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Por Claudio Scaletta y Julio Nudler

Tras el golpe asestado por el fallo de la Corte Suprema contra el corralito, y pasado el shock inicial, el gobierno de Eduardo Duhalde salió a lanzar su contragolpe. En lo económico lo armó de la mano de los sectores que aprovecharon la nueva conmoción para imponer una propuesta que conduce a la licuación de los pasivos empresarios, asumiendo el Estado nacional buena parte del costo, mientras otra –la mayor– seguirá recayendo sobre los depositantes. La alianza entre los empresarios -incluidos el Grupo Productivo y las privatizadas– y la banca extranjera logró lo que era hasta hace poco impensable, y que quedaría plasmado en los anuncios que se propone realizar hoy a las 19 el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. La decisión es pesificar 1 a 1 todas las deudas con los bancos, con prescindencia de su monto, concediendo un año de gracia a las deudas de las empresas, mientras que los depósitos se devolverán a 1,40 peso por dólar. La diferencia les será cubierta a los bancos por un bono en dólares que emitirá el Estado, y que se añadirá así a su deuda. El endeudamiento adicional sería de 16 mil millones de dólares. Los titulares de plazos fijos, sometidos al cronograma de restitución que se extiende hasta el 2005 y que no será modificado, podrán obtener certificados fraccionados aplicables a la cancelación de deudas, a la compra de bienes registrables o a la constitución de nuevos plazos fijos en otros bancos. De este modo, los depósitos podrán migrar entre entidades, aunque sin salir del corralito, pero amenazando con una hemorragia de fondos a los bancos de situación más vulnerable. En torno de este mecanismo gira una dura discusión entre los bancos nacionales y los extranjeros. Aquellos, tanto los estatales como los privados, presionan para que se emita un certificado común a todo el sistema, temiendo que los correspondientes a bancos locales de imagen más débil no sean aceptados en el mercado, o lo sean con un fuerte desagio, lo cual favorecería a la banca foránea. Por lo que pudo establecer Página/12 tras hablar con dos altas fuentes del equipo económico, ni siquiera hay unidad de criterio dentro de éste porque el nuevo programa precipitaría la caída de no pocos bancos nacionales. El debate, cada vez más caliente, seguirá esta mañana a las 11 en Economía, pero es difícil que los perdedores logren dar vuelta las decisiones.
El Gobierno determinará que la deuda del Estado con los bancos -incluyendo las AFJP– se pesifique 1 a 1, igual que los pasivos privados. Como se recordará, en el último canje del tramo local, los bonos públicos en poder de la banca fueron transformados en un préstamo en dólares garantizado por la recaudación impositiva. Al pesificarse ahora a la paridad predevaluación, el fisco entregará a cada banco acreedor un título por los 40 centavos de diferencia entre el 1 a 1 y el 1,40 a 1 al que se pesifican los depósitos. Pero, en este caso, el bono de compensación será emitido en pesos. En cambio, la compensación correspondiente a los créditos privados que se pesifican será instrumentada en títulos públicos dolarizados. La diferencia es crucial, porque significa que la banca oficial, que es la que más financió al Estado, recibirá bonos en pesos, mientras que los bancos extranjeros, cuya clientela está formada por compañías medianas y grandes, obtendrá títulos en dólares. “Quieren que nos quedemos con papeles devaluados, que cada vez se licuarán más, mientras perdemos depósitos, que se irán a los bancos extranjeros”, resumió con ira ante este diario el director de una entidad estatal.
“La preservación de todos los equilibrios nos llevaría al equilibrio de los cementerios”, expresó un miembro del equipo económico cuando este diario le preguntó sobre la suerte que correrán diversos bancos locales al permitirse que los depósitos muden de entidad. Con esa frase subrayó que la prioridad para Remes es arrancar a la economía de su parálisis actual. En cuanto a las empresas, sin distinción de origen del capital, la prioridad es que les licuen las deudas, para lo cual lograron finalmente el acuerdo de la banca extranjera, compensación estatal mediante, ademásde la perspectiva de aumentar su dominio sobre el circuito financiero argentino.
Tras la pesificación, los depósitos cautivos en el corralito verán actualizado su capital por el IPC a mes vencido, recibiendo además un interés determinado libremente por el banco, pero con un mínimo fijado por el Banco Central. Además de la licuación inicial en términos de dólar, ya que éste cotiza en el mercado libre bien por encima de 1,40, los depósitos podrían seguir perdiendo terreno respecto de esa moneda si la devaluación del peso corriese más rápidamente que los precios internos. Frente a esto, representantes de bancos públicos están planteando que los bancos transfieran a los depositantes los bonos dolarizados que entregará el Estado a las entidades financieras. Ello atenuaría el subsidio que pagarán los ahorristas para permitir la licuación de las deudas bancarias de particulares y empresas.
Otra discusión abierta atañe a los certificados que obtendrán los tenedores de plazos fijos. Los bancos nucleados en Abappra (estatales y privados argentinos) exigen la “homogeneidad de los activos”. Es decir, que esos papeles instrumenten la participación en un fondo fiduciario común, que incluya todos los activos (créditos) bancarios, para que no se vean barridos los bancos cuyas carteras son de menor calidad. Según los voceros de este sector, esta desventaja obedece a que sus entidades financiaron al Estado, a individuos de ingresos medios y a las pyme. Pero para la banca extranjera, la alta incobrabilidad con que cargan los bancos locales, y en particular los públicos, es fruto de la mala política crediticia y de la corrupción. Como quiera que sea, las dos alternativas son: o bien crear un medio de pago único en base a los plazos fijos, o dar lugar a que existan tantas monedas como bancos, cada una con su margen de descuento.
Un importante integrante del equipo económico confió a este diario que cuentan con que el dólar pegue un nuevo respingo como consecuencia de la nueva flexibilización del corralito –que permitirá disponer en efectivo de sueldos, jubilaciones e indemnizaciones–, pero que luego descenderá por debajo de los 2 pesos por la presión de oferta que ejercerá el amplio superávit comercial actual. El pronóstico, claramente optimista, es que a mediano plazo la devaluación del peso se estabilice en un 30 por ciento real, es decir por encima de la inflación. Para otros, en cambio, el proceso se desbocará, y la pretendida pesificación sólo licuará activos y pasivos para derivar en una definitiva dolarización.