La administración porteña apelará la decisión de la Justicia de suspender el uso de las pistolas Taser que provocan descargas eléctricas. El ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, calificó como “grave” que “la política y la Justicia pierdan el sentido común” en referencia a los fallos adversos. El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, calificó el fallo como “disparatado” y aseguró que “una máquina de impedir” pone “palos en la rueda” a la nueva fuerza de seguridad de la ciudad. Desde el macrismo sostuvieron que la ley que dio origen a la Metropolitana contempla el uso de armas “incapacitantes no letales” basados en una recomendación de Naciones Unidas. Por su parte, Amnistía Internacional celebró el fallo y reclamó al gobierno porteño que suspenda su implementación hasta tanto pueda determinar los efectos que provoca en el cuerpo humano.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, rechazó el fallo judicial que suspendió la utilización de las Taser y resaltó que la decisión de contar con ese tipo de arma es “para el cuidado de la gente y no para darle un elemento de tortura a la policía”.

“Cuando la política y la Justicia pierden el sentido común, es grave”, advirtió Montenegro, aunque tuvo que admitir que la X26 “mal utilizada puede ser un instrumento de tortura”.

En sintonía con la orden emanada desde el Ministerio de Justicia, Eugenio Burzaco sostuvo ayer que si bien la ciudad respetará la medida dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Andrea Danas, presentará una apelación, ya que consideró el fallo como “un poco disparatado”. Asimismo, el funcionario estimó que “lo que hay es una especie de máquina de impedir” y se quejó de que “constantemente nos quieren poner palos en la rueda con la Policía Metropolitana”.

El titular de la nueva fuerza defendió una vez más el uso de las Taser y aseguró que tienen la aprobación del Renar. Actualmente son utilizadas por “más de 300 cuerpos policiales” en el mundo y en Argentina, aseguró Burzaco al tiempo que estimó que a ellos “no les hacen este escándalo”.

Desde el macrismo, el vicepresidente del PRO en la Legislatura porteña, Enzo Pagani, señaló que “es un disparate hablar de tortura o de armas peligrosas”. El legislador afirmó que la ley 2895 que originó a la nueva policía incorporó “los principios indicados por la ONU” que en su artículo cuarto recomienda usar “armas incapacitantes no letales” con el objetivo de restringir el empleo de otras armas que puedan resultar mortales.

Este argumento, según estiman desde el macrismo, puede fundamentar la apelación por la legitimidad que implica el hecho de que haya sido votado dentro de la ley por amplia mayoría en el recinto. El problema de haber adoptado esa resolución como referencia es que como cita original data del año 1979, varios años antes de que las Taser fueran inventadas. La disposición quedó desactualizada luego de que la misma ONU rechazara explícitamente en 2007 el uso de las pistolas Taser por parte de la policía de Portugal y con las sucesivas recomendaciones de organismos de derechos humanos que desde 2001 emiten advertencias en este sentido.

Amnistía Internacional, por su parte, consideró “positiva” la medida judicial y reclamó al gobierno porteño que “suspenda” su utilización hasta tanto se realice un investigación “independiente, seria y rigurosa sobre los efectos que provoca el uso” de las pistolas eléctricas.

Informe: Gabriel Morini.