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Por Delia Bisutti *

La Legislatura porteña aprobó la ley 472 que en su art. 37 establece que, a partir del 1º de enero de 2003, los afiliados cautivos de la Obra Social Buenos Aires (Ob.S.B.A.) pueden elegir libremente su obra social. Llegó el nuevo año y la salud de los trabajadores públicos de la ciudad sigue acorralada. Todos aquellos que decidieron optar y cambiar de obra social aún no lo pueden hacer.
Ni el jefe de Gobierno ni la comisión normalizadora de la Ob.S.B.A. están cumpliendo con la ley. Esta comisión fue nombrada por decreto en octubre de 2001 y la integran Mario Gygli, en representación del Ejecutivo, y Patricio Datarmini en nombre del Sutecba (Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). Con el agravante de que ahora esta comisión decidió avanzar ante la Justicia para que se declare inconstitucional el art. 37 de la mencionada ley.
Los reclamos judiciales por la libre opción tienen años. Los trabajadores médicos y docentes, junto a sus sindicatos, hace mucho tiempo decidieron abandonar esta obra social ante la mala o inexistente prestación de salud. El jefe de Gobierno se comprometió ante ellos a que la libre opción se iba a efectivizar. También ante la Legislatura se comprometieron el jefe de Gabinete y el secretario de Hacienda y Finanzas.
Las palabras se las llevó el viento. Los que tienen que cumplir la ley intentan eludirla y accionan en contra de la salud de los trabajadores. ¿Qué hay detrás de la “no” libre opción? ¿El usufructo de la cautividad de los trabajadores en beneficio de unos pocos?
La Ob.S.B.A. es la continuadora del ex IMOS. Cambió el nombre, pero no cambió nada más. Sigue sin prestar salud. Sigue con déficit a pesar de que a partir de la aprobación de la ley incrementó notablemente sus ingresos: se le aumentó el aporte a todos los trabajadores activos y pasivos; se aumentó también el aporte patronal del Gobierno de la Ciudad al 8 por ciento y además, por decreto, esta gestión la subsidió en diciembre del 2001 con 8 millones de pesos del erario.
Durante el primer año de funcionamiento existió un directorio de diez personas (representantes del Ejecutivo y del Sutecba) que percibían sueldos de más de siete mil pesos mensuales. La intervención contrató a la consultora Deloitte & Touche hace ya un año para que realizara un diagnóstico y un plan de mejoras. Hasta hoy esa tarea no está concluida y no he podido acceder a la información sobre los costos que le está insumiendo a la obra social.
¿Qué hay detrás de la “no” libre opción? El mejoramiento de los servicios de salud es evidente que no. Esta lucha no empezó hoy ni termina hoy.
* Diputada porteña ARI.