El juez federal Norberto Oyarbide dio una fuerte señal contra el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y le pidió al fiscal que atiende en la causa que lo intime a que justifique su patrimonio. En las causas por enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, y es el acusado quien debe demostrar su inocencia. En diálogo con Página/12, la defensa de Jaime calificó la decisión del magistrado como “poco seria” y la atribuyó a la necesidad de “querer sanar” los errores que señala el recurso de nulidad que presentaron ayer a primera hora sobre el embargo por cuarenta millones de dólares, la inhibición de bienes y la prohibición a salir del país aplicada sobre el acusado, su mujer y sus hijas. El magistrado también había ordenado el secuestro de un avión Lear Jet y un yate de lujo, que podrían pertenecer al ex funcionario.

“Es un recurso de nulidad de toda la resolución –confiaron–, y uno de los motivos que aducimos es que no hubo requerimiento de justificación patrimonial antes de tomar medidas de la naturaleza de las que tomó el Tribunal, como restricciones a la libertad ambulatoria y embargos por cifras millonarias.” Los abogados del ex secretario de Transporte pidieron que se declare nulo el embargo por 40 millones de pesos que pesa sobre sus bienes, la inhibición general y la prohibición de salir del país para evitar la posible adulteración de pruebas con respecto a propiedades sospechadas de pertenecer al ex funcionario en el extranjero. La medida no sólo lo alcanza a él: también quedaron inhibidas su mujer, Silvia Reyss, y las cinco hijas del matrimonio, ya que tienen a su nombre bienes que están siendo investigados.

Los abogados de Jaime hicieron el pedido de nulidad ante el Juzgado Federal 7, a cargo de Oyarbide, y en caso de que el magistrado la rechace ya plantearon la apelación de esa medida para que sea la Cámara Federal la que tome la determinación. Sostienen que “el magistrado actuante se está equivocando” al tomar medidas tan fuertes contra su defendido. El ex secretario de Transporte está siendo investigado por enriquecimiento ilícito durante el período en el que desempeñó ese cargo, entre 2003 y mediados del año pasado.