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A casi veintiséis años de la presentación del informe de la Conadep, en el cual el Estado documentó por primera vez la aplicación sistemática de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la dictadura, un militar imputado por las ejecuciones de presos políticos en Córdoba pretendió ayer apartar a un miembro del tribunal que lo juzga porque habría participado el último 24 de marzo de una movilización para repudiar el golpe de Estado.

El pedido lo formuló el mayor retirado Gustavo Adolfo Alsina, a quien todos los ex presos de la Unidad Penitenciaria 1 recuerdan por su crueldad, y tuvo como objetivo al juez José Pérez Villalobos, que actúa como subrogante. El militar mostró una foto en la que se vería al juez junto a su familia en inmediaciones del Cabildo de Córdoba, durante el último aniversario del golpe, e interpretó que su presencia significaba “una decidida y férrea parcialidad”.

“¿Cómo puede integrar el tribunal oral que me está juzgando el doctor Pérez Villalobos, habiendo manifestado en todas las situaciones sociales y jurídicas su parcialidad que pone bajo sospecha su valoración sobre los hechos del caso, como de igual manera lo hará al decidir?”, planteó Alsina. “Veo transgredido el principio de imparcialidad”, agregó. Luego, su defensor, Osvaldo Viola, fundamentó técnicamente el pedido de recusación.

A su turno, los abogados querellantes Martín Fresneda, María Elba Martínez y Elvio Zanotti solicitaron que se rechace “in límine” la recusación. En el mismo sentido se pronunció el magistrado. “Fui, soy y seré imparcial ante cualquier juicio, cualquiera sea la naturaleza del mismo”, dijo. El tribunal postergó su decisión hasta hoy.