellos han planteado que como el decreto fue previo al receso de verano, se los privó de la posibilidad de revisarlo. La Cámara aceptaría abrir el recurso extraordinario. El interrogante es si lo hará con carácter devolutivo o suspensivo.

Los trascendidos judiciales indican que lo haría con carácter suspensivo. Lo cual habilitaría automáticamente al Gobierno para disponer de las reservas apenas unos días antes de que el Congreso trate el tema. El ministro de Economía, Amado Boudou, declaró en varias ocasiones que comenzará a utilizar el dinero apenas la Justicia destrabe la situación. No obstante, la oposición podría volver a poner un freno la semana próxima cuando el decreto de creación del Fobi se trate en Diputados y en el Senado. Incluso algunos legisladores advirtieron en los últimos días que si la Justicia habilita el uso del Fobi convocarán a una sesión especial en la Cámara de Diputados “al día siguiente” para intentar poner un freno a la maniobra. Lo que quieren evitar es que el Gobierno presente al Fobi como un hecho consumado al momento de discutir en el Congreso. No obstante, el oficialismo también sabe que en última instancia la resolución del conflicto será política. Por lo tanto, sigue negociando para tratar de conseguir los votos de los 37 senadores que le permitirían convalidar el decreto y utilizar el dinero para el pago de los vencimientos de la deuda, liberando recursos presupuestarios para gastos sociales y de infraestructura.