La jubilación mínima en la Argentina representa en la actualidad el 60 por ciento –59,7, para más precisión– del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Son 895 pesos sobre 1500. El conglomerado opositor propone aumentar el ingreso más bajo de los jubilados al 82 por ciento móvil del SMVM: de 895 a 1230 pesos. El debate que se abre frente a ese proyecto pasa por cuáles son las fuentes de financiamiento posibles. El ministro de Economía, Amado Boudou, ya advirtió en el Congreso que la medida tendría un costo fiscal equivalente a 1,8 punto del PIB, cuando el superávit primario previsto para el año es de 1,4 punto. Es decir que con los recursos disponibles no alcanza. El esfuerzo fiscal sería aun mayor en el futuro por el peso creciente de las jubilaciones en las arcas públicas, a raíz del envejecimiento de la población. Otra de las ideas de la oposición es modificar la ley de movilidad de las jubilaciones, y este aspecto también da lugar a un análisis profundo de sus consecuencias.

Los índices de movilidad –actualización automática de haberes– que postulan diputados y senadores del radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el PRO, el socialismo y Proyecto Sur son básicamente dos: el que mide la variación de los sueldos de los trabajadores activos elaborado por el Indec o el que refleja ese mismo comportamiento de los salarios, pero sólo de los trabajadores formales, y que es confeccionado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (Ripte). Esos legisladores rechazan el mecanismo de movilidad actual, en base a un índice que diseñó el Gobierno y que utiliza como insumos no sólo los salarios de los trabajadores sino también la evolución de las fuentes de ingresos de la Anses (recaudación tributaria y de aportes y contribuciones). La comparación entre esos índices permite sacar conclusiones. La primera se vincula con la otra cuestión candente: la del 82 por ciento móvil para la jubilación mínima.

- Si se hubiera aplicado desde julio de 2002 a la fecha el índice de salarios del Indec para ajustar la jubilación mínima, ésta se ubicaría ahora en 518,20 pesos, con un aumento del 245 por ciento.

- Si se hubiera utilizado el Ripte, el haber mínimo se encontraría en 554,40 pesos, con un aumento en el período de 270 por ciento.

Contrastar las dos cifras con el nivel que alcanzó esa jubilación es revelador: 895 pesos, 497 por ciento más que en julio de 2002. Es un 73 y un 61 por ciento más que los haberes resultantes con los índices que sugiere la oposición. En lugar del 60 por ciento del SMVM que representa la mínima, las jubilaciones habrían llegado sólo al 34,5 y al 37 por ciento.

La diferencia permite advertir cuál fue la estrategia del Ejecutivo en los últimos siete años: volcar más recursos a subir los haberes más bajos. Eso permitió que los que menos ganaban mejoraran notablemente su situación, por más que la jubilación mínima siga siendo insuficiente. Están bastante más cerca de un haber de subsistencia que si se hubiera seguido la lógica de darles el índice de movilidad que plantea la oposición (895 pesos contra 518 o 554).

Junto a esto hay que agregar otra decisión fundamental que tomó el gobierno de Néstor Kirchner y continuó la actual administración: la ampliación de la cobertura previsional. En los últimos cinco años se incorporaron casi 2,4 millones de jubilados que antes no podían acceder a ese derecho porque no completaban sus aportes (muchos jamás habían aportado en su vida). En 2005, casi la mitad de las personas en edad de jubilarse no tenía acceso a un beneficio. Ahora, nueve de cada diez adultos mayores son jubilados, con acceso a los servicios del PAMI. Eso mejoró también la posición de ingresos de millones de jubilados, ya que hasta 2005 en la mayoría de los hogares de adultos mayores se cobraba un solo beneficio. Ahora, en la mayoría se perciben dos, el del jubilado histórico –o su pensión– más el añadido –mayoritariamente mujeres– por la moratoria. Es decir que la mayoría ya no recibe sólo los 895 pesos de la mínima sino esa cifra más un promedio de 650 pesos que están cobrando los que se jubilaron por moratoria.

El compromiso fiscal que implica generar de la nada casi 2,4 millones de jubilaciones llevó a que la recomposición de haberes del resto de los jubilados no sea aún mayor. Sin la obligación de liquidar esos beneficios, la Anses seguramente estaría en condiciones de pagar el 82 por ciento móvil a la mínima. Pero a costa de excluir a 2,4 millones de personas, el 40 por ciento del total de los jubilados actuales, quienes ni siquiera tendrían los servicios del PAMI. Y como se indicó en el párrafo anterior, en la cuenta del hogar de los jubilados, la mayoría muy probablemente hubiera salido perdiendo porque en lugar de cobrar dos beneficios sólo percibiría uno. También para las cuentas de la Anses pesan los cientos de miles de juicios que tuvo que afrontar por la mala liquidación de haberes durante una década y media de los gobiernos menemistas y de la Alianza.

La decisión de privilegiar la jubilación mínima y de ampliar la cobertura previsional tuvo como efecto negativo el achatamiento de la pirámide salarial. No sin razón, quienes habían aportado durante su vida laboral para cobrar una jubilación superior a la mínima hoy están cobrando el haber piso, lo que motiva sus quejas. Otros que ganaban más de mil pesos en 2001 experimentaron aumentos en sus ingresos inferiores a la inflación de aquel momento a la fecha. La Corte Suprema de Justicia les dio la razón a estos últimos a través del fallo Badaro, que ordena recomponer las jubilaciones del período 2002-2006 un 86 por ciento. Como el Gobierno no dio una solución global a esa situación, miles de jubilados inician juicios para acceder a lo que les corresponde. Esa es otra carga fiscal que debe asumir la Anses y que también dificulta proyectar incrementos más rápidos de jubilaciones para llegar al 82 por ciento móvil.

Pero volviendo a la cuestión de los índices de movilidad, hay otra comparación entre el mecanismo de ajuste que estableció el Gobierno y los que propone la oposición, que es necesario abordar.

- Si se hubiera aplicado desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2010 el índice de salarios del Indec para aumentar las jubilaciones, las subas habrían sido del 22,2 por ciento.

- Si se hubiera usado el Ripte, el incremento habría sido del 23,1 por ciento.

- Con el índice de movilidad vigente, que diseñó el Gobierno, los tres aumentos por la ley de movilidad en el mismo período fueron del 29,7 por ciento.

Estos resultados merecen una reflexión sobre la propuesta opositora de dar de baja el actual mecanismo de movilidad y reemplazarlo mecánicamente por el índice del Indec o el Ripte. Finalmente, sobre el tema fiscal y el 82 por ciento móvil, la oposición no ofreció ningún mecanismo de financiación consistente ni a corto ni a largo plazo y mucho menos calculó cuánto más dinero se necesitará para cubrir el aumento de jubilaciones tras la próxima suba del salario mínimo, vital y móvil. Ahora son 20.406 millones de pesos al año, pero si el SMVM aumentara en torno del 20 por ciento desde agosto, el compromiso será mayor.