El Gobierno tuvo un revés judicial en el conflicto por Papel Prensa. La Cámara Nacional en lo Comercial dictó siete fallos en causas vinculadas con la empresa. Entre ellos, se dispuso el fin de la intervención judicial en la compañía, medida que había sido dispuesta por el juez Eduardo Malde en marzo de este año a pedido de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, ordenó la remoción de los directores por el Estado: Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, con el argumento de que hubo “inconductas” en la última asamblea. Los accionistas privados habían pedido en esa misma asamblea el reemplazo de los representantes del Estado por considerar que su accionar dentro de la empresa era “irregular”.

El Estado nacional consideró durante el verano que los accionistas privados (Clarín y La Nación) desconocieron la autoridad de la CNV, el ente regulador. Por tal motivo, el Ejecutivo solicitó la intervención, que fue aprobada por Malde. Esa medida quedó revocada ayer por uno de los fallos de la Cámara. “Los argumentos de los camaristas son una copia textual de lo que dicen Clarín y La Nación”, se quejaron en el Gobierno ante Página/12. “No dan cuenta de los argumentos de fondo que dieron origen a la intervención”, agregaron. De todas maneras, reconocieron que será muy difícil solicitar un pedido extraordinario para acceder a la Corte Suprema, ya que el máximo tribunal no suele atender medidas cautelares.

En marzo de este año, la CNV declaró la irregularidad de una reunión de directorio, realizada en noviembre de 2009, donde “se había alterado el orden del día, además de contar con la presencia de autoridades que no estaban formalmente designadas y que terminaron aprobando balances de la compañía”, había explicado a este diario Alejandro Vanoli, titular de la CNV, en una entrevista publicada el 5 de julio. En esa reunión de noviembre también se había impedido la asunción de Alberto González Arzac en el Comité de Vigilancia. Esas fueron las razones que llevaron a pedir la intervención que concedió Malde. Sin embargo, la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial entendió ahora que la intervención debía concluir porque consideró “inválidas” las resoluciones administrativas de la CNV.

“La nulidad de las resoluciones (16.222 y 16.276) ya dispuesta por este Tribunal priva del principal y prácticamente único sustento a los argumentos expresados por el juez”, señalaron los jueces José Luis Monti, Alfredo Kölliker Frers y Juan Garibotto. “No satisface la mera invocación de los presuntos defectos formales. La falta de inmediatez en la transcripción de las actas de una reunión de directorio no parece tener prima facie una relevancia tal que justifique detener el curso de la vida societaria”, agregaron los jueces.

Según indicaron a este diario fuentes del Gobierno, los magistrados obviaron una serie de argumentos, incluso más relevantes que los citados en el fallo: por ejemplo, que la CNV invalidó las designaciones de una serie de directores por los accionistas privados, los cuales aprobaron balances rechazados por el Estado. “No se tuvo en cuenta ninguno de estos argumentos. Esta decisión judicial no es seria”, indicaron fuentes gubernamentales. Las resoluciones mencionadas, la 16.222 y 16.276, ya habían sido rechazadas por la Cámara el pasado 29 de junio y 24 de agosto, respectivamente.

Por otro lado, la Sala C se abstuvo de fallar sobre la designación de Arzac en el Consejo de Vigilancia (lo mantuvo en su cargo), pero dejó entrever que se pronunciará sobre este tema. Los accionistas privados apelaron su designación. Arzac fue uno de los responsables de la elaboración del informe “Papel Prensa: La Verdad”.

La Cámara dictó otro fallo que supuso otro duro revés para el Gobierno. Dispuso la remoción de Paglieri, Cerioli y Gallo como directores por el Estado y que en su lugar asuman los directores suplentes. Paglieri recordó a este diario que en la última asamblea, realizada el 12 de agosto, los accionistas privados habían solicitado la remoción de los representantes del Estado porque no aceptaban lo actuado en la asamblea del 4 de noviembre del año pasado (la que motivó la intervención).

“Ellos apelan a la Ley de Sociedades Comerciales que dice que si se rechaza la gestión de unos accionistas, puede pedirse su remoción. Sin embargo, nosotros fuimos elegidos por decreto presidencial, por lo que no estamos sujetos a la ley de sociedades”, explicó Paglieri.