”Estoy seguro de que tiene que haber pedidos de hábeas corpus, tanto en la Justicia federal como de la provincia, sobre la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado”, afirmó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano. En una presentación realizada el 9 de septiembre, Lascano le pidió al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena –en el marco de la “causa de los magistrados” que ambos tramitan para investigar la presunta colaboración de funcionarios judiciales con los represores–, que la Justicia federal reclamara, ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la apertura de los archivos de hábeas corpus que pudieran haber presentado los familiares de las víctimas de la represión ilegal en esa provincia. Esos archivos no se abrieron porque, hasta el momento, “nadie los pidió”, consideró el fiscal, y adelantó que se busca establecer cuál fue el trámite que recibieron los hábeas corpus y quién fue el magistrado que los tramitó.

El ex juez federal Miguel Angel Puga, y los ex fiscales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo figuran como imputados en el expediente conocido como la “causa de los magistrados”, que llegó a manos de Vidal Lascano luego de que los fiscales Graciela López de Filoñuk y Enrique Senestrari se apartaran de la causa. A comienzos de 2008, el fiscal federal pidió todas las causas judiciales archivadas relacionadas con las 31 personas que habían sido asesinadas en la Unidad Penitenciaria 1 del barrio San Martín, acusados de haber infringido la Ley 20840 que la dictadura militar estableció como actividades subversivas.

Del análisis de esas causas, Vidal Lascano concluyó que Puga, Cornejo y Fuad Alí habían cometido delitos de lesa humanidad por no haber investigado las torturas denunciadas por los detenidos. “El juez (Alejandro) Sánchez Freytes consideró que esos delitos estaban prescriptos, porque no fueron considerados delitos de lesa humanidad, pero junto a los querellantes apelamos –reconoció el fiscal—. Miguel Martínez, uno de los querellantes, pidió la nulidad de la resolución del juez porque no había sido notificado del desglose del expediente.” La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la nulidad y devolvió el expediente a Sánchez Freytes para que se pronunciara nuevamente, quien se apartó finalmente de la causa por haber adelantado su opinión. El dictamen quedó en pie y recayó en el juzgado de Daniel Herrera Piedrabuena.

“Junto al juez Herrera Piedrabuena estamos llamando a todos los testigos que están declarando en el juicio a Videla. De estos nuevos testimonios pueden aparecer situaciones que involucren a quienes habían sido deslindados de la ‘causa de los magistrados’”, dijo el fiscal federal, y agregó que cuando los hábeas corpus sean enviados “vamos a analizar qué clase de diligencia judicial les dieron a esos pedidos o si los cajonearon”. “Descuento que el juez va a hacer lugar a nuestro pedido”, concluyó.