En medio del debate por el matrimonio entre personas del mismo sexo y el forcejeo por la imposición de criterios discriminatorios, la Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir una causa y mandar a juicio oral a siete policías federales acusados de haber hecho un allanamiento ilegal en una fiesta privada gay que incluyó una razzia a la vieja usanza y abiertamente homofóbica. Los uniformados habían llegado sin orden judicial y con la excusa de una denuncia anónima por “comercialización de estupefacientes”. Irrumpieron al grito de “puto de mierda”, pidieron documentos, hicieron a los invitados formar dos filas y abrieron las cortinas para exhibirlos ante el vecindario. La principal evidencia que se llevaron del supuesto “delito” fue la foto de una pila de preservativos usados. A pesar de las ostensibles irregularidades del procedimiento, los implicados fueron sobreseídos en primera y segunda instancia. Pero ahora un tribunal superior dijo que fue una decisión al menos “prematura”.

La investigación original sobre lo que ocurrió aquella noche, el 18 de abril de 2006, la hizo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), por entonces a cargo de Manuel Garrido. Cuando pidió la indagatoria de los policías implicados, sostuvo que sobraban pruebas de que realizaron un allanamiento ilegal, privaron de la libertad a unas setenta personas, violaron su intimidad, las maltrataron, discriminaron, las “hicieron objeto de escarnio”, “les infligieron tratos vejatorios y degradantes”, falsearon documentos y mintieron. “El trato humillante se hizo, además, con el presumible propósito de generar presión sobre los dueños del local para obtener contribuciones o dádivas”, sostuvo la FIA. No era la primera vez que la policía intentaba sacarle una coima, según declaró la dueña del lugar, la disco Cero Consecuencia, en Palermo, que esa noche había sido cerrada para el evento.

Según reconstruyó la FIA, los policías de la comisaría 21ª aparecieron en la fiesta poco después de las nueve de la noche con el argumento de que habían sido alertados por un llamado al 101 que decía que allí se estaba vendiendo droga. Para entrar, el cabo Orlando García y el suboficial auxiliar Miguel Lucero, vestidos de civil y acompañados por dos oficiales de uniforme, forcejearon con el encargado de la puerta, que les dijo que era una reunión privada. Entonces ingresaron a los empujones sin mostrar ninguna orden de allanamiento y se encontraron con una fiesta gay nudista que estaba en sus inicios. La convocatoria era para varones de hasta 35 años que consentían la posibilidad de tener sexo, siempre con preservativo. Los policías hicieron apagar la música, encendieron las luces y separaron a los asistentes en dos grupos para requisarlos: los que estaban vestidos y los que estaban desnudos. “A los que estaban desnudos –describió la FIA–, se los hizo formar una fila contra la pared, habiendo previamente abierto las cortinas que cubrían las ventanas desde las que se los podía ver desde la calle en esa vejatoria situación.” Según testimonios de la causa, los policías se burlaban, les gritaban “puto de mierda”, “ahora te hacés el macho pero cuando estabas en bolas te cagaste todo”. En el ínterin, llegaron tres miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (Marcelo Sutheim, Pedro Paradiso y César Cigliutti), que tampoco consiguieron que les mostraran una orden judicial. También llegó la dueña, Ester del Valle Córdoba, y testificó después que había reconocido a uno de los agentes, “Orlando”, que muchas veces había intentado llevarse alguna dádiva o coima.

El fallo de Casación, que firman los jueces Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Raúl Madueño es de hace diez días, pero recién ahora trascendió. Señala tres puntos sobre los cuales la investigación, en su etapa de instrucción –donde intervino el juez Roberto Ponce–, “no disipa las sospechas”.

- Uno se refiere, precisamente, a “las diversas ‘visitas’ policiales previas en el bar dirigidas a obtener ‘colaboraciones’ dinerarias efectuadas por los responsables del lugar”, según señala el fallo, al que accedió Página/12.

- Otro es el “giro sorpresivo” que “tomó el allanamiento al no hallarse estupefacientes, supuesto objeto del procedimiento”. Lo que ocurrió fue que los policías se pusieron recién entonces en contacto con el juzgado correccional de turno: reportaron que estaban haciendo un procedimiento por drogas –que no hallaron– y se encontraron ante “la posibilidad de una infracción a la Ley 12.331” (de profilaxis de las enfermedades venéreas); afirmaron que era un “lugar abierto al público” –pese a que era una fiesta privada, cerrada y convocada por organizadores profesionales– y que habían entrado para chequear la denuncia telefónica. A la secretaria del juzgado algo le sonaba extraño y pidió hablar con el comisario a cargo, José Daniel Chamorro, que ratificó todo el planteo. El juzgado no dispuso identificar a las personas, ni tomarles declaración ni secuestrar nada, pero los policías ya lo habían hecho. Libraron citaciones e incautaron preservativos, algunos usados y otros sin usar, que estaban disposición de los invitados en un fuentón. El fallo de Casación marca la evidente “contradicción” entre el “criterio adoptado” por “las autoridades judiciales” y por la policía.

- “La versión dada por algunos testigos acerca de los destratos a los que fueron sometidos algunos concurrentes a la reunión” merece, según los camaristas”, ser investigada.

Además de Chamorro, García y Lucero, están implicados el subcomisario Héctor Luis Ríos del Mónaco, los subinspectores Eduardo Joaquín Gómez y César Matías Rivas y el agente Pablo Campanaro. En un comienzo, tras la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, fueron sumariados, desplazados de la seccional 21ª y enviados a un área de derechos humanos de la policía. El juez Ponce los llamó a indagatoria pero, en curiosa sintonía con el fiscal Jorge Luis Ballestero, los sobreseyó. La sala VII de la Cámara en lo Criminal y Correccional avaló esa decisión. La CHA y la FIA batallaron para que el expediente no se cerrara. Con el nuevo fallo de Casación, el juzgado de primera instancia debería procesarlos y mandarlos a juicio. Por la gravedad y la sumatoria de los delitos denunciados, podrían ir presos.

“La decisión de Casación es sumamente importante, primero para evitar que un caso aberrante como éste quede impune. Y es un acto de justicia para quienes fueron víctimas del atropello policial, que no quedó en lo ocurrido aquella noche, sino que se prolongó durante el sumario policial de Asuntos Internos: los testigos eran presionados y cuando iban a declarar se encontraban con que allí estaban, cara a cara, los mismos policías que habían participado en el allanamiento. El grado de presión y encubrimiento que intentó la policía fue vergonzoso”, le dijo a este diario Paradiso, encargado de los asuntos legales de la CHA.

Este caso será puntapié de una campaña que iniciarán la CHA y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Trans, “para promover la derogación de todos los códigos de faltas e instrumentos que le permiten realizar a la policía este tipo de operativos con apariencia de legalidad”, anunció Paradiso. Harán una campaña contra la homo, lesbo y transfobia en todas las fuerzas de seguridad en la región.