El directorio del Banco Central dispuso ayer una serie de medidas para reforzar la seguridad en las sucursales de las entidades financieras, con el propósito de evitar los robos a los clientes a la salida de los bancos. La decisión se difundió un día después de que Diputados aprobara un conjunto de normas similares, con el mismo objetivo.

Con el fin de adecuar las medidas de seguridad bancaria a las nuevas modalidades delictivas, el Central informó que las entidades financieras deberán asegurar la “privacidad de la operatoria” en sus líneas de cajas de todas sus sucursales. Para ello, dispuso la instalación de barreras visuales que impidan a las personas que esperan ser atendidas observar la realización de las transacciones en el sector próximo a las cajas.

Las entidades también deberán poner en marcha sistemas electrónicos para la asignación de turnos. En esa línea, para evitar la acumulación de público, a partir del lunes el límite de entrega de cambio en monedas será de 200 pesos por persona en las entidades radicadas en el Area Metropolitana y de hasta 100 pesos en el interior.

Otra de las normas establece el uso de nuevos sistemas de video digitales con capacidad para registrar y almacenar los rasgos de las personas. También será obligatoria la instalación de cámaras en el exterior del banco para captar la circulación de las personas y los movimientos de carga y descarga de valores. De este modo se busca asegurar la calidad de la grabación de imágenes para la investigación de los delitos.

Las nuevas normativas establecen la carga posterior en todas las posiciones de los cajeros automáticos, en la medida en que no lo impida la construcción con la que esté emplazada cada unidad. Las entidades además deberán disponer de un encargado de seguridad idóneo con al menos cinco años de experiencia en tareas similares.

A diferencia del proyecto de Diputados, el BCRA no adoptó la instalación de inhibidores de celulares en los bancos. El vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, explicó que esa clase de aparatos “no están homologados” por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), por lo que no hay garantías acerca de los efectos que puedan tener en marcapasos o alarmas inalámbricas.

Por otra parte, consideró que la iniciativa que se debate en el Congreso legisla sobre atribuciones que ya tiene la entidad. En ese sentido, manifestó que no cree que “sea necesaria, porque ya lo establece la ley (19.130). Hay medidas que ha establecido el Banco Central o lo puede establecer porque tiene autoridad suficiente”, remarcó. “No podemos depender de lo que apruebe el Congreso porque tenemos obligación de hacerlo por ley”, manifestó el funcionario. Cuando se le preguntó por qué no lo habían hecho hasta ahora, respondió: “Teníamos que estar seguros de que los bancos iban a poder cumplir con estas medidas”.

Los plazos para las reformas serán de 12 meses para los bancos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y grandes ciudades y hasta un año y medio para el resto. El costo de la implementación estará a cargo de las entidades bancarias.