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“Yo no soy un Presidente débil”, había dicho Eduardo Duhalde el viernes, en su mensaje por televisión luego del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del corralito. Aunque la voluntad de dar pelea estaba clara, el Gobierno no tenía del todo claro cómo hacerlo. Ayer, el Presidente terminó de definir la ofensiva: hoy se anunciará el plan económico, que incluirá una flexibilización de las restricciones financieras para eludir la resolución judicial, y que se completará con el envío al Congreso del Presupuesto. Mientras, los legisladores del justicialismo, la UCR y el Frepaso (algunos de los cuales desfilaron ayer por Olivos) apurarán el juicio político de los supremos, que se completaría en dos semanas. En la (optimista) visión oficial, el resultado sería un plan económico definitivo, que brindará certezas por primera vez en mucho tiempo y, como si esto fuera poco, la renovación del tribunal más cuestionado de la Argentina. Todo muy lindo, si no fuera por el hecho de que en este país las cosas raramente suceden como se planean.
- El fallo tomó por sorpresa al Gobierno. Indignados por lo que consideraron un intento desesperado de los jueces por salvarse del juicio político, los funcionarios apenas atinaron a suspender el anuncio del plan económico y la visita de Remes Lenicov a Estados Unidos. A la noche del viernes, en un discurso improvisado en Olivos, Duhalde sólo aclaró que la liberación total del corralito implicaría la caída en cadena de los bancos (y la imposibilidad de los ahorristas de recuperar sus depósitos). Sin embargo, no dio precisiones sobre cuál sería el camino apropiado que permita respetar el fallo y al mismo tiempo evitar el colapso del sistema financiero.
Más tranquilo, el Presidente inició la jornada de ayer con su programa por Radio Nacional. Acusó a los integrantes de la Corte de “chantajear” al Gobierno y al Congreso “exigiendo que no se los enjuiciara”. Después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que “el presidente tiene poder político, va a actuar con la firmeza necesaria, va a tomar todas las medidas para encauzar este proceso desde el punto de vista institucional”.
Mientras Remes Lenicov permanecía en Economía trabajando en el contenido del paquete, Duhalde se reunía en Olivos con algunos ministros –el de Justicia, Jorge Vanossi, del Interior, Rodolfo Gabrielli, de Trabajo, Alfredo Atanasof, y de la Producción, José Ignacio de Mendiguren– además de otros funcionarios, como el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Según comentaron dos funcionarios a Página/12, la estrategia oficial tiene dos ejes: el primero es mantener la “normalidad”, es decir hacer todo lo posible para que la decisión de la Corte no paralice al Gobierno. El segundo es la juridicidad. “No somos menemistas y vamos a usar los mecanismos constitucionales”, explicaba ayer un ministro.
En concreto, el plan es escalonado e incluye una serie de movidas:
- Remes Lenicov anunciará hoy el nuevo paquete económico, que contiene un nuevo esquema de pesificación y una redefinición del corralito, con nuevos plazos, más precisiones y la posibilidad de retirar de ahora en más la totalidad de los sueldos.
- El Gobierno dirá que el nuevo programa, plasmado en un decreto de necesidad y urgencia, respeta la propiedad (el derecho que la Corte consideró vulnerado), ya que permite acceder a la totalidad de los sueldos, jubilaciones e indemnizaciones, da certezas sobre cuándo se recuperarán los fondos y permite disponer parcialmente del dinero encerrado para hacer algunas transacciones. De acuerdo a la interpretación oficial, el nuevo paquete respeta las líneas generales de la resolución de la Corte.
- Mientras, el Gobierno enviará, posiblemente el martes, el proyecto de Presupuesto, que sería aprobado rápidamente por el PJ y la UCR, y que implicará un gesto del fortaleza política del Ejecutivo. Al mismo tiempo, Remes viajará a Estados Unidos para explicar al establishment internacional las claves de su nuevo plan.
La estrategia es, en realidad, una forma de eludir el fallo y ganar tiempo hasta que se resuelva el conflicto de poderes. En el medio, el Gobierno impulsará la renovación parcial de la Corte, un proceso que empezó a avanzar la semana pasada, cuando se constituyó la Comisión de Juicio Político de Diputados, y que se apurará al máximo en los próximos días.
Consultados por Página/12, los funcionarios aclaraban ayer que se trata de una decisión del Legislativo. Sin embargo, ninguno niega un acuerdo entre la Rosada y los legisladores del PJ y la UCR para avanzar en el juicio político. En este sentido, no es casual que ayer se hayan acercado a Olivos las principales figuras del Parlamento: los peronistas Juan Carlos Maqueda, Eduardo Camaño y Jorge Matzkin, los radicales Raúl Alfonsín, Carlos Maestro, Leopoldo Moreau y Marcelo Stubrin, y los frepasistas Darío Alessandro y Nilda Garré.
Aunque durante la reunión de ayer Duhalde se cuidó de aclarar que no interferirá en el trabajo parlamentario, está claro que el juicio a los integrantes de la Corte no puede esperar. Es un trámite tortuoso: primero se reúne la Comisión, luego se conforma una subcomisión para estudiar cada caso, hay que presentar pruebas y permitir la defensa de los acusados, hasta que se emite un dictamen favorable. Pueden ser suspendidos o no de sus cargos, y el tema pasa al recinto de Diputados, que se convierte en Cámara acusadora y los somete a la voluntad del Senado, que los juzga. “Con viento a favor, en dos semanas vamos a tener un plan económico en marcha y una Corte renovada”, aseguraba ayer un ministro.