[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Madrid

No está solo Baltasar Garzón en su batalla judicial por haber intentado juzgar a los responsables de la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas del general Franco presentaron ayer una querella contra el juez Luciano Varela –que instruye la causa contra Garzón– y contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el tribunal que lleva la causa y que ha rechazado todos los recursos interpuestos por la defensa del magistrado acusado. Los familiares creen que estos dos jueces están cometiendo el delito de prevaricación, el mismo del que está acusado Garzón, porque actúan a sabiendas de estar violando los tratados internacionales firmados por España que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura española que ensangrentó el país entre 1936 y 1975.

Han sido precisamente dos las organizaciones de víctimas del franquismo las encargadas de presentar las querellas: las asociaciones de Memoria de Mallorca y de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. Y fue la coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, quien se encargó de llevar la documentación ayer al alto tribunal madrileño y leer luego el comunicado a la prensa, en el que se afirma que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados supone “un ataque frontal a las víctimas” de la dictadura. En la presentación judicial, las asociaciones sostienen que el juez Varela cometió delito, ya que comenzó el proceso a Garzón “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”. La querella contra Saavedra está amparada en que denegó a las víctimas presentarse en el juicio contra Garzón y rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa del juez.

Con este episodio recrudece la campaña legal y también política que se está desarrollando en torno del proceso contra Garzón, un escándalo judicial internacional del que no cesa de hablar la prensa mundial, para desconcierto de algunos españoles que parecen sorprendidos por la gran popularidad del juez en el extranjero. Un reflejo de la inquietud que el proceso está despertando en la ciudadanía es el crecimiento exponencial de las páginas que apoyan a Garzón en las redes sociales. Sólo en Facebook, una de ellas, Un millón de firmas para apoyar al juez Garzón, pasó de los 10 mil a los 98 mil adherentes en apenas cuatro días. Desde estas redes ha surgido una convocatoria independiente a manifestarse el próximo 24 de abril en las principales ciudades españolas. En YouTube apareció incluso un emotivo video grabado por un grupo musical llamado Unomasuna que ha registrado una pegadiza canción que dice “Yo estoy con Garzón/ como el mundo entero/ tengo el corazón, mi niña/ con los que perdieron”.

En las webs de los grandes periódicos nacionales las noticias vinculadas con el proceso contra Garzón han sido las más comentadas y leídas durante las últimas semanas y son un verdadero muestrario de las opiniones encontradas que despierta el juez entre los españoles. Mientras una gran mayoría de los lectores se manifiestan sorprendidos por un proceso que huele demasiado a venganza política y a reafirmación de viejos poderes que se creían muertos y enterrados, una parte minoritaria pero significativa de la población sigue creyendo que el magistrado cometió un gran error al intentar juzgar al franquismo y reproduce algunos viejos clichés de la ultraderecha que despiertan verdadero pavor, como los que afirman que “el general Franco impidió que se instalara una dictadura comunista” y que “los rojos bien muertos están”.

De hecho, una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas de la dictadura es la sensación de impunidad a la que han quedado expuestas y el recrudecimiento de los discursos ultraderechistas en la sociedad avalados por el status que el Tribunal Supremo les ha otorgado a Falange, JONS y al sindicato ultra Manos Limpias al reconocerlos como parte principal en la acusación contra Garzón, al tiempo que se les niega a las asociaciones de los represaliados ejercer su defensa. “No entendemos cómo es posible que un seudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange –representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre el 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975–, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, expresaron ayer en el comunicado con el que acompañaron el inicio de las querellas contra los jueces que están sentando a Garzón en el banquillo.